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Archivo de Diciembre, 2008

ETA divide de nuevo

Mircoles, 17 Diciembre 2008

Gracias a los buenos oficios de Rosa Díez y su partido UPyD, el Partido Popular ha dado visibilidad a una incipiente crisis interna, relacionada con la lucha antiterrorista, que Rajoy debería cortar de cuajo si no quiere verse arrastrado él mismo a las turbulencias de una disolvente guerra fratricida.

Efectivamente, durante la legislatura pasada, la “legislatura de la crispación”, el leitmotiv del Partido Popular fue su batalla contra el “proceso de paz”, en que Rajoy perdió la iniciativa a manos del ala radical de su partido y del vociferante acompañamiento mediático que lo arrastró a posiciones extremistas y excesivas.

No es cuestión de enjuiciar ahora, una vez celebradas las elecciones generales en que la opinión pública ha puesto a cada cual en su lugar, el papel de los diversos actores políticos en el cuatrienio pasado, tan influido por el 11-M, pero sí es notorio que Rajoy tomó en el Congreso de Valencia del pasado junio la decisión de rectificar el rumbo y emprender un camino de moderación mucho más centrado y totalmente desligado de los grupos de presión que lo escoraron peligrosamente durante aquellos años. De hecho, Rajoy ha aceptado explícitamente establecer con la mayoría socialista unos consensos básicos en los grandes asuntos de Estado, la lucha antiterrorista entre ellos.

Así las cosas, es patente que la oposición interna a Rajoy en el Partido Popular está buscando argumentos para arrinconar al líder y evitar que consolide su candidatura a las elecciones generales del 2012, que deberá dirimirse en el Congreso ordinario de 2011. Y por ahora, parece claro que los adversarios del sucesor de Aznar han encontrado el arma de una supuesta pasividad excesiva del líder conservador en este asunto. Esperanza Aguirre, que encabeza mediáticamente al sector crítico del PP, no escatima las sospechas sobre las verdaderas intenciones de Rodríguez Zapatero, quien a su juicio podría estar preparando el terreno para una nueva negociación con ETA. El acercamiento de presos ha sido tomado como argumento, sin ver que esta deferencia hacia los etarras que apuestan por el fin de la violencia no es un gesto hacia ETA sino la mayor lesión que se pueda inferir a los criminales que sostienen la declinante organización.

La propuesta de Rosa Díez para disolver los ayuntamientos gobernados por ANV, que choca con la resistencia expresa de los tribunales, ha puesto de manifiesto esta fisura en el PP. En efecto, en tanto Rajoy trataba de mantener con el PSOE el consenso acordado, su partido ha optado finalmente por presentar unas enmiendas que dan la razón a Díez y que en cierto modo abren grietas en la relación con el Gobierno. Y este estado de cosas suscita lógica preocupación en quienes pensamos que, con independencia de los forcejeos internos en el PP, que incumben a sus protagonistas, convendría preservar esa unidad antiterrorista que tanto daño hace a los violentos y a quienes los sostienen políticamente.

Dicho en otros términos, nada hay que objetar a los representantes de las diferentes sensibilidades populares por la competición que mantienen en pro del liderazgo. Pero deberían escenificar esta lucha con otros argumentos menos delicados, de forma que no padezcan por esta causa los más relevantes intereses generales.

¿Dónde estaba la policía?

Martes, 16 Diciembre 2008

El ‘caso Madoff’, una colosal estafa por el viejo sistema piramidal que alcanza los 50.000 millones de dólares, es el paradigma de los gravísimos desórdenes del sistema financiero que han ocasionado la crisis económica que ha arruinado la mayor parte de nuestras expectativas y ha destruido el esfuerzo acumulado por el trabajo arduo de muchos años. Bernard L. Madoff, un facineroso de guante blanco, ha especulado con la avaricia de los más ricos –de los usuarios privilegiados de la “banca privada” -eufemismo de “banca para potentados”- hasta acumular y convertir en humo una mareante cantidad de recursos. Como el “caso Gescartera” pero a lo grande.

Los orígenes reconocidos de la crisis ya nos alertaron de que sus causantes eran vulgares delincuentes. ¿Cómo hay que llamar si no al banquero que entrega consciente y graciosamente un crédito hipotecario al cliente sin posibles que nunca podrá devolverlo, y se apresura a traspasar esa deuda, convenientemente disimulada, a un tercero, para que a su vez, mediante una escabrosa titulización (que en realidad es una ocultación), la revende, dando origen a una siniestra cadena de latrocinios?

De forma parecida, ahora los bancos que han esparcido la basura del ‘caso Madoff’ a “clientes institucionales” y a grandes fortunas mediante los sofisticados ‘hedge founds’ que utilizan los ricos de toda la vida para evitar impuestos, se lavan las manos con el argumento de que “estamos ante un delito en toda regla y el banco no responde de delitos cometidos por otros”. En otras palabras, el banco es gustosamente cómplice de los delitos ajenos puesto que se lucra de ellos, pero si pillan al maleante, se desentiende por completo de cualquier responsabilidad. Así no funciona la moral de esta sociedad, salvo en los limbos de las altas finanzas: si uno se convierte en intermediario de un ladrón sin preocuparse  del origen de los recursos, corre un serio peligro de que lo confundan con un delincuente y lo lleven ante el juez.

Por resumir, esta crisis no es la consecuencia espontánea de la maduración de un sistema económico envejecido que necesitaba renovación sino el resultado de una secuencia de delitos económicos que han sido tolerados con lenidad por las autoridades políticas, que en el ejercicio del poder ejecutivo han sido incapaces de detectar el escándalo y de ponerle coto cuando aún era tiempo. En definitiva, tiene toda la razón el director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss Kahn, al preguntarse airado “dónde estaba la policía” cuando se estaba cometiendo este gigantesco latrocinio que acaba de estallar.

Este pasado fin de semana, Jordi Sevilla, mejor analista económico que ministro,  publicaba un buen artículo titulado “No es barra libre” en el que venía a decir que esta masiva utilización de recursos públicos para salir en socorro del sistema financiero requiere una corresponsabilización de los banqueros, que han de sentirse obligados a prestar franco apoyo a la economía real. Así es, en efecto, sin perjuicio de que haya que enviar a la policía cuando aparezca algún indicio de delito. 

El PCE se impone en IU

Lunes, 15 Diciembre 2008

Después de los desastrosos resultados de Izquierda Unida en las últimas elecciones –960.000 votos, 3,8% de los emitidos, 300.000 menos que en 2004- que dejaron reducida la representación parlamentaria de a coalición en el Congreso a dos escaños, el de Gaspar Llamazares y el del catalán Joan Herrera de IC, esta formación política que teóricamente representa a la izquierda del PSOE ha elegido como nuevo coordinador general a un comunista, Cayo Lara, que, pese a su fama de moderado, ha urgido en su primera intervención pública a los sindicatos a plantearse una huelga general.

Tras la débacle de la etapa dirigida por Llamazares, a causa evidentemente de la excesiva cercanía de la coalición al PSOE, lo que acentuó el efecto del voto útil, era lógico que los cada vez más exiguos cuadros de esta formación optaran por el endurecimiento de las posiciones y por la elección de un comunista capaz de intentar una resurrección como la que logró en su momento Julio Anguita, aun a costa de instaurar una paradójica “pinza” que terminó favoreciendo objetivamente a la derecha. Sin embargo, Cayo Lara, el nuevo coordinador general de IU, no tiene evidentemente el carisma de Anguita, y es además muy dudoso que la madura sociedad de este país acepte acríticamente la tesis de que es bueno para el pluralismo mantener una fuerza potente a la izquierda del PSOE, que es el representante genuino del centro-izquierda.

Sobre esto último, no es demagógico resaltar con sincera sorpresa que los mismos que postulan la conveniencia de que IU estimule y condicione al PSOE desde posturas rotundas de izquierdas son los que con más énfasis criticarían la existencia de una fuerza a la derecha del PP que radicalizase a este partido. Pero al margen de estas inquietante asimetrías, procede seguramente manifestar el más descarnado escepticismo sobre el recibimiento que encontrará en la opinión pública este retorno del gran anacronismo comunista. 

Conviene recordar que Izquierda Unida fue fundada en 1986 para salir al paso de la irremisible decadencia de los partidos comunistas de Europa Occidental, que ya había dado lugar al edulcorado “eurocomunismo” y que resultó imparable tras la caída del Muro de Berlín en 1989, entierro inapelable del totalitarismo colectivista. El viejo PCE se resistió a renunciar a sus siglas pero las embozó en las de una coalición que le otorgaba renovada imagen. Tanto fue así que tras la retirada de Gerardo Iglesias, el comunista Anguita, aunque sectario y radical, siguió tremolando el estandarte de IU. Llamazares, por su parte, fue consciente de que el marxismo-leninismo ya no era siquiera una reliquia pero no acertó en la conquista de un espacio radical y no utópico, más exigente que complaciente con el socialismo. 

Es muy probable que este espacio no exista verdaderamente, o que quienes se ubican en él no sean lo bastante numerosos para conseguir una representación parlamentaria significativa. Y que nadie pierda su tiempo criticando por antidemocrático a un sistema electoral como el nuestro por el hecho de que casi un millón de votos sólo le proporcione a IU dos diputados: si en lugar de un sistema proporcional corregido tuviéramos aquí un modelo mayoritario como el británico, por ejemplo, ese millón no le reportaría ni un solo parlamentario. Y sería un exceso asegurar por ello que el Reino Unido no es una democracia.

Oportunidad para Euskadi

Domingo, 14 Diciembre 2008

A medida que se espacian en el tiempo los atentados de ETA y desaparece por tanto la sensación de estar en presencia de una tragedia rutinaria, los crímenes adquieren una patológica solemnidad que acrecienta, si cabe, la conmoción de las conciencias.  Y así, el asesinato de Ignacio Uría en Azpeitia a manos de ETA y ante la impasibilidad de Acción Nacionalista Vasca (ANV), que no ha condenado la atrocidad, ha generado una colosal respuesta de la opinión pública, que exige que esta fuerza ilegalizada, marca blanca de Batasuna, abandone el poder allá donde lo detenta. De momento, y según acaba de anunciarse, ANV perderá el ayuntamiento de Azpeitia al haberle retirado su apoyo Eusko Alkartasuna y Aralar, y el Gobierno del Estado busca indicios de colaboración con ETA en los Ayuntamientos en que ANV gobierna con mayoría absoluta para instar  su disolución por la vía del artículo 61 de la ley de Bases de Régimen Local, reformada por última vez en 2003.

En definitiva, la brutalidad de ETA, que ha pretendido justificar este crimen con el argumento ecologista de su oposición a la “Y” del AVE vasco, ha provocado el distanciamiento entre Eusko Alkartasuna y la izquierda abertzale, frustrándose así el intento de la formación fundada por Garaikoetxea de crear una plataforma electoral que agrupara al independentismo no violento con vistas a las elecciones autonómicas de la próxima primavera. Como es conocido, EA ha decidido no formar más alianzas electorales con el Partido Nacionalista Vasco.

Las últimas encuestas –tanto las del Euskobarómetro como las del Ejecutivo Vasco- confirman el desgaste del PNV, ininterrumpidamente en el poder desde la formación de la autonomía, como ya se vio en las últimas elecciones generales del pasado marzo (perdió casi 120.000 votos y se quedó con poco más de 300.000, lo que le reportó un escaño menos en el Congreso de los Diputados), en las que se produjo un ascenso relevante del PSE-PSOE. En estas circunstancias,  dando por supuesto  que la izquierda radical excluida en virtud de la ley de Partidos no conseguirá presentar candidatura alguna, cobra verosimilitud la posibilidad de que el País Vasco cuente al fin con un lehendakari no nacionalista. 

Muchos pensamos que, como ocurría en Cataluña en 2003, la alternancia en Euskadi es un asunto de verdadera salubridad pública ya que un período tan largo de poder en las mismas manos ha tenido que engendrar forzosamente un cúmulo de relaciones clientelares tanto en la política como en la sociedad que desvirtúan el modelo democrático. La separación entre los centros de poder político y los grupos de presión económica y social tan sólo es verdaderamente posible allá donde existe un pluralismo real que genera oscilaciones en la titularidad de los gobiernos cada cierto período de tiempo. Y estas afirmaciones adquieren aún más rotundidad cuando las fuerzas que han monopolizado el poder durante décadas son nacionalistas: el nacionalismo, por definición, tiende a convertirse en “más que un partido”, en una especie de movimiento nacional que trasciende de la simple racionalidad democrática y se convierte en un fenómeno místico y cuasi religioso.

 A los nacionalistas no hay que excluirlos, ni mucho menos que “colgarlos” como quiere Fraga, pero sí hay que confrontarlos vigorosamente con otras opciones. Euskadi tiene ahora una magnífica oportunidad. Ojalá los vascos la aprovechen. 

Vacilante Europa

Viernes, 12 Diciembre 2008

Europa ha llegado al fondo de la gran crisis económica y financiera en estado de grave postración. La paralización del Tratado de Lisboa por el ‘no’ irlandés en el pasado referéndum ha abortado las reformas que debían dar cierta coherencia interna a una inmanejable Unión a Veintisiete que todavía se rige con las pautas anteriores a la gran ampliación.

Finalmente, Irlanda ha aceptado celebrar un nuevo referéndum antes de que transcurra un año pero, por desgracia, se le han hecho una serie de concesiones que lesionan seriamente el proyecto de reforma: de entrada, se mantendrá un comisario por país, lo que supone renunciar a uno de los logros de la cumbre de Niza del 2000 en la que se acordaron los principales avances organizativos (en Lisboa quedó pactado que habría un número de comisarios igual a los dos tercios de los países miembros, es decir ,18 en la actualidad); se pretendió entonces hacer más operativa y dinámica la Comisión y sobre todo poner fin a la impresión de que cada comisario, más que defender los intereses europeos, es el representante nacional de su Estado de procedencia. Además, se ha garantizado a los irlandeses algunos privilegios que amenazan otros aspectos de la integración: no quedará afectada su proverbial neutralidad, ni se le impondrá una armonización fiscal (podrá mantener su reducidísimo impuesto de sociedades, con el que a juicio de muchos realiza competencia desleal a otros países), ni, por supuesto, se le obligará a realizar determinadas reformas en la regulación del aborto que chocarían con sus convicciones ultracatólicas.

Esta desagregación explica la falta de ímpetu con que Europa reacciona ante la crisis, al contrario de lo que ya han conseguido los Estados Unidos a pesar de hallarse en medio de una delicada transición. En esta ocasión, la pusilanimidad llega desde Alemania, país en que los desarbolados socialdemócratas y la remisa cristianodemócrata Merkel han llegado a un completo acuerdo sobre la necesidad de mantener a toda costa la ortodoxia, es decir, de no recurrir al déficit para reactivar la economía. El ministro alemán de Finanzas, el socialdemócrata Peer Steinbrück, ha criticado que otros países “tiren miles de millones” en planes de reactivación económica poco meditados en “un grosero giro al keynesianismo”. Alemania, aislada por la pinza que ante la emergencia económica han establecido Sarkozy y Brown, ha criticado además muy agriamente la decisión británica de reducir el tipo máximo de IVA en el Reino Unido (del 17,5% al 15%), lo que representa un impulso fiscal de unos 17.000 millones de euros en ese país.

En definitiva, los expertos piensan que el plan europeo, que movilizará el 1,5% del PIB de los Veintisiete (unos 200.000 millones de euros, 170.000 por los Estados miembros y unos 30.000 por la Comisión) no resultará suficiente si no cuenta con el ímpetu inversor de Alemania, que sigue siendo obviamente la locomotora de Europa. Podría darse la paradoja de que, puesto que Alemania es el principal exportador de la Unión, fueran sus socios quienes pagaran indirectamente la reactivación alemana.

La manifiesta ruptura del eje franco alemán, sustituido por un acercamiento París-Londres, es en esta ocasión una mala noticia. La locomotora alemana fue pieza clave en la construcción de la actual Unión Europea y en el fuerte desarrollo de las últimas décadas que tanto ha beneficiado a España. De ahí que el autismo alemán en esta hora sea un pésimo presagio para quienes confiamos aún en la capacidad de las instituciones comunes para ponerse al frente de la reactivación.

De mal en peor

Jueves, 11 Diciembre 2008

Mes a mes, las previsiones de los organismos internacionales sobre los efectos de la crisis en nuestro país empeoran. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado, una vez más, su previsión económica para España. El organismo internacional pronostica que la economía se contraerá “por lo menos el 1% en 2009″ a pesar de la bajada del precio del petróleo y el descenso del Euríbor. Sólo hace un mes, en noviembre, el Fondo calculó que esa caída sería del 0,7%. Además, el FMI alerta de que si España no acomete reformas profundas, caerá en un ciclo de bajo crecimiento y de elevado desempleo que aumentará su deuda pública. El FMI habla de un decrecimiento en forma de L, en vez de V, lo que augura un periodo mayor de crisis.

Pero a medida que se ennegrece el panorama no se advierte una intensificación de las respuestas. Más bien diríase que el Gobierno, que arrancó enérgico con medidas e iniciativas cuando los norteamericanos marcaron la pauta de intervenir al rescate de las instituciones de crédito, ha perdido su ímpetu tras haber anunciado la aplicación urgente de un 1% del PIB, que a este paso tendrá el efecto de una gota de agua en el océano. En los Estados Unidos, poco después de que Obama anunciara su gigantesco plan de inversiones en infraestructuras y tecnología con el que crear 2,5 millones de puestos de trabajo hasta el 2011, el premio Nobel progresista Joseph Stiglitz, al frente de una sólida corriente de opinión económica, ha reclamado el doble mediante un estímulo de entre 600.000 y un billón (europeo) de dólares. Paralelamente, se solicita en Washington una revisión del Programa de Ayuda a los Activos Tóxicos, que no ha desembocado en mayor liquidez: una vez distribuida la mitad de los 700.000 millones de dólares aplicados a este fin, las empresas norteamericanas siguen sin tener acceso al crédito, por lo que Obama deberá introducir severas rectificaciones al plan.

Por añadidura, la crisis española tiene singularidades perturbadoras. Jordi Sevilla ha hablado en un artículo notable de “crisis diferencial española”, un concepto acuñado en los setenta por Fuentes Quintana, recordando que aquí  los ciclos son más acusados que en Europa por la peculiaridad de nuestra estructura económica (tienen mayor peso relativo sectores estacionales e intensivos en mano de obra como la agricultura, el turismo y la construcción), que condiciona las necesidades del mercado laboral, hace más difícil la extensión de la I+D+i y nos vuelve muy vulnerables a las variaciones cíclicas de la actividad económica internacional.

Todas estas circunstancias deberían mantenernos movilizados y en tensión. Es preocupante, por ejemplo, que el anteproyecto de Presupuestos para 2009 se haya mantenido intacto desde que se presentó hace ya muchas semanas al parlamento. Quizá fuera preciso incurrir en alguna heterodoxia legislativa para que las cuentas públicas reflejaran siquiera en parte la estrategia de excepción que habrá que adoptar. Y el debate –entre partidos, agentes económicos y sociales, expertos y académicos- debería ser universal y permanente, porque el acierto en la terapia será clave en la conquista del futuro. De un futuro muy turbio que se atisba inquietante entre negros nubarrones.

ANV, fuera de las instituciones

Mircoles, 10 Diciembre 2008

El asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, localidad gobernada en minoría por Acción Nacionalista Vasca, formación que se ha negado a condenar la brutal agresión homicida, ha colmado el vaso de la paciencia de muchos demócratas, que no entienden cómo es posible que una organización  ilegalizada consiga mantenerse al frente de las instituciones municipales en las que consiguió instalarse. Como es conocido, ANV, una ‘marca blanca’ de Batasuna establecida sobre una organización registrada en 1977 y reactivada en abril de 2007 para concurrir a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo siguiente, fue suspendida por tres años por el juez Baltasar Garzón el 8 de febrero de 2008 e ilegalizada y disuelta definitivamente por el Tribunal Supremo el 16 de septiembre. 

Cuando ANV optó por presentarse a las elecciones municipales y forales, fue investigada por heredera y continuadora de Batasuna conforme a la ley de Partidos, pero el 28 de abril el juez Garzón –siempre Garzón en todas las salsas- decidió que no había indicios suficientes para acreditar tal relación. Pese a ello, el PP instó ante el fiscal del Estado la impugnación de todas las listas. Finalmente, la Fiscalía impugnó ante el Supremo 110 candidaturas y la abogacía del Estado 122; el alto Tribunal anuló finalmente 133 listas, en una decisión ratificada por el Tribunal Constitucional. ANV logró presentarse en 97 municipios del País Vasco y Navarra y consiguió unos 95.000 votos. Ganó en 31 municipios y logró gobernar en 42. Entre ellos Azpeitia –donde fue asesinado Uría- y Mondragón, la localidad en que fue asimismo abatido por ETA el ex concejal socialista Isaías Carrasco poco antes de las últimas elecciones generales. El ensayo de presentar ‘mociones éticas’ para descabalgar a los alcaldes de ANV ha dado un resultado sencillamente  lamentable.

Tras el asesinato de Uría, el PP ha instado al Gobierno a que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV por el procedimiento del artículo 61 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reformada consensuadamente por PP y PSOE en 2003, que ya sirvió para disolver el consistorio marbellí. Dicho artículo prevé la disolución de aquellas corporaciones “que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo”. La abogacía del Estado cree que es difícil demostraren este caso la reiteración y gravedad del apoyo a ETA. Por lo que la vicepresidenta Fernández de la Vega ha anunciado la reforma de la ley para posibilitar la disolución de las corporaciones gobernadas por un partido ilegalizado. En esta pugna, PP y PSOE han insinuado una incipiente confrontación que no es coherente con la declarada intención de mantener un consenso estrecho en materia de lucha antiterrorista. Y no debe perderse de vista que mucho más importante que expulsar a ANV de las instituciones es conseguir que no se fracture de nuevo la unidad democrática frente a ETA. Abortado por los terroristas el último y legítimo intento de un ‘final negociado’ de la violencia, ya sólo resta ultimar la batalla actual en que las ideas democráticas y el Estado de Derecho se están imponiendo claramente a los ardides mafiosos de los criminales que, aunque conscientes de que su batalla está perdida, no cejan en su mensaje de muerte y desolación.

Distensión hidráulica

Martes, 9 Diciembre 2008

El plazo de presentación de enmiendas al proyecto de Estatuto de Castilla-La Mancha que está siendo tramitado en el Congreso se ha ampliado silenciosamente, mientras PP y PSOE están negociando sotto voce la eliminación del tope inadmisible del 2015 para la clausura del trasvase Tajo-Segura, acordada por los grandes partidos regionales a consecuencia de la crispación suscitada por la guerra de los trasvases. En realidad, ni Rajoy ni Zapatero debieron haber tolerado que sus formaciones castellano manchegas llegaran tan lejos, y en un momento político en que los únicos consensos imaginables eran como éste, de agresión a terceros, pero al menos hay que felicitarse de que cuando ha llegado el momento de la verdad, las dos formaciones hayan entendido que, como mucho, la paralización del trasvase puede enunciarse como un deseo y no como una intolerante e inaceptable imposición. Lástima que la misma cordura no imperase cuando se aprobó el Estatuto de Aragón, que dispone una reserva de agua exorbitante para la región.

Mientras discurren discretamente estas negociaciones, se advierte un creciente deseo generalizado de infundir racionalidad en esta absurda pugna, que ha de desembocar antes o después en un pacto del agua, que otorgue a los técnicos la última palabra: la gestión de las disponibilidades hidráulicas y el recurso a la desalación han de responder a pautas racionales, de forma que se minimicen costos, se proteja todo lo posible el medio ambiente y se aseguren los abastecimientos. Toda el agua es de todos y la política ha de servir para lograr un reparto lo más equitativo, barato y ‘verde’ posible.

La distensión hidráulica habría de ser, en fin, avanzadilla de la estabilización del Estado de las Autonomías tras las reformas estatutarias ya muy avanzadas y que han de quedar del todo concluidas en la actual legislatura. Se trata, al cabo, de recuperar equilibrios perdidos y de introducir sólidas pautas de solidaridad y de cooperación en el sistema de relaciones interterritoriales. Zapatero y Rajoy tienen la obligación de ponerse al frente de este designio. 

Nacionalismos y Constitución

Lunes, 8 Diciembre 2008

El leitmotiv del trigésimo aniversario de la Constitución de 1978, que acaba de celebrarse con la solemnidad de los números redondos, ha sido la conveniencia o no de reformar una Carta Magna que, aunque admirable y utilísima, acusa el paso de los años en algunos aspectos de menor cuantía.  Al propio tiempo, y como ya comienza a ser habitual, los nacionalismos periféricos, con la sola excepción de Convergència i Unió, no sólo han estado ausentes de las conmemoraciones oficiales sino que, en algunos casos significativos, han aprovechado la coyuntura para desmarcarse explícitamente de la Constitución. El caso de las intolerables expresiones de Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya, es la constatación extrema de lo que quiere decirse.

Así las cosas, la reforma de la Constitución y el acomodo de los nacionalismos a este marco jurídico que los ciudadanos nos hemos dado son asuntos que cada vez están más interconectados. Porque la opinión pública ha comenzado a preguntarse si tiene sentido que se conceda a ciertas minorías radicales, que no tienen interés alguno en la buena salud del Estado, la capacidad de influencia que la Constitución y el generoso sistema electoral que de ella emana les conceden. En la legislatura anterior, 2004-2008, las minorías llegaron a condicionar significativamente las políticas de un Gobierno que había quedado a 12 escaños de la mayoría absoluta; y fue tan negativo aquel influjo que la propia soberanía popular ha rectificado: en las elecciones generales del pasado marzo, tanto el PSOE, que las ganó, como el PP, que ha seguido siendo la principal oposición, han subido su representación en cinco escaños, lo que ha reducido sensiblemente el peso específico de las minorías. ERC, en concreto, ha descendido súbitamente de 8 a 3 escaños en el Congreso.

Dicho en otros términos, la reforma constitucional que se ha manejado hasta ahora, a la espera de que un improbable clima de entendimiento PP-PSOE la haga viable, se limitaba a proponer una actualización de la norma fundamental –la consolidación del Estado autonómico y la reforma del Senado, la mención a la Unión Europea, la reforma de la sucesión a la Corona, etc.-, pero cada vez más se advierte que la reforma que podría resultar a medio plazo indispensable es la que, como hace la ley de d´Hondt en el conjunto del Estado, limite la representación de las minorías en el Parlamento español. No tiene sentido que Izquierda Unida, con más de 900.000 votos, obtenga dos escaños y que CiU, con menos de 800.000, obtenga 10.

Es claro que no todos los nacionalismos son iguales, y que resultaría altamente injusto no destacar el sentido del Estado que ha manifestado casi siempre Convergència i Unió, y que nada tiene que ver con la actitud de otros independentismos radicales. Pero, hecha esta salvedad, resulta evidente que no es sostenible esta conducta de que hacen gala las minorías y que consiste en poner precio material a sus apoyos parlamentarios. Una democracia no es una subasta, y no repugna excluir de la ceremonia política a quienes así lo piensan y obran en consecuencia.

Legislar en caliente

Sbado, 6 Diciembre 2008

Unamuno denostaba ya la “legiferación”, o propensión patológica de nuestro país a producir normas, partiendo de la creencia equivocada de que todos los problemas de cualquier índole tienen solución legislativa. El vicio no ha cesado en absoluto sino al contrario, y cada vez que aparece una disfunción social grave, un delito particularmente odioso, una sinrazón política de cualquier naturaleza, surge la propuesta de una reforma legislativa, o de una ley nueva.

Esta costumbre de legislar “en caliente” es extraordinariamente lesiva para la coherencia interna del aparato jurídico que enmarca nuestro sistema de organización política y social. Así por ejemplo, son muchos los juristas que denuncian la utilización abusiva del código penal para reprimir actos antisociales, de forma que, además de haber establecido demasiadas barreras a la libertad personal –innumerables infracciones menores son ya delito-, hemos perdido cualquier atisbo de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Las consecuencias desastrosas de esta sinrazón están bien a la vista: una mujer ha sido condenada a prisión  por haber dado un bofetón a su hijo, un hincha futbolístico a más de tres años de prisión por ‘atentado a la autoridad’ y numerosos infractores de la normativa de tráfico se han convertido asimismo en delincuentes. El celo represor es tan grande que ciertos delitos no particularmente reprobables reciben sanciones más graves que el homicidio, por poner un ejemplo bien inteligible.

Esta tendencia claramente reaccionaria –conviene insistir en el adjetivo- se está extendiendo aceleradamente al terreno político. Tras el brutal asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, localidad vasca gobernada en minoría por Acción Nacionalista Vasca, el Gobierno ha anunciado, a presiones del Partido Popular, que reformará la Ley de Bases de Régimen Local para impedir que miembros de partidos ilegalizados presidan ayuntamientos, lo que sucede actualmente en 42 municipios de Navarra y Euskadi.

En efecto, la actual redacción del artículo 61 de la mencionada ley, que fue utilizado para disolver la corporación municipal de Marbella, permite también la adopción de tal medida extrema cuando los gobiernos municipales “den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. La abogacía del Estado, requerida  hace unos meses, dejó bien claro que la disolución no tendría cobertura legal si el apoyo al terrorismo de las corporaciones no fuese “reiterado o grave”. Y ello explica que el Gobierno se disponga ahora a la reforma de la norma.

La experiencia de medio siglo de lucha antiterrorista, en que se han probado todas las opciones jurídicas y políticas, demuestra que no hay atajos en esta batalla. Ni atajos heterodoxos ni tampoco legales. Bien está que se ejerza presión sobre los fanáticos que sostienen a ETA al mismo tiempo que se lucha encarnizadamente contra los pistoleros, pero téngase en cuenta que la estridencia reformista que desatenta los equilibrios internos del sistema no es la buena vía hacia la racionalidad y el fin de la sinrazón.