Papeles de Westfalia

Pocas veces el premio Cervantes encontró como este año un destinatario tan pertinente: Juan Marsé es sin ninguna duda uno de los mejores prosistas vivos de este país, y su ya abundante obra ha trasmitido una visión genuina del devenir barcelonés, catalán, de la posguerra y de la dictadura más que cualquier otro retrato. Alguna de sus novelas es cumbre de la narrativa española del pasado siglo, y el propio autor representa la integridad de toda una vida dedicada al esfuerzo artístico, a la superación literaria.  Pero estas líneas no versan de literatura sino de política, y es evidente que en el premio otorgado por el Gobierno español a Marsé, un progresista que conoció el exilio  y que mantiene una visión muy crítica de la política actual, hay también elementos ideológicos y políticos.

Porque lo quiera o no el propio galardonado, Marsé es ontológicamente el mejor escritor catalán que escribe en castellano. Esta afirmación evidente ha sido sin embargo cuidadosamente orillada por el propio narrador, quien ha mantenido un proselitismo constante contra la utilización del lenguaje como arma política o como bandera nacionalista (o antinacionalista, que para el caso es lo mismo). “La lengua es sólo un vehículo para contar una historia”, ha dicho reiteradamente, en lo que constituye una verdad a medias. Porque si el axioma es cierto, también lo es que la lengua constituye la materia genital de una cultura, el compendio de la expresividad , la fuente más cabal de la afectividad y de la dialéctica.

En cierta manera –y conviene precisarlo precisamente ahora, con el galardón en caliente- restar importancia al “vehículo”, a la lengua, para dársela a la historia que con ella se cuenta es una tergiversación de la realidad. La lengua es, en muchos casos, el verdadero soporte del estilo, el inseparable esqueleto de la ficción. Y utilizar en Cataluña el catalán o el castellano no es un hecho gratuito que acaezca por azar: representa una opción.

Dicho esto, lo deseable no es desactivar la disyuntiva sino formularla de la manera adecuada. Porque las dos lenguas de Cataluña habrán alcanzado una fecunda convivencia cuando Marsé no sea interrogado sobre la causa de su elección, el castellano en su caso, y cuando ya no haya que debatir inflamadamente si las novelas de autores catalanes en castellano pertenecen o no a la cultura catalana. Como es conocido, los escritores catalanes que escriben en castellano no fueron invitados a la Feria de Franckfort dedicada a la literatura catalana, y aunque hubo críticas aisladas a semejante dislate, la política del Principado, presa en su absurda complacencia nacionalista, no se conmocionó por esta causa. Ni siquiera los catalanistas no nacionalistas consideraron intolerable aquella discriminacaión.

En definitiva, el hecho de que todavía haya que hablar de este asunto porque Marsé es despreciado (sic) por el catalanismo más radical (cuando ha hecho más que nadie para difundir una imagen viva, entrañable y admirable de Cataluña) demuestra a las claras que la lengua no es sólo un vehículo ni un artefacto pasivo ni una herramienta inanimada. Que el sectarismo nacionalista sigue haciendo presa en las zonas más sensibles de la cultura; que queda mucho trecho por recorrer hasta que las lenguas convivan de forma tan pacífica como las personas; hasta que el provincianismo remita y se rescaten y entronicen los grandes valores del internacionalismo y la globalización, que son el futuro.

Si el miércoles la Comisión Europea defraudó muchas expectativas al enunciar un plan de reactivación de la UE que apenas contempla la aplicación del 1% del PIB comunitario, 130.000 millones de euros, toda vez que Alemania se ha cerrado en banda a una implicación mayor, ayer el presidente del Gobierno presentó al Parlamento un plan de reactivación, hoy aprobado por el consejo de ministros, que se limita a destinar asimismo el 1% del PIB español, y con cargo al ejercicio en curso, al mismo perentorio objetivo. 11.000 millones en total, de los que 8.000 van destinados a promover la inversión municipal a cortísimo plazo y el resto a diversas actuaciones, desde  la financiación de un plan integral de apoyo al sector de la automoción hasta la rehabilitación de edificios públicos.

Es obvio que la medida va en la buena dirección ya que el Gobierno ha optado por la inversión directa y no por la rebaja de impuestos, menos eficaz y más difícilmente reversible. Pero el paquete de actuaciones, que se marca el modestísimo objetivo de generar 300.000 puestos de trabajo para parados en 2009, es claramente insuficiente y, desde luego, muy inferior en volumen a lo que las circunstancias requieren y el país puede permitirse.

El anuncio del plan, que otorga a los ayuntamientos unos recursos que duplican su inversión anual, ha sorprendido a la Federación de Municipios y Provincias, y no faltan quienes piensan que ni los ayuntamientos tienen tal capacidad inversora, ni es seguro que esta ingente cantidad de dinero vaya a ser aplicada en actuaciones de verdadera rentabilidad social. Pero aun dando por hecha la eficacia de la medida, el plan gubernamental recuerda aquella práctica pusilánime de dar aspirinas a un moribundo. En realidad, es muy dudoso que este ‘paquete’ tenga un efecto realmente mensurable sobre la recesión y sobre el empleo.

Tras el consenso de Washington, que en realidad ha representado una desautorización de la ortodoxia monetarista y una invitación a aplicar terapias keynesianas de verdadero calado a la crisis, cabía esperar que el Gobierno Zapatero, que además es socialdemócrata y alardea de ello, se atreviera a endeudarse significativamente para promover, además de este plan a corto plazo, otro de mucha mayor envergadura para 2009 que ya incluyera un reforzamiento de la inversión en las grandes obras públicas. Y sin embargo, como hoy recuerda editorialmente un gran periódico catalán, la tendencia es la inversa: el gobierno no está cumpliendo siquiera con sus propios planes de inversión en infraestructuras, ya que la licitación en el ejercicio actual está un 37,70% por debajo de la del año anterior en estas mismas fechas.

Esta misma semana, Economía ha informado de que el déficit público de nuestro país era hasta octubre del 0,79% del PIB, por lo que, con este gasto recién anunciado, llegaremos al final de 2008 con un 2% aproximadamente. Bastante por debajo del límite del 3% marcado por el pacto de Estabilidad sobre el que se erige la moneda única. Y la deuda externa podrá llegar al 40% del PIB, seguirá siendo una de las más bajas de la UE a 27, y permanecerá muy alejada del límite del 60%. Así las cosas, se entiende mal que el Ejecutivo no dé pruebas de mayor audacia. Como también decía ayer otro gran periódico, estas tímidas medidas están muy lejos de ser el gran “arsenal inédito” que se nos anunció para combatir la crisis. 

Existe un cierto consenso en torno a la creencia de que las libertades económicas y las libertades políticas están indudablemente relacionadas. En la última etapa del franquismo, fue patente que la creciente prosperidad basada en una floreciente economía cada vez más abierta arrastraba al régimen hacia su consunción y presagiaba una inminente llegada de la liberalización política. En la China actual, el proceso es semejante y con seguridad imparable: el desarrollo económico que se traduce en bienestar social traerá consigo, antes o después, la demanda irrefrenable de participación política. 

Y es precisamente esta relación la que obliga a reflexionar en esta hora para enclavar nuestra posición y obtener determinadas conclusiones. Porque no hay duda de que el ultraliberalismo económico ha fracasado y estará en cuarentena un largo período de tiempo y, en su lugar, se está instalando un modelo digamos socialdemócrata, basado también en el mercado y en su capacidad de asignación de recursos pero sometido a un estricto control de forma que se haga efectivo el criterio saludable de que la política debe mandar sobre la economía y no al contrario.

Bien pudiera suceder, en fin, cuando menos en teoría, que la moderación de la libertad económica, el establecimiento de reglamentaciones y la imposición de controles a la actividad financiera repercutiesen en forma de una regresión de la idea más depurada y británica de libertad, la que explicita la capacidad de autodeterminación personal y da cuerpo al sutil derecho a la privacidad, a estar solo (‘to be alone’).  Sin duda, los auténticos liberales, los que se sienten atribulados por la malversación que los responsables del sistema financiero han hecho de la mano invisible de Adam Smith en Estados Unidos, denunciarán estos riesgos.

Con todo, no parece que el temor esté justificado. Más bien han sido los ultraliberales neocon los que, aterrorizados por el zarpazo terrorista, han limitado gravemente las libertades civiles, han supeditado claramente la liberad a la seguridad –la “Patriot Act”-, han violado los derechos humanos en Guantánamo y han establecido sobre la superestructura social americana algo muy parecido a un Estado policial. El fin del axioma del Estado mínimo y la recuperación de un equilibrio innovador y positivo que devuelva a la política democrática el ascendiente perdido no sólo no tiene por qué lesionar las libertades sino que muy probablemente contribuirá a producir el retorno de antiguos equilibrios que se desnaturalizaron por el culto al axioma de la espontaneidad. Nuestras democracias requieren, en fin, la existencia de una inteligencia rectora y racional que parta del supuesto de que casi nada es inexorable; que crea en las grandes posibilidades del pueblo y que trabaje por la extensión de una clase media muy mayoritaria que sea la depositaria del principal bienestar y la más activa en la defensa de un modelo de vida culturalmente pleno, democráticamente participativo y en modo alguno resignado a los vaivenes de unos mercados todopoderosos que imponen, por dejación humana, sus propias crisis.

El presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Rouco, conspicuo representante del ala dura de la curia católica, abrió el lunes la asamblea de prelados españoles con una apelación al olvido, a su juicio la mejor receta para cerrar las heridas abiertas por la guerra civil y la dictadura. Si no se siguiese este consejo, la memoria podría a su entender “deteriorar la convivencia” hasta que España cayese nuevamente en las “confrontaciones violentas”.

Más adelante, el discurso de Rouco concluía en la necesidad de “saber olvidar”, lo que constituiría “una auténtica y sana purificación de la memoria”. Obviamente, tales manifestaciones, que irrumpen en la polémica sobre la ley de la Memoria Histórica, significan un rechazo a la norma: paradójicamente, para Rouco la sublimación de la memoria es el olvido.

De entrada, estas consideraciones, que algún malicioso podría tachar de pacifistas y aun de relativistas –el olvido impide evidentemente la justicia-, chocan de plano con la agresividad y beligerancia que los medios de comunicación oficialmente católicos y vinculados a la propia Conferencia han mantenido en los últimos años, con el deliberado objetivo de acentuar las divisiones sociales y de influir políticamente en pro de determinados designios ideológicos.

Pero, además, en estos mensajes se esconde una inocultable hipocresía que no es posible silenciar una vez que quienes la derraman adoptan la actitud de tergiversar la realidad. Porque quienes ahora recomiendan el olvido a los que, con todo el derecho, pretenden otorgar digna sepultura a las víctimas republicanas que fueron fusiladas inicuamente y enterradas en cualquier cuneta, son los mismos que han promovido la canonización de centenares de “mártires” del otro lado, en una exaltación político-religiosa que todavía no ha concluido puesto que están en marcha otros procesos semejantes.

Quienes pensamos que, con independencia de nuestras ideas, es preciso en efecto desmitificar la guerra civil y relegarla a los fríos archivos de la historia, no podemos aceptar esta visión inmoral que consiste en exaltar el heroísmo de uno de los bandos y en recomendar el olvido de quienes militaron en el otro. No estaría mal que, como recomienda hoy un periódico catalán, estos obispos audaces que se sienten dueños absolutos del bien y de la verdad mantuvieran la referencia de aquellos no tan lejanos predecesores suyos como Tarancón y Jubany que sí apostaron sinceramente por la vía de la reconciliación, basándose en la simétrica renuncia a hacer de la memoria un arma arrojadiza. No se trataba entonces de olvidar sino de ejercer la magnanimidad y el perdón con el supremo objetivo de construir un régimen nuevo de libertad y convivencia. Hoy, los sepulcros de aquellos hombres justos deben conmoverse al ver cómo sus epígonos niegan su legado y utilizan incluso su mensaje para postular una memoria selectiva que suba a los unos a los altares en tanto los otros han de ser postergados para siempre en sus fosas comunes.

Semejante actitud no sólo irrita a las personas directamente concernidas por la ley de Memoria de Histórica o interesadas en terminar de cerrar las últimas heridas de la guerra: cualquier ciudadano de bien ha de sentirse airado ante esta pertinacia que recuerda otros insidiosos fanatismos. Porque ni la memoria ni tampoco el olvido pueden legítimamente esgrimirse como arma para desarbolar al adversario.

Montilla ha atravesado esta semana el ecuador de su legislatura, y los medios políticos catalanes han promovido el consecuente balance, que arroja un saldo considerado positivo por la mayoría de los observadores del propio Principado. El sucesor de Maragall, que personifica un cúmulo de paradojas –el ‘charnego’ Montilla está enjaretando atinadamente un discurso institucional que cada vez se parece más al de Jordi Pujol-, ha conseguido estabilizar y dignificar una coalición que contenía elementos muy polémicos, ha sorteado problemas coyunturales de cierta gravedad –desde el caos ferroviario a la descomunal sequía- y, sobre todo, ha logrado encauzar un proceso político que, de la mano de Maragall, se había desorientado entre la estridencia y el radicalismo.

El ‘tripartito’ era en sí mismo una bomba de relojería en potencia, que Montilla ha sabido desactivar. No es irrelevante que ERC, que tenía muchos ingredientes de las formaciones antisistema, se haya civilizado hasta el punto que se estén gestionando apaciblemente en la actualidad las dos grandes asignaturas pendientes que tiene ante sí Cataluña: la nueva fiinanciación y la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la reforma del Estatuto. De entrada, ya se da por descartado que estos asuntos provoquen una anticipación electoral. La financiación podría estar resuelta antes de final de año si se cumplen las previsiones, y existe un consenso tranquilizador sobre la decisión del TC: aunque fuese lesiva para el autonomismo, habrá una respuesta unitaria e institucional del “tripartito” y  de CiU, la gran fuerza opositora, pero nadie romperá la baraja.

Así las cosas y si se confirma el pronóstico de que la sentencia del TC será interpretativa y no representará por tanto una desautorización de la nueva carta catalana,  la normalización del Principado será seguramente una gozosa realidad a corto plazo.  Aunque permanecerán pendientes dos asuntos de indudable calado: el primero, la relación entre CiU y el PSOE, ya que de momento parece incompatible la cooperación entre ambas fuerzas en las instituciones estatales mientras la coalición encabezada por Artur Mas siga en la oposición frente al PSC en Cataluña. El segundo, la dulcificación de la imagen de Cataluña en el resto de España: tras los estragos producidos por el diletantismo provocador de Maragall, urge restablecer los cauces de comunicación obstaculizados por una lectura sesgada de las balanzas fiscales y por un tono demasiado agrio en las reivindicaciones. Además, Cataluña debe liberarse de la imagen de intransigencia un tanto pueril que proyecta su política lingüística, más propia de un irredentismo tercermundista que de una nación sobria que sabe donde está y que no ha de hacer aspavientos para demostrarlo.

La crisis económica no ayuda a esta estabilización, toda vez que la escasez complica todo el sistema de relaciones verticales y horizontales; sin embargo, la evidencia de que este país –España- forma una unidad objetiva que debe afrontar conjunta y solidariamente la adversidad fortalece los vínculos reales y relativiza esas diferencias que ya tienen pleno reconocimiento constitucional pero que en modo alguno diluyen el Estado. Cuando arrecian las inclemencias económicas, se advierten con más claridad el valor de la unidad de mercado, la trascendencia de nuestra pertenencia a Europa y la gradación razonable de nuestras preocupaciones, entre las que el sentimiento de pertenencia juega un papel importante pero no precisamente el de protagonista.

La cumbre de Washington representó el explícito reconocimiento internacional de que, tras el colapso del sistema financiero y el desencadenamiento de una crisis económica globalizada sin precedentes, hay que movilizar a las instituciones económicas y a los sectores públicos de todos los países para  combatir la recesión y estimular la actividad. Los Estados Unidos, por su parte, han habilitado en primer lugar grandes cantidades de recursos para proceder al ‘rescate’ de los bancos dañados y, a continuación, las administraciones de todo el mundo han emprendido actuaciones que serán tanto más eficaces cuanto mejor coordinadas estén unas con otras. Es evidente que estas determinaciones constituyen un serio golpe al neoliberalismo, que se ha estrellado en sus propios excesos neocon, y un retorno al ‘New Deal’ de Roosevelt y Keynes, pero estas sutilezas ideológicas tienen sólo un sentido testimonial en esta hora en que el pragmatismo debe impregnarlo todo para resolver un estricto problema de supervivencia.

De ahí que la Comisión Europea vaya a presentar el miércoles un plan de choque basado en tres ejes: coordinación de las acciones de los Estados miembros, aumento significativo de los recursos del Banco Europeo de Inversiones y modificación de los reglamentos de los fondos de cohesión para agilizar los pagos a los Estados que los reciben. Tras la cumbre de Washington, el FMI recomendó a la UE que destinara a la reactivación el 2% del PIB europeo, pero Alemania, muy pusilánime, se ha mostrado remisa; no acepta que la movilización de recursos supere el 1% del PIB, es decir, unos 130.000 millones de euros, porque no quiere aportar más a las arcas europeas. En cualquier caso, esta inyección es superior en envergadura al presupuesto anual de la UE (110.000 millones de euros). El éxito real del Consejo Europeo dependerá sin embargo de la sintonía que alcancen franceses y alemanes (hoy se reúnen en París Sarkozy y Merkel). Evidentemente, la inyección de recursos al sistema económico puede plantearse de dos maneras: mediante reducciones fiscales y a través de inversiones productivas directas. La mayor parte de los Estados harán ambas cosas a la vez; así por ejemplo, Obama ha anunciado reducciones de impuestos que beneficien a las clases medias y un vasto plan federal de reconstrucción que modernice las vetustas infraestructuras de transporte de su país. Las reducciones fiscales son instantáneas y las inversiones productivas requieren una preparación –confección del proyecto, licitación, etc.- aunque son más eficaces que aquéllas en la reactivación. El jueves, a su regreso de Bruselas, Rodríguez Zapatero anunciará el plan español en el Congreso de los Diputados, que probablemente incluirá actuaciones de las dos clases. 

En los años de bonanza, España ha conseguido, además de superávit público, reducir la deuda al 38% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE y muy alejado del límite del 60% marcado por el pacto de estabilidad. En consecuencia, hay margen para que nuestro país afronte con audacia las consecuencias más terribles del crecimiento negativo, el paro en primer lugar, mediante actuaciones positivas, combinadas con la congelación de los gastos corrientes, aunque ello nos obligue a rebasar el límite marcado del déficit anual, que es del 3% del PIB. Frente a quienes –todavía- apuestan por la ‘austeridad’, es llegado el momento de la inversión rigurosa y abundante. En el bien entendido de que estamos en circunstancias excepcionales que no se superarán sin la debida coordinación entre las grandes economías y contra las que hay que aplicar asimismo acciones psicológicas: el liderazgo de los principales actores es fundamental para que disminuyan la retracción de los consumidores y la prudencia de los empresarios. La irrupción de Obama, que infunde un mensaje de optimismo en la escena mundial, puede contribuir decisivamente a lograr estos objetivos.

En el terreno propiamente español, esta confianza  se alcanzaría mejor si, como piden los agentes sociales, se lograra un pacto político. El consenso facilitaría sin duda la activación de los mercados pero tampoco es indispensable. Entre otras razones, porque la opinión pública sabe perfectamente que el margen de discrecionalidad del Gobierno en la gestión de la crisis es limitado y que las diferencias PP-PSOE en este asunto son más retóricas que reales. 

La muerte violenta de un joven de 18 años a las puertas de una discoteca en Madrid y a manos de los porteros que, como es habitual, se encargan de controlar el acceso a estos centros de ocio ha generado gran indignación, comprensible alarma y una reacción desaforada y desatinada de la autoridad municipal, que es reflejo de la escasa solvencia con que el establishment político de este país gestiona en general los asuntos públicos: cada vez es más patente la impericia de una clase dirigente mediocre y gris, que está casi siempre en esta ocupación por descarte, porque no ha valido para otros menesteres profesionales de mayor enjundia y productividad.

De entrada, es llamativo que en una ciudad relativamente violenta como Madrid, en la que se producen un centenar de homicidios al año, bastantes de ellos de la misma índole que la que suscita este comentario, la reacción súbita, y por lo demás desmesurada, se haya producido cuando la víctima ha sido un muchacho de clase alta y el suceso ha tenido lugar en una de las zonas aristocráticas de la capital del reino. Es muy comprensible que el luctuoso suceso haya producido una reacción social muy doliente e intensa, pero no lo es en absoluto que las instituciones encargadas de la seguridad de los madrileños hayan tenido que experimentar la sacudida de este suceso brutal para adoptar medidas y aplicar cirugías.

En efecto, la alcaldía de Madrid, que en primera instancia no advirtió la gravedad del caso, ha clausurado fulminantemente no sólo la discoteca a cuyas puertas se produjo la muerte de Álvaro Ussía sino otras cuatro más, al tiempo que ha anunciado la inminente promulgación de un reglamento que impondrá normas probablemente imposibles de cumplir a tales establecimientos y a sus porteros. Éstos deberán formarse en escuelas policiales, superar un examen psicotécnico, etc. Probablemente las medidas sean razonables en abstracto; lo absurdo es la concatenación entre el suceso trágico y la reacción exorbitante. Éste no es modo de gobernar. Y el Ayuntamiento madrileño, con Gallardón al frente, se pone así en evidencia, puesto que demuestra su incapacidad para gestionar la realidad con sentido de la anticipación, planificadamente y no por pura reacción a la adversidad. Se ha sabido que las discotecas clausuradas habían infringido infinidad de normas; ¿no habría que reclamar primero responsabilidades por esta situación de indolencia administrativa antes de dictar normas nuevas?

En este país, y desde muy antiguo, la legiferación –o propensión a la diarrea legislativa, tan criticada por nuestros clásicos del Noventayocho- es el subterfugio tradicional de los políticos ineptos para disimular su incapacidad o para camuflar su inoperancia. Y a este vicio procesal se le suma a menudo el de legislar en caliente, lo que nos conduce irremisiblemente al dislate. En nuestro código penal, tan afectado por esta promiscuidad legislativa, ya no hay proporción entre los delitos y las penas, porque todas las faltas nos parecen gravísimas cuando acaban de acaecer. ¿Dónde queda, en todo esto, el sentido del Estado?

El feliz entierro de las grandes utopías ideológicas a finales de los ochenta, cuando tuvo lugar el derrumbe estrepitoso y definitivo del marxismo, abrió paso a un saludable relativismo intelectual, muy creativo, que ha dado sin embargo lugar a la formación de algunos axiomas generales que se han ido afirmando y que, en realidad, adolecen de grave inconsistencia, seguramente porque han faltado convicción, tiempo o energía para estabilizarlos.

El primero de esos axiomas es el de la supremacía de la cultura política occidental, amenazada por un inadmisible multiculturalismo. La democracia inorgánica es objetivamente mejor que cualquier otra forma aristocrática u oligárquica de administración del poder. Éste es un principio que nos rige y que acatamos de buen grado, pero que requiere quizá mayor énfasis que el que actualmente obtiene.

El segundo criterio es el de la globalización virtuosa: es saludable el abatimiento de las fronteras físicas, políticas y comerciales logrado por el desarrollo tecnológico y, sobre todo, por las modernas tecnologías de la información y las comunicación ( las ‘tics’). Es deseable un mercado global de bienes y servicios, que contribuirá al desarrollo asimismo global de la humanidad.

El tercer axioma es el del triunfo incuestionable del liberalismo frente al intervencionismo o el estatalismo. El mercado asigna mejor los recursos que cualquier inteligencia superior y el Estado –y las instituciones en general- ha de desempeñar un papel secundario y subsidiario.

Tales principios enmarcan la construcción europea, por ejemplo. O los esfuerzos desreguladores de la Organización Mundial de Comercio, actualmente embarrancados en la ronda de Doha. O el avance del sistema de relaciones internacionales. Pero, a la hora de la verdad, nadie parece creer verdaderamente en ellos hasta el punto de aplicarlos y defenderlos con una mínima convicción. En cuanto asoma una crisis económica –una disfunción de los supuestamente infalibles mercados-, las haciendas estatales tienen que acudir precipitadamente a apagar fuegos para evitar el caos. Y las reglas de ortodoxia monetarista y presupuestaria saltan por los aires porque hay que regresar a aquellas viejas recetas keynesianas de cebar la bomba de la inversión privada con cargo al déficit público mediante grandes inversiones que animen los mercados y contengan el desempleo.

Igualmente, en cuanto una empresa privada de un país emergente pretende ingresar en una gran empresa occidental de un sector estratégico, saltan todas las alarmas –más intelectuales y políticas que económicas- en lo que no es sino un claro recelo nacionalista que guarda vergonzantes resabios colonialistas: nosotros sí podemos entrar en los sectores estratégicos de los países emergentes pero cuando los flujos de capital van en dirección contraria hay que temer indecentes e inadmisibles injerencias. En el caso de las pretensiones de Lukoil por entrar en el accionariado de Repsol, el Gobierno –socialista- ha puesto objeciones discutibles, pero la derecha nacionalista ha salido como un basilisco a protestar airadamente por la debilidad gubernamental en la defensa de las joyas de la corona económica.  Y todo esto no tiene sentido: o cambiamos los discursos, o somos consecuentes con ellos. No se puede estar todo el tiempo haciendo lo contrario de lo que se dice.

Como todo el mundo sabe porque lo han divulgado con alarde tipográfico todos los medios de comunicación, un muchacho de 18 años ha muerto en Madrid a altas horas de la madrugada y las puertas de una afamada discoteca tras recibir una descomunal paliza de tres porteros/energúmenos. La discoteca está en una de las calles más selectas de la capital y el muchacho, de apellido aristocrático, vivía en una de las barriadas más caras de la ciudad.

La movilización ha sido relevante, sin duda acorde con la gravedad del hecho criminal. Los agresores están en la cárcel, la discoteca ha sido clausurada para siempre y el alcalde de Madrid ha salido a los medios a explicar que el Ayuntamiento no tiene la culpa del desmán. En cualquier caso, serán dictadas de inmediato normas estrictas que regulen la seguridad de los establecimientos de esparcimiento nocturno…

Nada hay que objetar sino al contrario a estas muestras de sensibilidad tras un homicidio inaceptable. Pero no por ello deja de sorprender tanto alboroto en un caso concreto cuando con gran frecuencia mueren muchachos en altercados en las noches madrileñas. Eso sí, siempre hasta ahora en los extrarradios obreros. Como si estuvieran vivos, también hay muertos de primera y de segunda en este país clasista.

El juicio de la crítica es unánime y coincide con la opiniónformal e informal vertida en los medios de comunicación por quienes han visto la obra de arte: la cúpula de la sede de las Naciones Unidas en Ginebra decorada por Miquel Barceló es un prodigio de belleza que corona el estilo inconfundible del eximio mallorquín, uno de los genios vivos de las artes plásticas contemporáneas.  

Los ecos de la inauguración, a la que asistieron el jefe del Estado español y el secretario general de la ONU, han tenido gozosas resonancias en todo el mundo… menos en España, país que, por tradición, destruye cuidadosamente a sus genios antes de ensalzarlos cuando ya están muertos.

Aquí, como es sabido, nos hemos enzarzado absurdamente en varias cuestiones triviales, accesorias y groseras. Por una parte, se ha suscitado la polémica sobre la partida presupuestaria pública que ha servido para sufragar en parte la obra (el grueso del coste ha sido asumida por una fundación nutrida por grandes empresas privadas españolas). Por otra parte, han aparecido censuras a algunas supuestas excentricidades de Barceló durante la ejecución de la obra, lanzadas, como es natural, por burócratas españoles de poca monta, de esos acostumbrados a criticar lo que no entienden. Ortega hablaba de las virtudes magnánimas y de las virtudes pusilánimes, y aquí obviamente estas últimas aplastan casi siempre, y también esta vez, cualquier atisbo de grandeza. Porque hablar de dinero en presencia del asombroso Barceló y junto a esta obra maestra es, además de una ordinariez, no entender nada de arte, ni de democracia, ni de filantropía, que es esa herramienta sutil que sirve para escribir la historia.