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Más opciones para el Constitucional

Se supone que el Tribunal Constitucional sigue deliberando sobre la constitucionalidad o no del nuevo Estatuto de Cataluña. Tras tres años de lucubraciones corporativas, que han hecho posible un desarrollo ya irreversible de la carta autonómica catalana, el TC ya no logrará salir airoso de la dura prueba: si convalida la norma, habrá cedido a las presiones exorbitantes que han ido arreciando a medida que se demoraba la respuesta; si no lo hace, habrá puesto irreflexivamente en peligro la estabilidad y la cohesión del Estado.

Ante esta disyuntiva dramática, cabrían aún dos opciones más: una de ellas, la de declarar por unanimidad la incapacidad del organismo actual, mutilado y caducado, para obtener una decisión con suficiente peso, por lo que se aplazaría la decisión hasta después de su preceptiva renovación, que debió haberse producido a fines de 2007. La otra, más evasiva, consistiría en reconocer la impertinencia de dictaminar sobre la constitucionalidad de una norma que ya ha sido refrendada en referéndum; en el futuro, la cuestión de constitucionalidad debería ser previa al plebiscito.

Los partidos, con sus marrullerías, han acorralado al Constitucional, que hoy es el ojo de un huracán temible. Quizá no sea lícito pedir a sus miembros el heroísmo de pronunciarse para que, en cualquier caso, caiga sobre ellos el injurioso rayo de la descalificación.

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