Papeles de Westfalia

Cualquier profesional en lo suyo, cualquier juez en el desempeño de su delicada función, cualquier persona que recurra al sentido común tendrá grandes dificultades para entender que el Tribunal Constitucional no haya sido capaz de emitir todavía una sentencia en los casi tres años que median entre la presentación de los recursos de inconstitucionalidad contra la reforma del Estatuto de Cataluña y hoy día.

Es evidente lo arduo de una tarea tan compleja, pero no hay decantación intelectual que tarde tanto tiempo ni debate que no haya debido concluir mucho antes de ese plazo. Un plazo tan dilatado que el desarrollo legislativo del Estatuto que ha tenido lugar ha sido muy amplio; de forma que si hubiera que revocar lo legislado, se generaría un caos inenarrable.

Es bien sabido que las comunidades autónomas urgen ahora el acuerdo sobre financiación autonómica. Pero lo razonable sería que ese pacto fuera ulterior a la consolidación del Estatuto. ¿No podrían sus señorías acelerar el paso, para que no tengamos ocasión de confirmar su incompetencia?

Las encuestas de intención de voto publicadas ayer domingo acreditan que, como ya debía saber Moncloa, el PP va considerablemente por delante del PSOE en esta precampaña de las elecciones europeas de junio. Es muy probable que, siguiendo con una tendencia ya habitual, la mayoría de los partidos de gobierno de la Unión Europea se vean fustigados en esta consulta por sus ciudadanos a causa de la crisis. Y esta evidencia explicaría que, contra lo que parecía lógico, Zapatero haya adelantado el cambio de Gobierno, en vez de aplazarlo hasta después del 7-J.

Sea como sea, lo cierto es que, tras el desplazamiento del agotado Solbes, el nuevo equipo gubernamental está dando pasos para retomar la iniciativa, una plausible actitud que debe perseguir un triple objetivo: imprimir a la ejecutoria gubernamental una visibilidad que se echaba en falta para ponerse psicológicamente al frente de la tarea de reactivación; emprender las decisiones y las reformas que auxilien a los damnificados por la crisis y ayuden eficazmente al objetivo común de combatir la recesión, e involucrar a todos –territorios, partidos, agentes sociales- en esta lucha contra la adversidad y el pesimismo.

Puede parecer populista que esta pasada Semana Santa los miembros del Gobierno más directamente concernidos por la situación económica hayan permanecido en sus despachos, pero en realidad no hubiera sido admisible lo contrario. Estamos probablemente cerca del fondo del pozo de la recesión, camino de los cuatro millones largos de parados, y con un millón de desempleados que ya no cobran el seguro de desempleo. Es exigible que, aunque el Ejecutivo no tenga el remedio absoluto en sus manos, se mantenga al pie del cañón, haciendo lo humanamente posible para combatir el problema y mitigar el drama humano. La coordinación entre los vicepresidentes, que hoy se reúnen con Zapatero; el impulso con que ha arrancado José Blanco, responsable de la inversión pública en infraestructuras que debe cebar la bomba de la inversión privada; el anuncio del inmediato arranque del diálogo social con que Salgado habrá de obtener la futura del ley de medidas contra el paro, son actuaciones cabales que van en la dirección correcta.

También es relevante el ímpetu de Chaves al anunciar su ronda de contactos para conseguir cuanto antes un pacto de financiación autonómica que pueda ser aprobado por todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que concluya el próximo mes. Ese acuerdo, unido a la coordinación de las comunidades y ayuntamientos en la lucha contra la crisis, proporcionará además estabilidad parlamentaria al Gobierno, poniendo fin a una situación de relativa debilidad que interfiere en el avance hacia el objetivo común, la reducción de la crisis.

En este cambio de ritmo, que parece inobjetable en sus principales rasgos, hay sin embargo un riesgo que el Gobierno debe ponderar y la oposición advertir: la marcha de Solbes, el profesional adusto que regateaba hasta el último euro a sus compañeros de gabinete, y su sustitución por Salgado, más flexible y sin duda más sumisa ante Zapatero, podría conducir a un inadmisible descontrol en las cuentas públicas. Ya se habla –y con fundamento- de la necesidad de prorrogar el período de cobertura del seguro de desempleo; y quizá, para contentar a todos, haya que aplicar más recursos a la financiación autonómica de los que preveía Solbes. Habrá que cuidar, en fin, el déficit para que en la terapia anticrisis no sea peor el remedio que la enfermedad. 

Ayer,  día en que Chaves tomaba posesión de su tercera vicepresidencia, el análisis político más punzante aparecido en la prensa catalana aseguraba que la principal misión del hasta ahora presidente de Andalucía será conseguir elecciones anticipadas en Cataluña.

Esta sospecha, que muy probablemente tenga un trasfondo real por la necesidad que tiene Zapatero de congraciarse con el nacionalismo moderado catalán, indica el recelo con que ha sido recibido en la periferia el nuevo rango otorgado por Rodríguez Zapatero a la política territorial, que ha quedado a cargo de quien ha sido durante dos décadas el contrapeso autonómico jacobino de las tensiones centrífugas impulsadas por los nacionalistas de la periferia. Hasta el extremo de que Moncloa no dio el visto bueno al proyecto del Estatuto de Cataluña hasta que la comunidad andaluza le dio el visto bueno e incorporó buena parte de los logros catalanes a su propia carta autonómica.

Sectores relevantes de la opinión pública están preocupados ante la deriva de las fuerzas nacionalistas en el Parlamento español, donde fueron durante mucho tiempo un exigente pero sólido elemento de estabilidad. Hoy, cuando CiU está en la oposición en Cataluña y el PNV está a punto de serlo en Euskadi, ambas minorías, airadas, están colocando al partido gobernante contra las cuerdas, a pesar de que el PSOE está a sólo siete escaños de la mayoría absoluta. Es bien cierto que CiU puede tener razón al irritarse por el pacto PSC-ERC, una alianza contra natura para una fuerza nacional y federalista, y que el PNV no puede estar satisfecho con el pacto PP-PSOE, que sólo se explica por la radicalización del propio nacionalismo democrático vasco, pero no lo es menos que resulta inaceptable que el nacionalismo periférico juegue sistemáticamente a la desestabilización del Estado.

En este sentido, es claro que Zapatero, hoy en condiciones muy distintas que en 2004, preferiría ahora poder contar con el apoyo de CiU. Pero, al margen de este asunto, es claro que Chaves llega al cargo con el cometido de armonizar definitivamente el Estado de las Autonomías, lo que requiere conseguir un buen pacto de financiación y, en su caso, gestionar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán, que podría no ser tan complaciente como se pensó en un cierto momento. Asimismo, es preciso lograr una sintonía de las comunidades autónomas con el esfuerzo estatal contra la crisis económica, que exige la cooperación de todos. Y si se actúa en estos terrenos con cierto sentido del Estado, el PP deberá ser convocado también a la mayoría de los acuerdos.

Es probable que, en este asunto, el órgano sea previo a la función, es decir, que la tarea que se encomienda a Chaves sea ulterior a la decisión de hacerle vicepresidente. Pero consumado el nombramiento, no cabe duda de que su papel puede ser eficaz. Primero, porque la coyuntura excepcional que nos aqueja exige un acto unánime de razón y de voluntad contra la crisis. Y segundo, porque nuevo Estado de las Autonomías requiere a estas alturas importantes dosis de racionalidad que cierren el proceso emprendido y restauren todos los valores constitucionales. 

La prestigiosa compañía Worldwide Independent Network of Market Research (WIN) acaba de publicar la última oleada de su barómetro mundial, que revela una caída generalizada muy importante del nivel de confianza en que los gobiernos sean capaces de controlar la actual situación de crisis económica. Igualmente, ha aumentado significativamente la desconfianza en la solidez de las instituciones de crédito.

Es muy comprensible esta reacción social a una crisis que todo el orbe negó airadamente cuando se estaba aproximando, que nadie sabe cómo encarar cuando ya se ha instalado entre nosotros, y que ha obligado al sector público de todos los países a salir en socorro de bancos que parecían inamovibles bastiones del capitalismo, capaces de resistir todos los embates.

Este fracaso de las grandes estructuras institucionales no es banal, ni la desconfianza remitirá del todo cuando la crisis pase. La falta de respuesta del sistema a la mala coyuntura nos perseguirá mucho tiempo y debería obligar a graves análisis y a profundas reformas que traten de asegurar los cimientos de un modelo de civilización que se ha demostrado volátil e inestable.

Obama acaba de  marcar en Turquía los nuevos vectores de las relaciones de los Estados Unidos con el mundo islámico. Si Bush, afectado por el terrible zarpazo de Al Qaeda, no pudo impedir que la lucha contra el terrorismo islamista acabara incluyendo una cierta criminalización del islamismo, Obama ha regresado a los parajes de la comprensión y la racionalidad al distinguir, siquiera retóricamente, entre el mundo musulmán y la expresión fanática y violenta del islamismo integrista. “La relación de Estados Unidos con los musulmanes no puede estar y no estará sometida a nuestra oposición a Al Qaeda”.

Es claro que esta esperada rectificación de la diplomacia norteamericana al llegar al poder los demócratas –y a su frente una personalidad tan potente con el presidente Obama- aproxima a Occidente a las tesis de la Alianza de Civilizaciones, un valioso ensayo político, intelectual y cultural planteado por Zapatero y Erdogan, que forman un expresivo antagonismo –laicismo frente a confesionalidad moderada- cuya alianza representaría precisamente el posibilismo que ha enunciado Obama. Turquía es, en efecto, la piedra de toque de la hipótesis manejada por la nueva administración USA: si el islamismo moderado del partido turco en el gobierno, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), acaba siendo compatible con los cánones democráticos e ideológicos de Occidente en general y de la Unión Europea en particular, se habrá demostrado que es posible en la práctica la convivencia en paz de países islámicos y laicos en el seno de la comunidad internacional.

Pero seamos realistas: Turquía no es todavía una democracia homologable con nuestros regímenes, y aún no cumple ni de lejos los estrictos criterios de Copenhague, adoptados por la UE en 1993 y que establecen que el Estado que aspire a la admisión en el restringido club debe poseer unas instituciones que preserven la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, una economía de mercado en funcionamiento, además de aceptar las obligaciones e intenciones de la UE. El déficit democrático turco es muy notorio, tanto en lo referente a la institucionalización del régimen representativo cuanto en lo tocante a las libertades y derechos civiles. Pero el problema no es sólo la acomodación de Turquía a los cánones exigidos sino una cuestión de fondo: la de si la confesionalidad es o no compatible con la democracia.

En un régimen democrático, la soberanía popular es dueña de su destino. En un régimen confesional, teocrático, la soberanía se pliega al dogma, que ha de quedar al margen del debate. Así las cosas, la posibilidad de que Turquía se deslice hacia la democracia occidental dependerá de su capacidad para abandonar la confesionalidad. De hecho, Erdogan acaba de ofrecer consenso a los partidos laicos para la reforma constitucional en ciernes. Habrá que ver si esta generosidad alcanza a las materias más sensibles –el papel de la mujer en la sociedad islámica, inaceptable para occidente, por ejemplo- o si se limita a lo accesorio, sin alcanzar al fondo del asunto. 

Todo lo anterior conduce irremisiblemente hacia un corolario bastante obvio: es posible que se consigan fórmulas de coexistencia pacífica y fecunda entre regímenes confesionales y laicos pero es imposible que aquéllos y éstos se integren estrechamente en tanto la racionalidad positivista no se imponga a la fe dogmática e incontestable. De ahí que, de momento, carezca incluso de sentido plantear si Turquía debe o no ser admitida en la Unión Europea. 

Hemos leído un análisis exculpatorio para el PP que maneja el siguiente argumento: la corrupción que afecta al Partido Popular y lo vincula al “caso Gürtel” es menos grave y menos reprobable que la que padeció el Partido Socialista con el “caso Filesa” porque en aquel episodio ha habido enriquecimiento personal de unas personas y en éste financiación ilegal del partido.

Muchos pensamos que, puestos a graduar éticamente la corrupción (con independencia de los aspectos penales), el criterio debería ser el contrario. No repugna moralmente, aunque sea delito, que un grupo de políticos busquen recursos para sostener a su organización (otra cosa es que una parte de ese dinero vaya habitualmente a bolsillos privados, pero ésta es otra cuestión). En cambio, sí suscita un gran rechazo ético que quienes se dedican a la política y reclaman el voto de los ciudadanos con el declarado propósito de prestar un servicio a la comunidad traicionen el mandato que han recibido y utilicen el cargo para enriquecerse y apropiarse del dinero de todos.

Obviamente, las dos conductas son censurables, pero conviene que nadie piense que los ciudadanos/electores vamos a comulgar con ruedas de molino.

El Banco de España acaba de publicar unas previsiones de la evolución de la economía española sencillamente descorazonadoras que anuncian más recesión y más paro durante más tiempo. El ministro de Economía, que anunció hace unos meses un horizonte menos pesimista, requerido para que explicara esta discrepancia, ha argumentado que las previsiones cambian con el tiempo, y que si las suyas fueron acertadas en su momento, ahora lo son las del Banco de España.

En todo esto hay una impotencia sediciosa y maligna que conviene aclarar: si los economistas, los políticos y los expertos en general creen que sus previsiones habrán de cambiar con el tiempo, a medida que se aproxime el horizonte de su prospección, ¿para qué las hacen? Si su capacidad de previsión es semejante a la de los adivinos que se guían por la posición de los astros o por los posos del café, ¿para qué pierden el tiempo con semejantes pronósticos inútiles?

Debería existir cierto rigor científico en estos profesionales de las adivinanzas. Porque el hecho de que nos acostumbremos a sus fracasos no quita que ellos incurran cada vez en un indudable ridículo.

El impulso de la comunidad internacional, liderada atinadamente por Obama y los principales dirigentes europeos, permite augurar ya un horizonte esperanzador para la crisis que nos agobia. El encuentro del G-20 en Londres ha servido para movilizar nuevos caudales de recursos –casi un billón de euros- que remediarán el colapso del crédito en los países en desarrollo a través del FMI y del BM; para reformar profundamente el sistema financiero y dotarlo de controles más rigurosos que afectarán a la solvencia y supondrán la desaparición de los paraísos fiscales y del secreto bancario; y para extender por tanto una manto de confianza sobre la economía mundial, una vez constatada la capacidad de acuerdo de todos los actores y la capacidad de liderazgo de los Estados Unidos, causantes de la crisis y también protagonistas de la decisiva respuesta contra ella. La creación de un Consejo de Estabilidad Financiera, con funciones y estructura todavía sin determinar, marcará sin duda una nueva era en la globalización.

Esta mayor confianza se irá traduciendo sin duda en un paulatino incremento de la demanda mundial, del crédito internacional y de los flujos comerciales que beneficiarán en tiempo real a nuestra interconectada economía. Ha sido ilustrativo comprobar, por ejemplo, cómo unas ayudas al sector del automóvil en Centroeuropa han repercutido inmediatamente en las cadenas de producción españolas…  La movilización de la economía mundial nos arrastrará, pues, en cuanto se produzca, pero conviene que seamos realistas, graduemos la euforia y nos  centremos en resolver nuestros problemas autóctonos.

En nuestro país, la recesión no se debe exclusivamente a la crisis de demanda que ha obligado a producir por debajo de nuestra capacidad teórica. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria, que es irreversible, ha supuesto la destrucción de gran parte de la capacidad productiva de un sector intensivo en mano de obra, cuya recuperación a medio plazo nunca alcanzará los niveles anteriores. Si el inmobiliario representaba hasta 2007 el 14% del empleo y el 10% del PIB, a partir de ahora sólo representará porcentajes mucho más modestos, por lo que la economía española deberá buscar otros nichos de actividad y de empleo, lo suficientemente competitivos para que se abran paso en los mercados.

Dicho en otros términos, con independencia de la lucha global contra la recesión, es necesario que aquí se desarrolle un vasto plan autóctono de expansión de los sectores emergentes. La inversión en educación e I+D, los estímulos empresariales a las actividades en nuevas tecnologías, la impulsión de procesos de reconversión industrial y las grandes reformas estructurales en general son asignaturas pendientes que tendremos que aprobar en los próximos años si realmente queremos avanzar nuevamente, ya con más realismo, hacia una sociedad madura de pleno empleo. Y es precisamente este conjunto de actuaciones el que reclama la unidad de las fuerzas políticas y sociales –los partidos y los agentes económicos- para conseguir el mayor impulso basado en un consenso racional perdurable en el tiempo. 

Nos equivocaríamos pues si creyéramos que con las decisiones del G-20 ya está todo conseguido. Nosotros tenemos que luchar contra las características singulares y preocupantes de nuestra propia recesión. 

El juez Garzón ha concluido su labor instructora en el “caso Gürtel” con dos graves imputaciones, que elevan el nivel general de la trama de corrupción vinculada al principal partido de la oposición: la del tesorero del Partido Popular, el senador Luis Bárcenas, y la del eurodiputado Gerardo Galeote. Evidentemente, la implicación de Bárcenas sugiere irregularidades en la financiación del propio Partido Popular.

La respuesta de la cúpula popular ante estas embarazosas acusaciones no ha podido ser, de momento, más desafortunada: el partido ha expresado su “más absoluto rechazo” al auto de Garzón y el senador Bárcenas ha amenazado aj magistrado con una querella criminal. 

Esta respuesta de “prietas las filas” ante episodios reprobables que merecen una repulsa social extrema es muy peligrosa para el partido que la practica, ya que corre el riesgo de asumir para sí las tropelías particulares que se hayan cometido. Obviamente, la presunción de inocencia alcanza a todos los imputados en esta o en cualquier otra causa, pero este criterio jurídico no posee traducción política automática: los partidos políticos tienen la obligación de apartar de las instituciones a aquellos militantes que actúan en su nombre y sobre los recaen indicios razonables de culpabilidad.  Indicios cuya existencia no presupone la calificación final de los tribunales.

En el “caso Gürtel”, la opinión pública alberga ya pocas dudas de que una cuadrilla de facinerosos encabezados por Francisco Correa corrompió a sectores del PP. Correa logró un próspero negocio de tráfico de influencias mediante el pago en metálico o en especie de jugosas contrapartidas, a través de regalos dudosamente lícitos y cultivando primorosamente ciertas amistades estratégicas, como la de la propia familia Aznar. Las revelaciones del auto judicial ya publicadas encajan con interrogantes recientemente publicados acerca de la procedencia del abultado patrimonio de algunos investigados, como es el caso de Bárcenas. 

Así las cosas, el “absoluto rechazo” es, como mínimo, extemporáneo. Rajoy obtendrá comprensión si explica a la ciudadanía que se ha visto sorprendido en su buena fe, pero  quedará en una posición muy desairada si, tras estas clamorosas protestas contra las actuaciones judiciales, acaba demostrándose que sus conmilitones en cuestión se han corrompido. En el “Tengo una pregunta para usted” del lunes, el líder del PP manifestó su punto de vista sobre el particular: “es letal castigar a una persona sin pruebas”. Nada más cierto. Pero no se trata de castigar a nadie, y menos sin pruebas: su obligación consiste en acompañar de buen grado la acción judicial, respetando la presunción de inocencia pero imponiendo el criterio político de que quien haya sido señalado por el sistema judicial con argumentos objetivos de entidad debe ser provisionalmente colocado en cuarentena hasta que se aclare su inocencia o se demuestre su responsabilidad.

En términos jurídicos, los delitos  nunca tienen una paternidad colectiva: la responsabilidad penal siempre es personal y directa. Puede haber políticos corruptos, no instituciones o partidos corruptos. En términos políticos, los deslindes no son tan claros: los partidos políticos pueden llegar a decaer si no consiguen atajar de raíz las prácticas viciadas. Lo grave, en fin, no es que aparezcan tumores sino que los cirujanos no se apresuren a extirparlos.