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La política no es una subasta

Se extiende la idea, con más o menos fuerza, de que la política democrática española está decayendo cualitativamente y de forma particularmente acusada durante los últimos años. Desde los atentados del 11-M de 2004, el espacio público se ha vuelto un hervidero desordenado en el que faltan liderazgos –ni Zapatero es González ni Rajoy es Aznar- y cunde una desconcertante y creciente confusión ideológica. La crisis económica, aunque convenientemente afrontada por el Gobierno con indudables reflejos y en línea con las grandes potencias, parece estar sacando lo peor de nosotros, de forma que el problema colectivo –puesto de manifiesto en forma de insoportable desempleo- sirve como arma arrojadiza que se tiran a la cara los partidos. Y en lugar de prosperar la idea de que la excepcionalidad de la situación aconseja un gran pacto de Estado, circula con profusión la amenaza de una moción de censura al Gobierno que, aunque políticamente imposible –no le salen las cuentas al PP haga lo que haga-, tendría una función de desgaste que debilitaría al Ejecutivo. E irritaría también a la sociedad civil, que ya  no sabe como exigir a sus representantes que se centren en el problema principal, la recesión.

En este mal ambiente de sorda irritación y grave impotencia colectiva, el espectáculo contradictorio que depara la política general es indecoroso, por no utilizar adjetivos más desestabilizadores. Así, el PP estatal realiza una oposición durísima contra el Gobierno socialista en Madrid, pero ambas formaciones confluyen amicalmente y con gran sintonía recíproca en Euskadi, donde se disponen a compartir fraternalmente el poder y a practicar políticas de desmontaje del hegemonismo nacionalista y de las viejas tramas clientelares forjadas por el PNV. 

El PSOE, por su parte, es la fuerza principal del “tripartito” catalán, junto al independentismo radical de ERC y a la versión catalana de Izquierda Unida. Para el gobierno de la Generalitat, el PP, que reclama una política lingüística prácticamente idéntica a la que ahora se va a poner en práctica en Euskadi con la plena complicidad socialista, es simplemente la caverna.

En definitiva, los partidos demuestran una intercambiabilidad chocante, una capacidad increíble para pactar al mismo tiempo con un partido y con su antagonista ideológico. En el caso del PSOE, esta volubilidad acabará siendo insoportable en cuanto cuaje la nueva fórmula de gobernabilidad que se perfila en el País Vasco. No se puede desembarcar impunemente en una comunidad autónoma para reducir y revertir los excesos practicados por el nacionalismo durante décadas mientras se están cometiendo excesos parecidos en otra comunidad autónoma. No es en fin razonable declarar la libertad de elección de lengua en el sistema educativo vasco mientras se mantiene invariable la inmersión lingüística obligatoria en catalán en Cataluña.

En los sistemas de representación proporcional como el español, las mayorías absolutas son raras y las coaliciones y los pactos de gobierno se vuelven inevitables y deseables. Pero es obvio que no todo vale: en las políticas de alianzas ha de haber una cierta lógica, una coherencia interna,  una mínima concesión al sentido común, un criterio que pueda ser entendido por la ciudadanía. La política no es una subasta en que gana el mejor postor. Hay pujas a las que los partidos no pueden concurrir. Hay principios a los que no deberían renunciar. Por más que decirlo sea como predicar en el desierto.

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