Papeles de Westfalia

Gracias al crecimiento continuo de la construcción en este país desde hace décadas, hasta el estallido reciente de la burbuja inmobiliaria y la consiguiente parálisis de dicha industria, los ayuntamientos españoles –en especial los medianos y pequeños- se han mantenido de las plusvalías del suelo y de las cargas sobre esta actividad. Hasta el punto que, en parte, la especulación fomentada por las corporaciones locales ha sido uno de los desencadenantes del sobrecalentamiento del sector y su posterior explosión.

Así las cosas, la postración de las haciendas municipales este año y en lo sucesivo es inexorable y temible al tiempo, ya que los ayuntamientos, las instituciones más cercanas al ciudadano, realizan las funciones más sensibles de las que depende el bienestar social. Y, sin embargo, ya se ha anunciado que no habrá un nuevo sistema de financiación municipal hasta el 2011, por lo menos.

Se entiende que el Estado, en plena recesión, haya de digerir primero la reforma de la financiación autonómica antes de reorganizar el gasto para abastecer el escalón municipal. Sin embargo, si se permitiera la ruina municipal no sólo se vulneraría el espíritu de la Constitución (el tan desconocido artículo 142) sino que se degradaría seriamente la calidad de vida de los ciudadanos. No es ésta, en fin, una cuestión menor que pueda aplazarse indefinidamente. El Gobierno y  las propias comunidades autónomas deben ponerse al trabajo cuanto antes.

Ya nos hemos habituado al penoso espectáculo, pero deberíamos reflexionar sosegadamente sobre la abundancia creciente de escándalos de índole económica que llegan a los medios de comunicación. Los casos de corrupción política, entreverados con los escándalos urbanísticos, proliferan en todas las comunidades autónomas, y algunos de ellos, por su envergadura, alcanzan a diario rango estatal. Pero, además, la avaricia delictuosa alcanza ya a los más dispares confines de la actividad humana: a todos ha sorprendido la acusación de desfalco vertida contra un ilustre gestor a cargo de una prestigiosa institución cultural catalana.

Diríase que el desarrollo acelerado de nuestra economía ha despertado la ambición patológica de una sociedad entregada al consumo y al derroche, de forma que se han perdido los principios y los escrúpulos. Convendría, quizá, aprovechar la crisis para hincar los pies en el suelo y recuperar los grandes valores cívicos que se han esfumado.

En este empeño, parece indispensable hacer pedagogía: las grandes organizaciones políticas y sociales, las instituciones, los intelectuales, los creadores de opinión han de enfatizar su condena a la violación de las reglas de juego. Es preciso recuperar el tino y –aunque parezca una boutade- convencer a todos de que tomar el dinero ajeno no es una prueba de inteligencia sino una grave indignidad.

El Partido Popular corre un serio riesgo de parálisis política si no afronta con decisión y realismo el grave contratiempo del “caso Gürtel”, un episodio de corrupción urdido por unos facinerosos que, en época de vacas gordas, han tenido la habilidad de introducirse en los intersticios de la formación política para explotar todas las posibilidades que les ofrecía la coyuntura. Una coyuntura en que ha circulado dinero fácil y este país se ha desangrado por la herida de una abundante corrupción urbanística que ha contaminado buena parte de las estructuras políticas en los ámbitos municipal y autonómico, sin distinción de siglas ni ideologías.

El escándalo se ha centrado, de momento, en los territorios institucionales de las comunidades de Madrid y Valencia, aunque la contaminación  es más honda: no pueden ignorarse las imágenes del capo de la trama, Francisco Correa, junto a su cómplice Álvaro Pérez, en el paseíllo previo a la fastuosa boda de la hija de Aznar en El Escorial  en septiembre de 2002. Ni el hecho de que nada menos que el tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, aparezca como uno de los mayores beneficiarios presuntos de la corruptela. 

Pese a la extensión de la mancha de aceite, no hay el menor indicio –más bien al contrario- de que la trama sea interna al Partido Popular. Rajoy y la dirección del partido son también víctimas de las trapacerías de los delincuentes. Y han visto sorprendida su buena fe por la deslealtad de unas docenas de indeseables que, como dijo un ex ministro de Aznar ya retirado, han ido a la política para enriquecerse. Pero precisamente por ello, porque el PP tiene que liberarse de este tumor y de sus metástasis, convendría que Rajoy cambiara de táctica y se desprendiera con energía y cuanto antes de este pesado lastre. Recordaba ayer un periódico que ya son 101 los imputados en el “caso Gürtel” y, de momento, las únicas medidas políticas contundentes son las adoptadas por Esperanza Aguirre en la comunidad que preside.

Además, y para perplejidad de todos, la defensa de Camps está discurriendo por derroteros absurdos. De la negativa de toda irregularidad, se ha pasado a la inefable estrategia de negar la trascendencia del cohecho, que ya no se niega. En esta línea, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha introducido un discurso intolerable: el de que todos los políticos recibirían regalos consistentes en carísimos artículos de lujo, lo que demostraría que esta práctica no es corrupta ni mucho menos delictuosa. Y, en lugar de dar explicaciones sobre unas acusaciones muy comprometedoras, el PP se lanza en tromba contra las fuentes y los medios que vehiculan las informaciones. Las filtraciones de los sumarios judiciales y de las actuaciones policiales pueden ser reprobables pero lo grave, lo indecente, es la corrupción.

En estas circunstancias, las cautelas de Rajoy que lo mantienen en la inacción pueden acabar produciendo un efecto destructivo en el PP; de momento, se entrevén signos de irritación en algunos sectores de la propia formación política que no creen que resulte acertada tanta benevolencia hacia ciertos personajes que, según todos los indicios, se han servido ilegalmente de las instituciones y del partido para amasar grandes fortunas. Ni es cierto –como parece pensar Génova erróneamente- que este escándalo no vaya a pasar factura al PP, ni rendirá frutos la estrategia de mantener más allá del sentido común que la trama corrupta es fruto de la imaginación y de la mala voluntad de algunos enemigos y adversarios. La realidad es grave y convendría que Rajoy tomara conciencia de ello antes de que pierda completamente el control de la situación.

El Tribunal Constitucional ha filtrado que todavía no existe en su seno suficiente consenso sobre la sentencia que debe resolver los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la reforma del Estatuto de Cataluña. Al parecer, ahora pasaría a examinarse –sin prisas, asegura la fuente- un tercer borrador, y sólo podría llegarse a una conclusión pasados unos meses.

Hace ya más de tres años que entró en vigor el nuevo Estatuto, que lógicamente ha sido desarrollado en bastantes de sus extremos, lo que, de declararse ahora su inconstitucionalidad total o parcial, podría producir quebrantos jurídicos de muy difícil solución. Además, la renovación del Constitucional debió haberse producido hace año y medio, y no se ha acometido precisamente para permitir una pronta resolución sobre este asunto, vital para el desarrollo político de nuestro sistema democrático.

Así las cosas, cumple preguntarse si este retraso patológico, que excede todos los límites de la profesionalidad y del sentido común, se debe a un exceso de rigor o a una franca y preocupante incompetencia. La mayoría de los ciudadanos pensamos ya en esto último.

Los medios catalanes se muestran hoy lógicamente satisfechos por el acuerdo que cierra la nueva financiación autonómica (a pesar de que CiU se ha desmarcado de las celebraciones) pero es inocultable cierto resquemor latente por las reacciones airadas de determinados sectores de opinión –las de la Comunidad de Madrid, sobre todo- que no por esperadas han sido menos hirientes, y que han avivado una desazón subyacente suscitada por el inquietante retraso en la emisión de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

Hoy, la prensa de Cataluña, que no oculta su irritación con Aguirre y los madrileños, deja caer el temor de que, una vez atendida la demanda catalana de financiación, la sentencia del TC sea en realidad una castración química del Estatut. Y también hoy, casualmente, la principal cadena de radio del Estado ha revelado que el TC no ha llegado todavía a una decisión  aceptable, si bien en todo caso se da por hecho que la sentencia interpretativa no impedirá que se declaren inconstitucionales algunos artículos de la nueva Carta Catalana, como los que se refieren a la creación de un Consejo de Justicia en Cataluña, el que contempla la sustitución de las Diputaciones Provinciales por ‘veguerías’ o el que atribuye más competencias al Sindic de Greuges.

Parecía que estábamos a punto de cerrar los abismos abiertos por la desmesura estatutaria, pero, a lo que parece, todavía habrá que derramar más árnica hasta que cicatricen todas las viejas heridas. Tengamos cuidado con la gangrena.

Hoy es el día de la verdad: los consejeros de Economía de las 15 comunidades autónomas de régimen general debatirán y previsiblemente aprobarán esta tarde la árida propuesta de acuerdo que acabará plasmándose en una nueva versión de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).  Previamente a este acto, y desde el anuncio de la propuesta el pasado domingo, se ha producido un acúmulo de reacciones encontradas que convendría clarificar: en tanto algunos se han jactado de haber conseguido trato de favor, otros han alegado que se ha actuado con animadversión consciente contra ellos. Y entre ambos extremos, ha habido un abanico de posturas intermedias, entre la irritación y el gozo. Todo indica, sin embargo, que la propuesta saldrá adelante con la abstención testimonial de las comunidades del PP.

La lectura de la Propuesta de Acuerdo –un árido documento de 64 páginas seguido de un anexo de datos que permiten calcular la población ajustada, es decir, ponderada con relación a diversos criterios- no resulta especialmente iluminadora pero sí entrega una conclusión inequívoca: la propuesta contiene un método de cálculo objetivo de la financiación que corresponde a cada comunidad. Las cantidades que se han manejado y que responderían al reparto de estos “algo más de 11.000 millones de euros” adicionales que el Estado aportará al sistema son, pues, datos tentativos que cada opinante habrá obtenido por su cuenta. Pero, en contra de lo que podría desprenderse de algunas críticas, no existe el menor elemento de bilateralidad en la propuesta, que se extiende al conjunto con criterios homogéneos y uniformes.

Dicho esto, parece lógico exigir que el debate subsiguiente, el que hoy habrá de plantearse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, verse sobre el modelo propuesto. Un modelo basado en la distribución de cuatro grandes fondos generados por el sistema fiscal –se incrementa la participación autonómica en los impuestos compartidos- y por la contribución del Estado. Los dos fondos principales –el de Garantía de igual Financiación de los Servicios Públicos Fundamentales y el de Suficiencia global y respeto del statu quo-, que representan el grueso de la financiación, son escasamente opinables. Los dos Fondos de Convergencia autonómica (el de Competitividad y el de Cooperación) se reparten también en función de criterios objetivos. El modelo atiende además una vieja demanda de las comunidades más dinámicas: de los ingresos fiscales, el 75% irá directamente a nutrir el fondo de Garantía, y el 25% restante permanecerá en la comunidad.

En definitiva, ante una controversia que de momento aflora con argumentos imposibles de contrastar, la sociedad reclama que se arrojen claridades constructivas. Quienes no compartan el modelo de financiación deberán explicar el porqué y ofrecer una opción alternativa. Y habrán de ser tomados en cuenta si su postura es razonable. Lo que no tendría sentido es que se descalificase por sistema una estructura institucional sobre la que habrá de instalarse el devenir futuro del Estado de las Autonomías durante varios años.

El modelo que hoy debe aprobarse está, además, abierto: será revisado anualmente para que pueda tomarse en cuenta la población real de cada comunidad y la evolución de los factores que determinan el reparto de los recursos. Lo deseable es, pues, que mediante estas revisiones anuales vaya creciendo el consenso en torno a un sistema que, a medio plazo, debería convertirse en la percha estable y consolidada de la federalización de este país. 

Hace casi exactamente un año, el 15 de julio de 2008, el Gobierno hizo públicas las balanzas fiscales, reclamadas insistentemente por las fuerzas políticas catalanas, que acreditaban que Cataluña había tenido una financiación insuficiente como consecuencia del modelo anterior, pactado por cierto por Jordi Pujol con Aznar (conviene recordar estos antecedentes para evitar equívocos). Desde entonces, se ha ido perfilando el nuevo modelo –Salgado ha mantenido íntegramente los planteamientos de Solbes-, en medio de lo que ha parecido ser una colosal subasta.

Finalmente, tras varios aplazamientos, la vicepresidenta económica anunciaba el pasado domingo el nuevo modelo, ya con las tácitas bendiciones de los actores periféricos más reivindicativos. Y cuando la opinión pública esperaba una compleja propuesta de datos matemáticos, tablas, guarismos y balances, Salgado tan sólo entregaba a la prensa un modelo teórico basado en los cuatro fondos que ya había inventado Solbes, en el concepto de población ajustada como baremo principal del reparto y en un aumento sensible de la autonomía financiera gracias a la cesión de un porcentaje mayor de los principales impuestos a las comunidades. En toda su intervención, tan sólo hubo un dato numérico relevante: además de ceder un porcentaje mayor de los tributos compartidos, el Estado aportará en torno a 11.000 M€ adicionales sobre el anterior modelo.

Tras el anuncio, la responsable de Economía hacía llegar a las comunidades autónomas la árida documentación que desarrolla el modelo, aunque sin revelar sus propios cálculos. De hecho, quien hoy se entretenga en sumar las previsiones de todas las CCAA publicadas en los medios de comunicación se percatará enseguida de que el total supera con creces la aportación prometida por el Gobierno.

Sea como sea, la postura de Salgado es inobjetable: el Gobierno no puede efectuar un reparto arbitrario de recursos públicos entre los entes institucionales. Su obligación es dibujar un modelo teórico, negociarlo con las comunidades y atenerse a su desarrollo. Este proceder, no por esperado menos llamativo, ofrece plenas garantías de equidad y desactiva las críticas. Unas críticas que deberán versar sobre los criterios aplicados pero que no podrán reflejar agravios comparativos por la sencilla razón de que los fundamentos del modelo son únicos, iguales para todos.

Además de los criterios de ponderación y cálculo de la población ajustada –que toma en cuenta diversos factores- y de la cuantía del aporte de los 11.000 M€, son ideológicamente opinables otros aspectos del modelo (el estímulo a las comunidades más dinámicas, la desincentivación del dumping fiscal, etc., etc.). Resultaría, pues, razonable que el debate del miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera versara sobre estos elementos de la futura LOFCA, que a partir de ahora deberá ser revisada anualmente (entre otras razones, para ajustar el modelo a la población real).  

Hoy por hoy, el desapego del Partido Popular a un modelo confeccionado unilateralmente por el Gobierno bajo conocidas presiones periféricas es perfectamente natural. Sin embargo, sería deseable que por esta vía de la negociación sucesiva se lograse la generación de un creciente consenso que, reactivado de año en año, pusiera término a un forcejeo que no debe convertirse en crónico si queremos estabilizar el Estado autonómico. En los sistemas federales, el modelo de organización es un dato previo, constituyente, no una variable deslizante y sucesiva. Y ya es hora de que aquí dejemos la ontología y nos ocupemos de trabajar para el futuro.

Naturalmente, tras consolidar ese modelo habrá que constitucionalizarlo. El Título VIII de la Constitución tendrá que ser reescrito, y el Senado deberá convertirse en lo que nunca ha llegado a ser, la cámara de representación territorial. Pero tampoco hay prisa: dejemos que ruede el modelo y ya habrá tiempo y oportunidad de darle consistencia en la Carta Magna. 

El Euskobarómetro del profesor de la UPV Francisco Llera ha sido el cimiento, probablemente involuntario, del último viraje estratégico del PNV de Urkullu: puesto que los ciudadanos vascos continúan prefiriendo los gobiernos transversales, el nacionalismo brinda toda su colaboración al lehendakari socialista Patxi López en pro de la estabilidad institucional y presupuestaria. E incluso insinúa que, a cambio de receptividad para esta propuesta, el PNV brindaría también su apoyo en Madrid al Gobierno de Zapatero, con lo que se le acabarían al Ejecutivo español todos los problemas parlamentarios. 

Es evidente –demasiado evidente- que esta oferta empalagosa del nacionalismo al PSE tiene como finalidad primordial y directa evitar que PP y PSOE se hagan con la diputación de Álava, en la que actualmente gobierna el PNV en minoría. Y en todo caso conviene recordar, para que nadie sea víctima de una ladina intoxicación, que esta preferencia de la sociedad vasca por los gobiernos transversales también existía cuando el PNV emprendía su ominoso viaje al radicalismo y forzaba precisamente la salida del PSE del Gobierno del Vitoria aquel ya lejano 30 de junio de 1998, cuando se aproximaba a ETA en Lizarra, cuando ya se intuía que quien sucediera a Ardanza emprendería un delirante itinerario soberanista que, en efecto, ha durado una década. En definitiva, después de haber vivido el unilateralismo rampante de un lehendakari iluminado que ha gobernado exclusivamente para su clientela, que ha ignorado el hecho decisivo de que la mitad de Euskadi no es nacionalista, que ha efectuado con pertinacia sucesivas propuestas incompatibles con la Constitución, resulta un irritante sarcasmo que Urkullu salga a defender con gesto inocente las ventajas de la transversalidad.

El pacto PP-PSOE, que debería preservarse de todas las controversias inoportunas, ha sido la magnífica conclusión de la convergencia de los dos grandes partidos estatales que, pese al ruido permanente a que sus debates nos tienen acostumbrados, son capaces de preservar el núcleo constitucional y de realizar aquellos esfuerzos que contribuyen a consolidarlo. El acuerdo entre  López y Basagoiti no es, salta a la vista, una alianza de oportunidad: responde a la convicción de que la alternancia en Euskadi era un asunto de salubridad pública, de verdadera emergencia democrática. Frente a la pretensión romántica de que el País Vasco es una arcádica isla nacionalista, el pacto ha servido para que irrumpiera la evidencia de la diversidad, que no ha de ser destructiva sino enriquecedora.

Así las cosas, no es ni siquiera imaginable que el PSE se preste a escuchar las melifluas ofertas de un Urkullu que no acaba de encontrar su sitio en el sótano helado de la oposición política. Tanto es así, tan claro resulta que este cambio oxigenante ha de ser coherente consigo mismo, que el PNV haría bien desistiendo de unas propuestas vergonzantes que rozan la indignidad. El PNV, que ha llegado a calificar de “ilegítimo” al Gobierno de Patxi López,  que ha rechazado la Ley de Partidos, que se ha posicionado en contra de la expulsión de Batasuna de las instituciones, está hoy por hoy inhabilitado para participar en pactos transversales, y lo seguirá estando mientras no concluya una catarsis muy profunda que lo devuelva a la racionalidad. 

PSE y PP tienen hoy el deber de la normalización del País Vasco. Un concepto que, al contrario de lo que significaba en tiempos nacionalistas, quiere decir hoy erradicación de la violencia, afirmación del pluralismo, rescate de la autonomía y de la Constitución. 

Cuando el Tribunal Superior de Justicia del País Valenciano se hizo cargo de una parte del sumario del “caso Gürtel” por la implicación en el asunto de Camps y otros aforados autonómicos, los medios hicieron hincapié que, realizado el oportuno reparto, el instructor del asunto sería un “juez conservador”. El adjetivo no era inocente ni meramente descriptivo: con él se denotaba cierta desconfianza hacia la actuación del magistrado, reacio seguramente a actuar contra los políticos asimismo “conservadores” que rigen de los destinos de la comunidad autónoma y que aparecían señalados en las diligencias.

Es de justicia reconocer sin embargo que la actuación de dicho juez está siendo impecable. El auto en el que rechaza archivar la causa abierta contra Camps y otros políticos populares es modélico y valiente. Dice sin ambages que obviar el caso “supondría una degradación de los principios que deben regir en todo caso la actuación de quienes ejercen funciones públicas”.

Pero el patinazo de los medios en este asunto no fue gratuito: si los jueces y magistrados que forman parte del Consejo General del Poder Judicial manifestaran  la misma independencia de criterio con respecto a las opciones partidarias que este juez valenciano, no habría lugar a la sospecha de la Justicia pueda a veces dejarse influir por presiones políticas.

Las dos grandes formaciones políticas de Cataluña, el PSC –actualmente en el gobierno de la Generalitat, en coalición- y CiU, han conseguido elaborar por consenso una ley catalana de Educación que ha recibido más del 75% de los votos del Parlament y que no corre por tanto el riesgo de vaivenes a cada alternancia. No es extraño que los medios de Cataluña hayan manifestado su satisfacción por este hecho, que contrasta con lo que ha sucedido en el Estado durante todo el desarrollo democrático: los diferentes puntos de vista sobre esta materia sensible han originado vaivenes muy perturbadores, que podrían continuar en el futuro (LOGSE, LOCE, LOE…).

Como es natural por su gestación, la norma catalana consagra un modelo educativo híbrido de escuela pública –preferida por los socialistas- y privada concertada, sin exclusiones ni límites, incluso en los tramos de educación no obligatoria. Esta amplitud ha supuesto la desafección de IC, pero ha sido asumida por ERC. El Partido Popular, por su parte, que ha votado en contra de la totalidad de la ley junto a Ciutadans, ha perdido una ocasión de oro de ubicarse también en una posición central.

La norma es sólida y ambiciosa, y ente otros objetivos plausibles se marca alcanzar en educación una inversión del 6% del PIB en ocho años, que es el plazo de implementación gradual de la norma (actualmente, se invierte el 2,7%), lo que representaría pasar de 6.000 millones de euros hoy a 13.000 millones. Limita la proporción de alumnos con necesidades especiales por aula para integrar mejor a los inmigrantes, obliga a los centros concertados a asumir también su cuota de población foránea (no con suficiente énfasis, según IC), refuerza el papel de la dirección en la escuela pública y la dota de gran autonomía. Crea un cuerpo propio de la Generalitat de maestros y profesores, a los que se exigirá el perfecto dominio del catalán y el castellano así como conocimiento de lenguas extranjeras, y establece una agencia de evaluación…La nueva ley tiene, como cabía esperar, algunos aspectos controvertidos en materia lingüística, en aplicación del nuevo Estatuto de Autonomía. Se consagra la inmersión lingüística –que ha demostrado largamente su eficacia y que ha dejado de ser un elemento de controversia en Cataluña-, define al catalán como lengua vehicular de la enseñanza, limita a un año el plazo en el que los castellanohablantes deberán aclimatarse al modelo general y no incorpora específicamente el decreto de la tercera hora del castellano. Nada de todo ello es dramático, pese a los aspavientos de los discrepantes, y no parece que se vaya a generar problema alguno por esta causa en la sociedad catalana; sin embargo, el conflicto podría suscitarse si llegara una sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut no tan favorable como la mayoría de las fuerzas catalanas espera. Es imprudente, en fin, desarrollar unos criterios que todavía no poseen el refrendo pleno de su constitucionalidad, pero hay que reconocer que la culpa no es de las instituciones y los partidos catalanes sino de un TC que no ha sabido estar en esta ocasión a la altura del requerimiento histórico que se le formulaba.