Hace casi exactamente un año, el 15 de julio de 2008, el Gobierno hizo públicas las balanzas fiscales, reclamadas insistentemente por las fuerzas políticas catalanas, que acreditaban que Cataluña había tenido una financiación insuficiente como consecuencia del modelo anterior, pactado por cierto por Jordi Pujol con Aznar (conviene recordar estos antecedentes para evitar equívocos). Desde entonces, se ha ido perfilando el nuevo modelo –Salgado ha mantenido íntegramente los planteamientos de Solbes-, en medio de lo que ha parecido ser una colosal subasta.
Finalmente, tras varios aplazamientos, la vicepresidenta económica anunciaba el pasado domingo el nuevo modelo, ya con las tácitas bendiciones de los actores periféricos más reivindicativos. Y cuando la opinión pública esperaba una compleja propuesta de datos matemáticos, tablas, guarismos y balances, Salgado tan sólo entregaba a la prensa un modelo teórico basado en los cuatro fondos que ya había inventado Solbes, en el concepto de población ajustada como baremo principal del reparto y en un aumento sensible de la autonomía financiera gracias a la cesión de un porcentaje mayor de los principales impuestos a las comunidades. En toda su intervención, tan sólo hubo un dato numérico relevante: además de ceder un porcentaje mayor de los tributos compartidos, el Estado aportará en torno a 11.000 M€ adicionales sobre el anterior modelo.
Tras el anuncio, la responsable de Economía hacía llegar a las comunidades autónomas la árida documentación que desarrolla el modelo, aunque sin revelar sus propios cálculos. De hecho, quien hoy se entretenga en sumar las previsiones de todas las CCAA publicadas en los medios de comunicación se percatará enseguida de que el total supera con creces la aportación prometida por el Gobierno.
Sea como sea, la postura de Salgado es inobjetable: el Gobierno no puede efectuar un reparto arbitrario de recursos públicos entre los entes institucionales. Su obligación es dibujar un modelo teórico, negociarlo con las comunidades y atenerse a su desarrollo. Este proceder, no por esperado menos llamativo, ofrece plenas garantías de equidad y desactiva las críticas. Unas críticas que deberán versar sobre los criterios aplicados pero que no podrán reflejar agravios comparativos por la sencilla razón de que los fundamentos del modelo son únicos, iguales para todos.
Además de los criterios de ponderación y cálculo de la población ajustada –que toma en cuenta diversos factores- y de la cuantía del aporte de los 11.000 M€, son ideológicamente opinables otros aspectos del modelo (el estímulo a las comunidades más dinámicas, la desincentivación del dumping fiscal, etc., etc.). Resultaría, pues, razonable que el debate del miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera versara sobre estos elementos de la futura LOFCA, que a partir de ahora deberá ser revisada anualmente (entre otras razones, para ajustar el modelo a la población real).
Hoy por hoy, el desapego del Partido Popular a un modelo confeccionado unilateralmente por el Gobierno bajo conocidas presiones periféricas es perfectamente natural. Sin embargo, sería deseable que por esta vía de la negociación sucesiva se lograse la generación de un creciente consenso que, reactivado de año en año, pusiera término a un forcejeo que no debe convertirse en crónico si queremos estabilizar el Estado autonómico. En los sistemas federales, el modelo de organización es un dato previo, constituyente, no una variable deslizante y sucesiva. Y ya es hora de que aquí dejemos la ontología y nos ocupemos de trabajar para el futuro.
Naturalmente, tras consolidar ese modelo habrá que constitucionalizarlo. El Título VIII de la Constitución tendrá que ser reescrito, y el Senado deberá convertirse en lo que nunca ha llegado a ser, la cámara de representación territorial. Pero tampoco hay prisa: dejemos que ruede el modelo y ya habrá tiempo y oportunidad de darle consistencia en la Carta Magna.