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Distensión hidráulica

El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha que está siendo tramitado en el Congreso se ha ampliado silenciosamente, mientras PP y PSOE están negociando sotto voce la eliminación del tope inadmisible del 2015 para la clausura del trasvase Tajo-Segura, acordada por los grandes partidos regionales a consecuencia de la crispación suscitada por la guerra de los trasvases. En realidad, ni Rajoy ni Zapatero debieron haber tolerado que sus formaciones castellano manchegas llegaran tan lejos, y en un momento político en que los únicos consensos imaginables eran como éste, de agresión a terceros, pero al menos hay que felicitarse de que cuando ha llegado el momento de la verdad, las dos formaciones hayan entendido que, como mucho, la paralización del trasvase puede enunciarse como un deseo y no como una intolerante e inaceptable imposición. Lástima que la misma cordura no imperase cuando se aprobó el Estatuto de Aragón, que dispone una reserva de agua exorbitante para la región.

Mientras discurren discretamente estas negociaciones, se advierte un creciente deseo generalizado de infundir racionalidad en esta absurda pugna, que ha de desembocar antes o después en un pacto del agua, que otorgue a los técnicos la última palabra: la gestión de las disponibilidades hidráulicas y el recurso a la desalación han de responder a pautas racionales, de forma que se minimicen costos, se proteja todo lo posible el medio ambiente y se aseguren los abastecimientos. Toda el agua es de todos y la política ha de servir para lograr un reparto lo más equitativo, barato y ‘verde’ posible.

La distensión hidráulica habría de ser, en fin, avanzadilla de la estabilización del Estado de las Autonomías tras las reformas estatutarias ya muy avanzadas y que han de quedar del todo concluidas en la actual legislatura. Se trata, al cabo, de recuperar equilibrios perdidos y de introducir sólidas pautas de solidaridad y de cooperación en el sistema de relaciones interterritoriales. Zapatero y Rajoy tienen la obligación de ponerse al frente de este designio. 

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