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Semana catalana

Esta semana es clave en la relación entre la Generalitat y el Gobierno central, considerablemente distanciados por el creciente retraso en la financiación autonómica y –no es ningún secreto- por la escasa sintonía existente entre Zapatero y Montilla. De hecho, el presidente del Gobierno no ha regresado a Cataluña desde que en julio el presidente catalán le espetó aquella singular bienvenida: “Te queremos, José Luis, pero queremos más a Cataluña”.

En efecto, mañana se entrevistan en Barcelona Montilla y Chaves, en el primer viaje de éste a la periferia después de haber sido investido con la tercera vicepresidencia. Y a lo largo de la semana viajará también a Cataluña el flamante ministro de Fomento José Blanco, a quien sin embargo no se le ha aceptado que gire su visita de trabajo el jueves, como pretendía, ya que es el día de Sant Jordi, festivo en el Principado. Mariano Rajoy, por cierto, sí estará en esta fecha en la recepción que la Generalitat ofrece en el Palacio de Pedralbes.

Los intereses respectivos de ambos gobiernos convergen en este momento, en que se han allanado  las dificultades que imposibilitaban el acuerdo. En efecto, tras las elecciones vascas que han forzado al PNV a pasar a la oposición y la consiguiente irritación de los nacionalistas por esta causa, la satisfacción de Cataluña se ha convertido en cuestión vital para Zapatero ya que en el Congreso de los Diputados necesita imperativamente el apoyo de ERC y de IU, así como la condescendencia (al menos) de CiU. Asimismo, la marcha del riguroso Solbes, guardián estricto de las arcas del Estado y de la ortodoxia presupuestaria, y la llegada de Elena Salgado en su lugar facilitarán la mayor generosidad de Madrid hacia las autonomías. 

El nombramiento de Chaves y sobre todo la elevación del rango de la política territorial no han sido del agrado de los catalanistas; el actual presidente  del PSOE es considerado un jacobino (pese a que el nuevo Estatuto de Andalucía se parece mucho al catalán) y su llegada a la tercera vicepresidencia se ha interpretado como un intento de homogeneización de la “España plural”. Sin embargo, los recelos cederán si se concierta un buen modelo de financiación. Como es sabido, las exigencias catalanas obligarían a una financiación adicional total del sistema de entre 8.000 y 11.000 millones de euros, según las fuentes. Veremos si el Gobierno llega o no a estas cuantías. La llegada de Blanco en lugar de Álvarez sí ha complacido a los partidos catalanes, que ya tienen a punto su abultada lista de demandas: aeropuertos, puertos, cercanías… La lista ocupaba ayer una columna entera de “La Vanguardia”.

Por añadidura, llegan desde el Tribunal Constitucional noticias más esperanzadoras que las que anunciaban hace semanas que pintaban bastos para el Estatut. Con toda probabilidad, en un mes o dos llegará una sentencia interpretativa que salvará la constitucionalidad del texto aunque forzará una lectura restrictiva del mismo. Si se confirma este pronóstico que otorgará estabilidad institucional al régimen catalán y se consigue en mayo un acuerdo general de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Cataluña podría entrar en una senda de normalidad que abandonó desde que Maragall lanzó al Principado en 2003 a la ardua y quizá innecesaria prueba de la reforma estatutaria, lo que dio lugar a un proceso descabellado que ha costado mucho embridar y racionalizar. 

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