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El embrollo del ‘Estatut’ y el Tribunal Constitucional

Un periódico catalán con buenos contactos en las instituciones madrileñas ha revelado hoy que el dictamen del Tribunal Constitucional sobre los seis recursos de inconstitucionalidad presentados contra el Estatuto de Cataluña –los más relevantes son el del Partido Popular y el del Defensor del Pueblo- está muy avanzado; se habrían resuelto ya más del 80% de las cuestiones polémicas de la sentencia y, al parecer, se están consiguiendo aproximaciones notables entre las dos sensibilidades concurrentes en el tribunal. Tan adelantado está el estudio que sus resultados podrían publicarse en breve… si no se produce en el entretanto la renovación del Tribunal,  que ya debió haberse producido antes del finalizar el pasado año y que obligaría lógicamente a comenzar de nuevo los debates para que pudieran participar en ellos los cinco nuevos magistrados (cuatro elegidos por el Senado en rotación natural y uno en sustitución del fallecido García-Calvo).

Según dicho medio, que con certeza ha tenido acceso a alguna fuente del propio Tribunal, se estaría redactando una sentencia interpretativa que enmarcaría la bilateralidad en la multilateralidad sin eliminarla, de acuerdo con la lectura que hace ya Solbes del Estatut: las negociaciones bilaterales con Cataluña han de convalidarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y que plasmarse en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca). El Tribunal recela además de la obligatoriedad de conocer el catalán en Cataluña, un precepto que amenaza presuntamente a la buena salud del castellano y que rebasa la previsión constitucional al respecto. Y salvaría el término ‘nación’ incluido en el preámbulo, precisamente por estar fuera del articulado dispositivo. En definitiva, parece que esta sentencia, si llegase a promulgarse, respondería a las expectativas que ya se han creado, sin generar un verdadero conflicto y, desde luego, sin forzar la modificación del texto refrendado plebiscitariamente por el pueblo de Cataluña.

Así las cosas, la pelota está ahora en el tejado del Gobierno. En principio, la renovación del Tribunal Constitucional quedó acordada entre Zapatero y Rajoy este verano, por lo que de no haber mediado algún inconveniente sobrevenido,  hubiera debido ser el TC renovado –con clara mayoría progresista- el encargado de sentenciar sobre el Estatut, con el consiguiente retraso. Pero la renovación está bloqueada por la incomprensible obstinación del PP de situar entre los nuevos jueces a Hernando y López, presidente y portavoz salientes del anterior CGPJ, muy ‘contaminados’ en distintos asuntos por las opiniones vertidas por ambos en su trabajo anterior. Así las cosas, el Gobierno puede desbloquear  la renovación, aunque fuera aceptando a los candidatos populares, o mantener su negativa y forzar por tanto una dilación que permita al actual TC concluir su tarea y dejar cerrado este embarazoso asunto. En aquel caso, el nuevo TC dictaría probablemente una sentencia menos restrictiva, aunque con un retraso injustificable.

La solución lógica a este embrollado dilema parece ser la de permitir al actual TC que concluya su trabajo mientras el Gobierno renegocia con el Partido Popular una renovación cabal del Constitucional que trate de huir de la excesiva politización en lugar de abonarla. La parcialidad ideológica de Hernando y López ha sido en el pasado tan llamativa que pretender elevarlos al arbitraje constitucional parece incluso una provocación. Quizá fuera pertinente madurar este asunto y procurar que, en lo posible, se cumpla el mandato de los constituyentes de llevar a las grandes instituciones a los profesionales más prestigiosos en vez de convertirlas en moneda con que pagar los servicios prestados. 

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