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Archivo de Marzo, 2009

Entre Krugman y Bernanke

Martes, 17 Marzo 2009

Los análisis sobre la evolución de la gran crisis global que padecemos son diversos. Para Krugman, último premio Nobel de Economía, las perspectivas son “aterradoras” y la recuperación puede tardar varios años. Para Bernanke, presidente de la Reserva Federal y economista de prestigio, estamos tocando fondo y  antes de que concluya el año veremos los primeros síntomas de la recuperación. 

Si tomamos en cuenta que la capacidad de predicción de los economistas es prácticamente nula, como lo prueba el hecho de que todos ellos, sin excepción, negaban la posibilidad de que Occidente entrara en recesión apenas seis meses antes del colapso, habrá que llegar a la conclusión de que tampoco son fiables estas previsiones. Y, sin embargo, puesto que en la evolución de los acontecimientos influirá grandemente el factor psicológico –la reactivación del consumo depende sobre todo de que los ciudadanos empiecen a perder el miedo-, parece más razonable y éticamente decente la postura de Bernanke que la de Krugman. Aquél contribuye objetivamente a encontrar una solución; éste opta por el dilettantismo y por el lucimiento que siempre proporcionan los mensajes apocalípticos. 

Ojalá que, a la postre, sea Bernanke quien acierte.

Deflación

Lunes, 16 Marzo 2009

La tesis de Krugman no es descabellada: dado que nuestro país, que a la crisis general suma el estallido de la burbuja inmobiliaria, no puede devaluar su moneda, no tendrá más remedio que realizar el ajuste vía precios. Es decir, los sectores más recalentados como el de la construcción deberán experimentar su propio proceso de deflación hasta recuperar el equilibrio perdido entre oferta y demanda.

De hecho, ya está sucediendo tal cosa, aunque con más lentitud de la necesaria. Los propietarios de inmuebles –promotores o especuladores- habrán de llegar antes o después a la convicción de que el valor de sus propiedades es más de un 30% inferior a su precio. Sólo así el mercado se activará, se consumirá el stock de viviendas vacías –entre un millón y un millón y medio- y la industria de la construcción podrá salir de su impasse, aunque ni alcanzará la envergadura anterior –no se necesitan 750.000 viviendas al año- ni los márgenes de beneficios volverán a ser los que eran.

Muy probablemente, no habrá deflación general en España si no la hay en Europa, salvo en este concreto sector económico. Pero éste sí ha de convencerse de que cuanto antes se desplomen los precios, antes se producirá la recuperación. 

Contra la corrupción

Domingo, 15 Marzo 2009

Los últimos escándalos de corrupción –ahora está en candelero el PP, pero también los restantes partidos tienen de qué avergonzarse- han generado un vaho maloliente que envuelve a la política española. La opinión pública está convencida, y con toda la razón, que en la clase dominante de este país se ha instalado un clima de dejación moral que la ha contaminado, de forma que en buena parte de las instituciones se ha producido una confusión pecaminosa del interés público con el lucro privado al amparo del boom inmobiliario. Al propio tiempo, se han relajado los principios, de forma que los criterios de incompatibilidad han dejado de aplicarse. De hecho, informaciones recientes dan cuenta de que cerca del 90 por ciento de los diputados del Congreso complementan su salario público con el derivado de ocupaciones privadas. Los asesoramientos del bufete en que trabaja el ex ministro y diputado Michavila, por ejemplo, han salido a la luz con ocasión de los últimos episodios judiciales del “caso Gürtel”.

Es claro que en la actual coyuntura, con varios escándalos abiertos, los partidos tienen la obligación de actuar con rigor ejemplarizante, sancionando y excluyendo a los corruptos, facilitando a los jueces su labor y estableciendo medidas de control interno que aseguren la transparencia. Pero más allá de este celo circunstancial, parece claro que el régimen debe depurarse. Y dada la debilidad humana ante la tentación, no tiene sentido adoptar medidas voluntaristas: hay que extremar los controles para reducir todo lo posible las ocasiones de delinquir de los servidores públicos.

Las medidas que hay que adoptar son claras: en el terreno parlamentario, hay que dar todo su vigor a la ley electoral que dispone claramente que diputados y senadores ejercerán sus cargos en régimen de dedicación exclusiva. De hecho, son tantas las excepciones que este principio se convierte en papel mojado. Y la declaración de bienes y actividades que preceptivamente deben realizar y mantener actualizada todos los diputados y senadores no cumple el fin previsto: ni se sanciona a quienes faltan a la verdad, ni se controla la veracidad de las declaraciones. En los ámbitos autonómico y municipal, tales declaraciones de bienes y actividades deben generalizarse y ser plenamente accesibles. Y los propios partidos han de ser los principales interesados en el control de sus cuadros. 

Pero sobre todo, los líderes políticos deben hacer un gran esfuerzo pedagógico poniéndose al frente de esta batalla contra la corrupción. Estamos asistiendo a homenajes tumultuosos a políticos procesados por corrupción, a manifestaciones ciudadanas de respaldo a alcaldes y concejales que han cometido cohecho, a ataques inclementes a jueces que tratan de perseguir estos delitos. Es claro que los mensajes que se lanzan de este modo no van en la dirección adecuada. Porque aunque haya explotación política de la corrupción  ajena o jueces con manifiesto afán de notoriedad que no son todo lo pulcros que debieran en sus actuaciones, lo realmente grave es la corrupción en sí y no sus circunstancias colaterales.

En otras viejas democracias, que han tenido asimismo problemas de corrupción política, de tráfico de influencias, de uso fraudulento de información privilegiada, etc., se han adoptado medidas eficaces. Los lobbies norteamericanos, por ejemplo, han sido un hallazgo para la transparencia parlamentaria. Deberíamos copiar lo bueno de estos modelos y cambiar de actitud. De otro modo, estaremos expuestos a que la ciudadanía dé la espalda a la política

Endesa: la primera en la frente

Viernes, 13 Marzo 2009

El principio liberal de libre circulación de capitales sobre el que se asienta la Unión Europea hace obligado que no se impongan barreras a la internacionalización de las grandes empresas. En abstracto, la compra de Endesa por la italiana Enel no es, pues, objetable. Sin embargo, los críticos de esta operación acaban de cargarse de razón al producirse una decisión muy relevante y negativa para España: a pocas fechas de la toma de control de Endesa por Enel, la matriz ha decidido el recorte en un 45% de las inversiones previstas por aquella compañía en el próximo cuatrienio. Si aquí teníamos problemas de suficiencia energética y de calidad en la prestación del servicio eléctrico, es claro que, lejos de resolver esos déficit, vamos a agravarlos.

Con toda evidencia, hemos pecado de ingenuidad y de quijotismo. El primer objetivo de un Estado es preservar los grandes servicios públicos y el abastecimiento de los ciudadanos. Y mientras Francia e Italia mantienen la propiedad pública de la producción eléctrica, nosotros nos hemos desarmado a la ligera. La venta está cerrada pero nada debería impedir una reacción airada a la medida, que incluso podría llegar a la amenaza de renacionalización de Endesa.

Entre la irritación y la desafección

Jueves, 12 Marzo 2009

Es posible que la clase política esté tan enfrascada en lo cotidiano que sea incapaz de ver con cierta perspectiva el panorama, que resulta francamente desolador. Porque mientras los presagios más frecuentes nos anuncian que el año próximo podemos alcanzar los cinco millones de parados, las instituciones de este país están siendo desacreditadas por sus titulares.

El caso del espionaje en la Comunidad de Madrid, un asunto que hiede y que se entrecruza con la lucha por el poder interno –político y también económico: Caja Madrid está al fondo-, ha recibido el carpetazo descarado y provocador de la formación gobernante, que parece creer que la posesión de la mayoría parlamentaria absoluta es una patente de corso que otorga impunidad. La simultánea aparición de nombres relevantes de las instituciones autonómicas en el “caso Gürtel”, con destituciones y dimisiones incluidas, y el dudoso currículo de algún consejero en activo, enmarañan todavía más este asunto, que requiere a todas luces el imperativo puñetazo sobre la mesa de Rajoy si el líder del PP quiere librarse de toda contaminación.

La trama de corrupción organizada por Francisco Correa ya se ha cobrado cabezas relevantes y nos depara a diario sorpresas inefables: la última de ellas (por ahora), el regalo de un Jaguar por el corruptor al corrompido, en este caso el alcalde de Pozuelo de Alarcón, selecto municipio residencial de Madrid. Pero este turbio asunto, con su delicada secuela valenciana, ha servido también para mostrar asombrosas grietas en el aparato judicial que ha tenido el arrojo de sacar a la luz la basura: Garzón, el juez estrella por antonomasia, podría haberse saltado varios preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial durante su última excedencia, en que simultaneó su salario oficial con una elevada remuneración de la Universidad de Nueva York. Pero la capacidad de sorprender de nuestro prócer no tiene límites: hoy se ha informado de que Garzón es cliente de un sastre colombiano que fabrica trajes a prueba de balas a dos mil dólares la pieza. La información incluye una fotografía del juez con el sastre en cuestión.

Pero el “caso Gürtel” acaba de entrar en otro pantano: la inhibición de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano al aparecer aforados -el presidente Camps entre ellos- en la trama, destapa otro conflicto: la íntima amistad entre Camps y el presidente del referido tribunal. Si no se produce una rápida abstención del magistrado en este asunto, nuevas sombras de sospecha se abatirán sobre el proceso, por acrisolada que sea la honradez del juez.

Y otra noticia desoladora termina de componer el cuadro con que se desayuna la opinión pública: la inmensa mayoría de los parlamentarios españoles compatibiliza su actividad pública con otro trabajo privado. El caso del abogado Michavilla, asesor de causas dudosas, no es, pues, una excepción.

El conjunto de todos estos episodios cuando el país está experimentando la mayor crisis económica de la etapa democrática y cientos de miles de ciudadanos están padeciendo un auténtico drama personal, amenazados de perder la vivienda o de no disponer de recursos suficientes para la manutención de sus hijos, ha de causar por fuerza honda irritación. Que redundará en desafección hacia el régimen, en abstención, en decepción. No es posible que quienes deberían tomar las riendas del Estado no se percaten de lo que ocurre. 

El PNV a la oposición

Mircoles, 11 Marzo 2009

En las últimas horas se ha conocido que Jesús Eguiguren, presidente del PSE-PSOE, estaría trabajando en pro de un gobierno transversal PSE-PNV con Patxi López como lehendakari. Esta fórmula facilitaría las cosas a Zapatero, ya que le proporcionaría el apoyo parlamentario del PNV en el Congreso (los seis diputados vascos, que, sumados a los 169 del PSOE, darían plena estabilidad al Gobierno). Sin embargo, es muy dudoso que tal coalición respondiera a la voluntad de cambio que López dice haber percibido en la sociedad vasca, que, por primera vez ha alumbrado una mayoría no nacionalista en la Cámara de Vitoria. 

En efecto, lo que está en juego en Euskadi no es sólo un equilibrio político sino una reorganización del poder y un saneamiento de las dinámicas sociales. En treinta años, el PNV ha construido una trama de intereses y clientelas que desfigura la neutralidad institucional y genera reductos de votos cautivos que distorsionan la propia democracia. Tanto tiempo en el poder ha hecho posible el surgimiento de inercias viciadas y de hábitos objetivamente corruptos que es preciso desterrar. 

Todo ello se hace especialmente evidente en dos ámbitos significativos: la policía y la televisión vascas. En la Ertzaintza, un cuerpo policial formado por cerca de 8.000 agentes, todos los cargos relevantes –más de quinientos- son de confianza y, por lo tanto, de libre designación. Es claro que un cambio de mayoría política, capaz de generar una colaboración más estrecha entre la policía vasca y las policías estatales –sobre todo en materia de lucha antiterrorista-, representaría significativos relevos, e incluso podría dar lugar a un sistema de nombramientos y ascensos mediante criterios objetivos, como parece deseable.

La Radio Televisión Pública Vasca –la ETB- es en la actualidad un organismo estrechamente vinculado al PNV (en descargo de los nacionalistas vascos, hay que reconocer que esta parcialidad, que llega con frecuencia al sectarismo, es general y ocurre en prácticamente todas las televisiones autonómicas del Estado).  Quien ocupó la dirección general de este organismo hasta 2008, Andoni Ortúzar, abandonó el cargo para presidir el PNV en Vizcaya y convertirse en número dos del actual presidente del EBB, Urkullu. La ETB ha sido el gran aparato de propaganda de los planes soberanistas de Ibarretxe, sin contradicción posible en sus cadenas de radio y televisión. Los cambios resultarán también en este caso oxigenantes.

En esta hipótesis de pérdida del poder autonómico, el PNV conservará de momento las diputaciones (que gobierna pese a ser segunda o tercera fuerza provincial gracias a los desacuerdos de los demás partidos), que gestionan las poderosas Haciendas Forales. Pero sin mayoría suficiente para controlar las cajas (la alavesa, la Vital, ya tiene como presidente al socialista Gregorio Rojo, y en las otras dos,  la mayoría es tan ajustada que no fue posible aprobar la fusión entre la BBK y la Kutxa). Previsiblemente, además, el cambio de equipo en Ajuria Enea supondría el relevo al frente de las diversas empresas públicas vascas, verdaderos feudos nacionalistas.

El ‘cambio’ en Euskadi, si llega a producirse, habría de llevarse a cabo con sana intención pedagógica: no debería representar la vuelta de la tortilla sino la normalización democrática, que ha de procurar avances en la neutralidad administrativa, de forma que la alternancia sea cada vez menos una sacudida social. La madurez democrática se demuestra precisamente en que los cambios de mayoría no provocan grandes terremotos. Entre otras razones, porque el poder no se entiende como ocupación sino como servicio. Hemos de avanzar en esta dirección, también en el opaco terreno autonómico. 

Bajeza moral

Martes, 10 Marzo 2009

El PNV está dando muestras de escasa sensibilidad democrática ante la expectativa de perder el poder autonómico. Primero, ha criticado la Ley de Partidos, que a su juicio distorsiona la representación en el País Vasco; insinúa así que, de haberse presentado la izquierda abertzale radical a las elecciones, aceptaría sus votos para mantenerse en Ajuria Enea (no sería la primera vez). Después, ha insinuado la ilegitimidad de un gobierno socialista aupado por los populares, y ha llegado a hablar de “golpe institucional”, concepto que no está evidentemente muy alejado del de “golpe de Estado”. Finalmente, ha lanzado la maliciosa especie de que el PSE-PSOE estaría dialogando con la ilegalizada Batasuna, quién sabe si para intentar una negociación con ETA, para dificultar el apoyo de los populares a Patxi López.

Bajeza moral es la expresión que mejor describe esta resistencia ante el desalojo del “movimiento nacional” vasco que ha tejido redes clientelares muy sólidas durante treinta años de hegemonía.  Es comprensible que el PNV se duela del mal trago, pero sólo quien abrace convicciones autoritarias podrá estar dispuesto a impedir por todos los medios que se consume un cambio que los ciudadanos han posibilitado claramente en las urnas.

PP y PSOE se necesitan

Lunes, 9 Marzo 2009

El proceso sin duda más reconfortante que afecta la política española en los últimos años es la progresiva contracción del nacionalismo periférico, especialmente de sus manifestaciones más radicales. La ciudadanía de este país, que ha demostrado gran sabiduría y una poderosa intuición en los treinta años de recorrido democrático, ha ido percatándose seguramente de que la dispersión de voto y su atribución a fuerzas excéntricas que ponen en duda los fundamentos del sistema comenzaba a debilitar el régimen constitucional, que goza del aprecio y satisface plenamente a la inmensa mayoría de los españoles.

Enric Juliana acaba de publicar en la prensa de Cataluña un análisis en el que constata que ésta es también la opinión de los más reputados sociólogos políticos, como José Juan Toharia o Juan Ignacio Wert. Y los datos son reveladores: en las pasadas elecciones generales de las que ayer precisamente se cumplía un año, todas las formaciones periféricas perdieron votos; la débacle fue particularmente estrepitosa para ERC, que redujo su clientela a menos de la mitad y pasó de 8 escaños a 3 en el Congreso, así como para el PNV, que vio cómo se esfumaban 120.000 votos de su cantera y perdió las elecciones en las tres provincias vascas, en las tres capitales y en la mayoría de las grandes localidades.

En las elecciones del 1 de marzo, las fuerzas del ‘tripartito’ vasco perdieron 62.000 votos y la mayoría absoluta de escaños, y ni siquiera podrían ya formar gobierno con Aralar, que recogió buena parte del voto ‘abertzale’. Gracias a ello, el PSOE podrá gobernar en Euskadi con el apoyo del PP.

Sin embargo, el adelgazamiento de los nacionalismos crea dificultades al partido político que Gobierna en el Estado con mayoría relativa (las mayorías absolutas son la excepción y no la regla en este país, a causa del sistema electoral proporcional). El pacto vasco PP-PSOE genera en este sentido inestabilidad en el Parlamento español, ya que el PSOE perderá la posibilidad de apoyarse en el PNV. Así las cosas, el grupo socialista no tendrá más remedio que recurrir a las minorías irrelevantes de la Cámara para sacar adelante sus iniciativas. Pero si cundiese cierta magnanimidad en los grandes partidos, este obstáculo podría salvarse fácilmente. De hecho, resultaría difícil de entender que el PP no facilitase la estabilidad cuando de lo que se trata en esta coyuntura excepcional es de combatir la crisis económica, objetivo primordial y casi único de esta legislatura. Algunos portavoces socialistas ya han requerido a Rajoy para que preste apoyo al Gobierno en este designio.

Si el PP y el PSOE, que son capaces de favorecer el cambio en Euskadi, no acertaran a entenderse en la lucha contra la crisis, mandarían a la opinión pública un mensaje equivocado: el de que las minorías nacionalistas no sólo no entorpecen el proceso político sino que son necesarias para garantizar la gobernabilidad. En cambio, si los dos grandes partidos demuestran que pueden cumplir sus respectivos roles sin desestabilizar ni paralizar el devenir político, es muy probable que consigan incrementar sus clientelas periféricas, en perjuicio de las anticuadas opciones particularistas que persiguen intereses locales por el procedimiento de introducir cuñas en los engranajes del Estado.

El giro al centro del PP facilita grandemente las cosas porque restablece una plausible simetría parlamentaria que hace posibles la cooperación y el diálogo. No habría que demorar, pues, la extrapolación del pacto PP-PSOE en Euskadi a un gran acuerdo de Estado en Madrid. El drama social de la crisis exige este esfuerzo.

La estabilidad de la legislatura

Sbado, 7 Marzo 2009

La formación de un gobierno socialista en el País Vasco con el apoyo político del Partido Popular, que relegará al Partido Nacionalista Vasco a la oposición, creará un problema evidente de estabilidad al Gobierno, constituido por una formación política, el PSOE, que también mantiene a CiU en la oposición en Cataluña. En ambos casos, las fuerzas nacionalistas hegemónicas están resentidas con el Partido Socialista, que les ha impedido gobernar a pesar de que en las respectivas elecciones autonómicas fueron las que obtuvieron más votos y más escaños.

El PSOE consiguió en las últimas elecciones generales 169 escaños, de forma que está a siete diputados de la mayoría absoluta. Hasta ahora, el grupo socialista se ha apoyado con frecuencia en el PNV (seis diputados) para sacar adelante sus iniciativas legislativas –la ley de Presupuestos de este año, por ejemplo-, ya que CiU (once diputados) se ha negado a cualquier colaboración. Si el Gobierno pierde también el apoyo del PNV, quedaría teóricamente en manos de ERC (tres escaños), IU (dos), BNG (dos), CC (dos), UPyD (uno) y Nafarroa Bai (uno).

Parece innecesario decir que la coyuntura de este país es sumamente grave a causa de la crisis económica, por lo que no resultaría nada tranquilizador que el Gobierno estuviera a merced de tan heterogéneas e insignificantes minorías. Así las cosas, tiene todo el sentido que el Gobierno reclame y que el PP conceda una estrecha colaboración entre las dos grandes fuerzas políticas en aquellos asuntos de Estado que hay que abordar con premura y énfasis en esta legislatura.

Tras las elecciones del 1-M, el liderazgo de Rajoy ha salido indudablemente fortalecido, a pesar de los episodios de corrupción y espionaje que quedarán superados si Génova aplica con firmeza la cirugía necesaria. Así las cosas, es evidente que el líder de la oposición tiene al alcance de la mano adquirir envergadura de estadista si sabe entender que su papel ahora no sólo consiste en la contradicción y el control del Gobierno sino en cerrar un gran pacto anticrisis y otros monográficos sobre la Justicia, sobre política exterior y sobre los asuntos de Estado que lo requieran.

Ramón Jáuregui le explicaba a este columnista recientemente que ésta es precisamente la intención de la mayoría: conseguir la estabilidad parlamentaria no sólo mediante ocasionales pactos con las minorías sino a través de un acuerdo de mayor calado con el principal partido de la oposición, que adquiere todo el sentido en las circunstancias excepcionales en que nos encontramos. Ha de tenerse en cuenta que el arma principal en la lucha contra la crisis, la confianza, no provendrá tanto de las medidas que sucesivamente se vayan aplicando cuanto de la aparatosidad y consistencia de la respuesta que reciba la recesión de parte de las instituciones del Estado.

Conviene, en fin, que Rajoy se libere cuanto antes de los tumores que debe extirpar en su partido y que se apreste a cumplir esta misión trascendental que le corresponde y que le permitirá sin duda asentarse definitivamente al frente del hemisferio conservador de este país.

Rajoy, mano de hierro

Viernes, 6 Marzo 2009

Poco ha durado la alegría en la casa del Partido Popular. La legítima euforia suscitada por la victoria gallega y los dignos resultados vascos se ha visto arrasada por los autos de Garzón que implican a cinco aforados del PP, a alcaldes y exalcaldes de localidades madrileñas y a otras personas de menor rango en presuntos delitos de corrupción.  Las imputaciones afirman la existencia de financiación irregular del PP valenciano y sugieren que la trama podía haber estado urdida desde Madrid en tiempos del presidente Aznar. La urdimbre del “caso Correa” nació y creció, efectivamente, cuando el PP estaba en el gobierno. Y la imagen más comprometedora es la del facineroso desfilando junto a sus secuaces en la boda escurialense de la hija de Aznar.

Ante esta contrariedad, Rajoy no debería deprimirse. Tiene todavía a mano una salida relativamente airosa, que es la de actuar con mano de hierro contra quienes se han corrompido. Y contra ese magma permisivo y viscoso en que se ha desenvuelto la corrupción tanto en la comunidad de Madrid como en la de Valencia. Diversos portavoces del PP han manifestado genéricamente que si alguien se ha comportado indebidamente, será sancionado, pero la primera reacción oficial del PP ante los autos de inhibición ha sido escasa: en un comunicado difundido por la agencia oficial de noticias se hace hincapié en la “enorme desproporción” entre los hechos relatados por el juez Garzón y la gravedad de las imputaciones que se sugieren. No hay desproporción: si un político acepta dádivas de quien financia ilegalmente a su partido, habrá incurrido en un error intolerable, con probable relevancia penal, que lo descalifica para seguir ostentando un puesto en el organigrama del Estado.

Rajoy, con un liderazgo débil tras el mal planteado congreso de Valencia en junio pasado, se ha fortalecido interna y externamente tras recuperar Galicia y normalizar el PP vasco. No debería tener, pues, la menor vacilación en aplicar una cirugía explícita y directa, que imponga el criterio de que quien haya traspasado la raya de la integridad personal ha de responder políticamente de ello.

La línea de defensa adoptada por Génova, que pretende restar trascendencia a las acusaciones poniendo en duda la neutralidad del juez, no sólo resulta inválida sino que es contraproducente. Incluso quienes no apreciamos a Garzón y pensamos que es un elemento perturbador para la Justicia en este país, tenemos que recordar que fue él quien, al  perseguir al GAL y desentrañar otros casos de corrupción al final de la etapa de Felipe González, contribuyó decisivamente a la derrota socialista de 1996. Además, es de suponer que Garzón es consciente de que si se derrumbaran sus tesis acusatorias, caería sobre él un desprestigio insuperable. No es, pues, sensato criticar las actuaciones judiciales para defender el honor del partido: lo razonable y lo políticamente recomendable es apresurarse a sanear los territorios contaminados de la organización del Partido Popular.

Conviene recordar que Pilar Miró tuvo que dimitir de la dirección general de RTVE a exigencia del Partido Popular porque realizó unos gastos probablemente impropios, sin que planeara ni de lejos la sombra del cohecho. En este caso, la venalidad política está en el centro del escándalo. Rajoy no tiene, en fin, otras salida que hacer limpieza. Drásticamente. Sin la menor demora.