Papeles de Westfalia

Mañana se pone a la venta en España el iPad, la célebre y revolucionaria ‘tablet’ fabricada por Apple, un artilugio electrónico que revolucionará decisivamente las formas de acceso a la información y a la cultura. Porque aunque el futuro es en parte imprevisible, todo indica que el iPad se convertirá en la plataforma idónea para la lectura de periódicos virtuales y en el lector mejor desarrollado para los libros electrónicos, que ya son una ambivalente realidad cada vez más difundida y accesible a través de diversos tipos de lectores (Kindle, Sony, etc.) 

La revolución desencadenada por este avance tecnológico influirá de modo determinante en dos grandes ámbitos: las empresas de comunicación y las editoriales. Los medios están recorriendo un difícil camino de adaptación al  desdoblamiento entre el formato físico (papel) y el virtual (Internet), y los libros, base de una industria cultural en revisión, tendrán que adaptarse cuanto antes a las nuevas reglas de juego, que imponen también una dualidad en que infortunadamente la piratería ha comenzado a hacer estragos.

El iPad plantea, pues, retos trascendentales. Sería suicida responder a ellos con prohibiciones en lugar de aportar raudales de imaginación. El futuro es inexorable y lo sensato es allanarle el camino y no alzar muros que serían en todo caso inútiles.

Es indecente: la irritación de la opinión pública, que es manifiesta y crece a medida que se agravan las acciones contra la crisis, no proviene sólo del sacrificio que se exige ni de las incertidumbres que planean sobre el horizonte sino de papel que están desempeñando los miembros más caracterizados de la superestructura política.

Mientras el país se desangra por las heridas de 4,6 millones de parados y de cientos de miles de familias que temen por su futuro a coro plazo, es exultantemente visible que los partidos tan sólo están preocupados por los procesos electorales que se avecinan. Se puede entender que quienes están en la política ambicionen el poder, pero cuando este deseo lo contamina todo con su potencia exorbitante y excluye cualquier signo de magnanimidad, es que la democracia está afectada por una grave patología.

El contenido del tardío ajuste, que el Gobierno ha lanzado cuando ya no tenía más remedio, puede ser opinable pero el recorte era –es- inexorable si no quería permitirse que el país rondara la bancarrota. ¿A qué viene pues, tanta demagogia? ¿Acaso alguien piensa que los ciudadanos no somos capaces de distinguir el grano de la paja?

El sexto borrador de sentencia sobre el Estatuto de Cataluña, redactado por el conservador Jiménez con la complicidad intelectual del progresista Aragón, ha perecido antes de ser votado por falta manifiesta de apoyo. Y ahora, al parecer –todo son sinuosas filtraciones, no certezas transparentes-, la propia presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, se dispone a redactar un nuevo texto que será votado  por bloques, lo que, de confirmarse, impediría una decisión ideológicamente rectilínea y podría dar lugar a un verdadero bodrio.

Este debate interminable, que dura ya casi cuatro años y que mantiene en vilo a la sociedad catalana, indica una incapacidad flagrante, una impotencia insuperable y, lo que es más grave, una falta colectiva de solvencia profesional. Con claridad, los prejuicios políticos, que en sí mismos pueden ser respetables, se sobreponen a las convicciones jurídicas. Y es probable que la consecuencia de esta deriva desastrosa sea un colosal conflicto, ya que el previsible recorte de la Carta catalana que se intuye y que la sociedad catalana rechazará carecerá del prestigio y de la autoridad que sólo podría provenir de la autoridad moral, puesta en duda, de quienes hacen el dictamen.

Los magistrados del TC parecen haber perdido, en fin, el sentido del ridículo. Y su posición poco airosa sólo recuperaría el equilibrio mediante una decisión dramática: la dimisión en bloque. De este modo no se habría resuelto el problema pero se habría abierto una vía hacia su solución.

Cuando el Gobierno –con la aquiescencia tácita, con otros planteamientos, de la oposición- impone sacrificios a la ciudadanía como los enunciados el miércoles por Rodríguez Zapatero, es lógico que la sociedad reclame a cambio contrapartidas. Y, en concreto, una gestión más escrupulosa del dinero público, un mayor sentido de la austeridad… y una lucha todavía más radical y ejemplarizante contra la corrupción.

En este país, hemos pasado de la euforia derrochadora, en que las comisiones y las mordidas eran parte inseparable del paisaje y merecían poca recriminación social, a una situación de crisis en que más de 4,6 millones de parados han perdido su presente y sus expectativas. Y en que todos vamos a tener que apretarnos en alguna medida el cinturón. En estas circunstancias, la ejemplaridad pública ya no es sólo una virtud sino el fundamento sobre el que se sostiene la credibilidad de la política y del sistema.

Estas ideas deberían guiar el tratamiento que Rajoy debe dar a los episodios de corrupción que han corroído algunas dependencias de su partido. Y habrían de dar respuestas contundentes y claras al “caso Camps”.

En España hay, a grandes rasgos, cuatro clases de trabajadores: los funcionarios (con empleo absolutamente estable, aunque mal retribuido), los trabajadores fijos (con empleo relativamente estable e indemnizaciones altas por despido), los temporales (prácticamente sin derechos) y los parados contra su voluntad.

Tal clasificación, que no se corresponde necesariamente con criterios de esfuerzo, mérito y capacidad, se hace particularmente sangrante en épocas de crisis como la actual, en que destaca la posición privilegiada de algunos asalariados frente a la postración de un número cada vez mayor de ellos. 4,6 millones de trabajadores no tienen empleo ni expectativas de lograrlo a corto plazo.

Así las cosas, parecería lógico que los sindicatos, que no pueden renunciar a mantener enhiestos los principios de solidaridad y equidad que forman parte de su naturaleza esencial, mantuvieran un discurso tendente a reducir los graves desequilibrios mencionados. La congelación temporal de los salarios públicos y la tendencia a un único contrato laboral para todos los trabajadores del sector privado serían actuaciones que, con los matices y cautelas que se quiera, facilitarían una más rápida salida de la crisis y la redención más fácil de los desempleados.