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La CMT será el árbitro del negocio audiovisual

sede-de-la-cmt.jpgEs el momento de hablar de las cosas que se prometen y luego quedan dormitando el sueño de los justos. Es el caso del Consejo Superior de Medios Audiovisuales, que pretendía crear el presidente del Gobierno y quedará en agua de borrajas. En adelante, todas las competencias en materia televisiva que inicialmente iban a depender de este nuevo organismo las asumirán la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) en los próximos meses, tal y como tendrá que resignarse José Luis Rodríguez Zapatero ante austeridad presupuestaria que exige la crisis.

En adelante, el organismo regulador de las telecos incrementará sus funciones con unas competencias audiovisuales que hasta el momento estaban huérfanas de arbitraje. La medida no hace pizca de gracia en el organismo que preside Reinaldo Rodríguez, cuya provisionalidad en el cargo desde principios de año es una de las asignaturas pendientes del ejecutivo socialista. El movimiento tampoco sienta bien en las patronales de los operadores de telecos, que perciben a las cadenas de televisión como compañero de viaje demasiado incómodo por el poder de influencia que destilan.

La futura ampliación de las funciones de la CMT no se ha hecho oficial, pero podría no tardar mucho en formalizarse ante la catarsis que la televisión pública vive estos días en España. Por todo ello, la actual Ley Audiovisual deberá reformarse para contemplar la nueva financiación de TVE y todo apunta a que se aprovechará ese trasiego para borrar las referencias que existían al citado consejo Superior de Medios en en la actual Ley Audiovisual.

Además, esta acomodación de los recursos viene a respaldar las tesis del Partido Popular, grupo que aboga desde hace tiempo por incorporar una nueva disposición en la Ley de Telecomunicaciones para disponer de un arbitraje profesional, independiente y oficial en materias tan delicadas como las competencias emanadas de la Ley Audiovisual. El asunto tampoco sería muy original, ya que otros países como el Reino Unido ya gestionan estos cometidos con ejemplar desenvoltura.

El tiempo ha venido a dar la razón a los políticos que entienden el mercado televisivo como un fenómeno en el que intervienen elementos cada vez cercanos al negocio global de las telecomunicaciones que al particular de las televisiones. Los principales operadores de banda ancha ofrecen desde hace años a sus clientes servicios de triple play (telefonía fija, acceso a Internet y televisión digital). Todo se mezcla con todo. Los usuarios consumen la TV de forma muy diferente a como lo hacía hace años, ya que la mayoría de los programas se pueden ver a través de Internet, con servicios a la carta y donde los usuarios pueden interactuar. La TV en el móvil comienza a asomar la cabeza, pese a la desidia del Gobierno por habilitar las frecuencias más óptimas para ese servicio (a través de la tecnología DVBH). La necesidad por regular aspectos que hasta ahora quedan al albedrío de todo tipo de intereses y arbitrariedades adquiere ahora especial vigencia ante el cambio en el modelo de financiación de la televisión pública.

A partir del próximo septiembre, los 600 millones de euros anuales que ingresaba TVE por parte de la explotación publicitaria de sus soportes pasará a mejor vida, y ese importe lo sufragarán los operadores de telecomunicaciones, las cadenas privadas de televisión e, indirectamente, los contribuyentes a través de la desviación del impuesto sobre el espectro radioeléctrica. La recaudación de este último tributo viene a enriquecer hasta la fecha las arcas del fisco, para su posterior distribución en servicios públicos, como hospitales, autovías o colegios. Pero, con el nuevo modelo de financiación de la televisión estatal, el importe obtenido por el impuesto del uso del espectro se destinará única y exclusivamente a la televisión de todos los españoles.

La CMT no cuenta en la actualidad con este tipo de competencias audiovisuales, pero eso se arreglaría con cambios cosméticos en su estructura, quizá con la incorporación de consejeros especializados en asuntos audiovisuales. Existen numerosas funciones que deberían tener un mayor peso institucional en la televisión pública, como la protección de la infancia en la televisión pública, la supervisión en el pluralismo informativo, el respeto a los valores democráticos o el control de la calidad de una televisión que cada vez cuesta más a los contribuyentes.

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