Las encuestas de intención de voto publicadas ayer domingo acreditan que, como ya debía saber Moncloa, el PP va considerablemente por delante del PSOE en esta precampaña de las elecciones europeas de junio. Es muy probable que, siguiendo con una tendencia ya habitual, la mayoría de los partidos de gobierno de la Unión Europea se vean fustigados en esta consulta por sus ciudadanos a causa de la crisis. Y esta evidencia explicaría que, contra lo que parecía lógico, Zapatero haya adelantado el cambio de Gobierno, en vez de aplazarlo hasta después del 7-J.
Sea como sea, lo cierto es que, tras el desplazamiento del agotado Solbes, el nuevo equipo gubernamental está dando pasos para retomar la iniciativa, una plausible actitud que debe perseguir un triple objetivo: imprimir a la ejecutoria gubernamental una visibilidad que se echaba en falta para ponerse psicológicamente al frente de la tarea de reactivación; emprender las decisiones y las reformas que auxilien a los damnificados por la crisis y ayuden eficazmente al objetivo común de combatir la recesión, e involucrar a todos –territorios, partidos, agentes sociales- en esta lucha contra la adversidad y el pesimismo.
Puede parecer populista que esta pasada Semana Santa los miembros del Gobierno más directamente concernidos por la situación económica hayan permanecido en sus despachos, pero en realidad no hubiera sido admisible lo contrario. Estamos probablemente cerca del fondo del pozo de la recesión, camino de los cuatro millones largos de parados, y con un millón de desempleados que ya no cobran el seguro de desempleo. Es exigible que, aunque el Ejecutivo no tenga el remedio absoluto en sus manos, se mantenga al pie del cañón, haciendo lo humanamente posible para combatir el problema y mitigar el drama humano. La coordinación entre los vicepresidentes, que hoy se reúnen con Zapatero; el impulso con que ha arrancado José Blanco, responsable de la inversión pública en infraestructuras que debe cebar la bomba de la inversión privada; el anuncio del inmediato arranque del diálogo social con que Salgado habrá de obtener la futura del ley de medidas contra el paro, son actuaciones cabales que van en la dirección correcta.
También es relevante el ímpetu de Chaves al anunciar su ronda de contactos para conseguir cuanto antes un pacto de financiación autonómica que pueda ser aprobado por todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que concluya el próximo mes. Ese acuerdo, unido a la coordinación de las comunidades y ayuntamientos en la lucha contra la crisis, proporcionará además estabilidad parlamentaria al Gobierno, poniendo fin a una situación de relativa debilidad que interfiere en el avance hacia el objetivo común, la reducción de la crisis.
En este cambio de ritmo, que parece inobjetable en sus principales rasgos, hay sin embargo un riesgo que el Gobierno debe ponderar y la oposición advertir: la marcha de Solbes, el profesional adusto que regateaba hasta el último euro a sus compañeros de gabinete, y su sustitución por Salgado, más flexible y sin duda más sumisa ante Zapatero, podría conducir a un inadmisible descontrol en las cuentas públicas. Ya se habla –y con fundamento- de la necesidad de prorrogar el período de cobertura del seguro de desempleo; y quizá, para contentar a todos, haya que aplicar más recursos a la financiación autonómica de los que preveía Solbes. Habrá que cuidar, en fin, el déficit para que en la terapia anticrisis no sea peor el remedio que la enfermedad.