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Una cierta cobardía

Quienes no creemos en los derechos colectivos ni participamos del entusiasmo irreflexivo y totalitario que suscita la palabra pueblo en su sentido gregario e inorgánico, pensamos por pura coherencia con nuestras propias ideas que tampoco existen responsabilidades colectivas. Ni en lo jurídico –ya se sabe que sólo las personas físicas pueden ser objeto de una sanción penal- ni tampoco en lo político, ni mucho menos en lo social.

Dicho esto para evitar cualquier equívoco,  parece evidente que sí existen valores y creencias extendidos sobre el cuerpo social que son permeables a los vientos exteriores y que fluctúan según las circunstancias. Y en Euskadi, en concreto, la presión de la violencia durante tantos años ha generado una insensibilidad manifiesta, chirriante en ocasiones, que fácilmente puede ser confundida, con razón o sin ella, con un atisbo de cobardía o de insuficiencia moral. Como si los resortes que producen la rebelión automática frente a la iniquidad, frente a la injusticia, frente a la sinrazón se hubieran oxidado y hubiesen quedado inservibles.

El horrendo asesinato del empresario vasco Ignacio Uría por dos pistoleros etarras en una calle de Azpeitia reúne todos los ingredientes repugnantes que concurren en la anterior reflexión. El móvil del crimen es, supuestamente, la oposición de los iluminados fanáticos a una infraestructura que moderniza decisivamente el País Vasco, en contra del objetivo arcádico y autárquico de los radicales ultranacionalistas. Los aguerridos “gudaris” que son aplaudidos por su heroísmo por los miembros de su propia secta han realizado la proeza de disparar por la nuca a un jubilado de 70 años, desarmado e inerme. La peña de la víctima, formada por los compañeros de solaz que jugaban con él a las cartas en las sobremesas, no interrumpió ese día la partida: la silla de Uría fue ocupada con toda naturalidad por otro contertulio. Y tras conocerse el asesinato el mismo miércoles, y antes de que cristalizaran las reacciones  oficiales, las gentes de Azpeitia salieron espontáneamente a las calles a manifestar su indignación: aquella muchedumbre airada estaba compuesta por nueve manifestantes.

En lo político, Azpeitia está gobernado en minoría por Acción Nacionalista Vasca (ANV), la segunda marca de Batasuna, que no se adhirió a la declaración de condena del atentado y se limitó a presentar una moción en que expresaba su pesar por la muerte del convecino. ANV mantiene la alcaldía porque, tras la ruptura de la tregua etarra, tanto Eusko Alkartasuna como Aralar se han negado a expulsar sistemáticamente de los ayuntamientos a los cómplices de ETA. En esta ocasión, preguntado el portavoz de EA sobre cuál será su actitud a este respecto, el sujeto en cuestión ha respondido indecentemente que su partido tiene que examinar cuidadosamente los programas de unos y otros antes de pronunciarse.

Habría más anécdotas macabras que anotar, más sinrazones que denunciar, más dejaciones morales que resaltar pero ya es bastante la enumeración anterior para obtener conclusiones: si la expulsión de ETA de la vida pública y de los intersticios sociales vascos requiere el rearme moral de la sociedad de Euskadi, parece evidente que este proceso de recuperación de la ética, de acumulación de coraje contra la insidia de los fanáticos, de acopio de valentía para hacer frente al terror y a la muerte no ha concluido ni de lejos todavía. La situación presente es el fruto de una cierta cobardía colectiva. Conviene reflexionar sobre ello. 

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