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Justicia sin rumbo

Sus señorías se han ofendido. El “caso Mariluz” trae cola, y los jueces de este país han decidido expresar su malestar: han convocado Juntas de Jueces simultáneas a la huelga que asimismo han convocado los secretarios judiciales para el próximo día 21. La razón es manifiesta: el Gobierno se ha entrometido, directamente mediante duras declaraciones y a través de la Fiscalía del Estado, en la depuración de las responsabilidades de aquel terribles asunto: el asesinato de una niña por un pederasta ya condenado que se hallaba sin embargo en libertad por un error judicial. Con la particularidad de que el juez que cometió el dislate, jefe de la Oficina Judicial y responsable último de cuanto sucede en su juzgado, ha sido hasta ahora sancionado por el CGPJ con 1.500 euros en tanto la secretaria judicial que actuaba a sus órdenes ha sido suspendida de empleo y sueldo por dos años por el Ministerio de Justicia.

La indignación del Gobierno ha sido en este caso trasunto de la que ha sentido toda la sociedad al comprobar cómo el corporativismo judicial, la vieja lacra, impedía a la Justicia autorregularse, hasta el punto que algunos nos hemos cuestionado si el vigente sistema de autogobierno judicial tiene sentido y puede mantenerse. La irritación de los jueces no es, pues, pertinente, y esa arrogancia que se trasluce del comunicado del CGPJ en que reivindica su independencia ante las “intromisiones” resulta ser la excusatio non petita de una institución que hasta ahora nos ha llenado de sonrojo por su incapacidad para cumplir cabalmente su papel constitucional.

Al fondo de esta triste historia, gravita aquel asombro de Ortega ante las insesateces de la Justicia: yo no sé una palabra de Derecho pero sí sé, cuando llega el caso, quedarme atónito.

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