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Entre la irritación y la desafección

Es posible que la clase política esté tan enfrascada en lo cotidiano que sea incapaz de ver con cierta perspectiva el panorama, que resulta francamente desolador. Porque mientras los presagios más frecuentes nos anuncian que el año próximo podemos alcanzar los cinco millones de parados, las instituciones de este país están siendo desacreditadas por sus titulares.

El caso del espionaje en la Comunidad de Madrid, un asunto que hiede y que se entrecruza con la lucha por el poder interno –político y también económico: Caja Madrid está al fondo-, ha recibido el carpetazo descarado y provocador de la formación gobernante, que parece creer que la posesión de la mayoría parlamentaria absoluta es una patente de corso que otorga impunidad. La simultánea aparición de nombres relevantes de las instituciones autonómicas en el “caso Gürtel”, con destituciones y dimisiones incluidas, y el dudoso currículo de algún consejero en activo, enmarañan todavía más este asunto, que requiere a todas luces el imperativo puñetazo sobre la mesa de Rajoy si el líder del PP quiere librarse de toda contaminación.

La trama de corrupción organizada por Francisco Correa ya se ha cobrado cabezas relevantes y nos depara a diario sorpresas inefables: la última de ellas (por ahora), el regalo de un Jaguar por el corruptor al corrompido, en este caso el alcalde de Pozuelo de Alarcón, selecto municipio residencial de Madrid. Pero este turbio asunto, con su delicada secuela valenciana, ha servido también para mostrar asombrosas grietas en el aparato judicial que ha tenido el arrojo de sacar a la luz la basura: Garzón, el juez estrella por antonomasia, podría haberse saltado varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial durante su última excedencia, en que simultaneó su salario oficial con una elevada remuneración de la Universidad de Nueva York. Pero la capacidad de sorprender de nuestro prócer no tiene límites: hoy se ha informado de que Garzón es cliente de un sastre colombiano que fabrica trajes a prueba de balas a dos mil dólares la pieza. La información incluye una fotografía del juez con el sastre en cuestión.

Pero el “caso Gürtel” acaba de entrar en otro pantano: la inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano al aparecer aforados -el presidente Camps entre ellos- en la trama, destapa otro conflicto: la íntima amistad entre Camps y el presidente del referido tribunal. Si no se produce una rápida abstención del magistrado en este asunto, nuevas sombras de sospecha se abatirán sobre el proceso, por acrisolada que sea la honradez del juez.

Y otra noticia desoladora termina de componer el cuadro con que se desayuna la opinión pública: la inmensa mayoría de los parlamentarios españoles compatibiliza su actividad pública con otro trabajo privado. El caso del abogado Michavilla, asesor de causas dudosas, no es, pues, una excepción.

El conjunto de todos estos episodios cuando el país está experimentando la mayor crisis económica de la etapa democrática y cientos de miles de ciudadanos están padeciendo un auténtico drama personal, amenazados de perder la vivienda o de no disponer de recursos suficientes para la manutención de sus hijos, ha de causar por fuerza honda irritación. Que redundará en desafección hacia el régimen, en abstención, en decepción. No es posible que quienes deberían tomar las riendas del Estado no se percaten de lo que ocurre. 

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