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Pacto de Toledo

Para que el Pacto de Toledo, institución residenciada en el Parlamento que resume el compromiso de todos los partidos y agentes sociales de gestionar por consenso el sistema de Seguridad Social, cumpla su función, es necesario que los debates sean públicos y abiertos. Es además muy conveniente que todos conozcamos las posiciones en presencia y que las deliberaciones discurran con luz y taquígrafos para evitar tanto la demagogia cuanto la utilización política de un asunto que, por su propia naturaleza permanente, debe quedar al margen del interés partidista.

 

Viene esto a cuento de la respuesta airada de algunos actores políticos y sociales a la propuesta de retrasar la edad de jubilación. Propuesta que probablemente requiera algunos matices ya que no todos los trabajos son igualmente gravosos pero que parece impecable si lo que realmente se perigue es la sostenibilidad del modelo, es decir, su duración indefinida en el tiempo aunque varíen las premisas demográficas de partida. De cualquier modo, es claro que la sugerencia del retraso, en línea con lo que ya han hecho  otros países europeos, no es una cuestión ideológica sino un elemento para el debate que conviene clarificar.

 

En efecto, frente a la opción de retrasar un par de años la jubilación (junto a otros ajustes menos llamativos pero también importantes incluidos en la propuesta gubernamental) está la nada desdeñable de buscar igualmente la sostenibilidad reduciendo paulatinamente las prestaciones. Deberían proponerlo así quienes manifiestan tan irreductible oposición a extender la vida laboral. Lo que no tiene sentido es la demagogia: no se puede sanear el sistema contribuyendo menos y recibiendo más. Y quien diga otra cosa, cometerá el peor pecado, que es atentar contra el sentido común.

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