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Penas más graves contra la corrupción

Resulta muy difícil de entender por qué la corrupción de los políticos suscita tan escaso reproche social. De hecho, si se cumplen las previsiones de las encuestas sociológicas, tendremos pronto ocasión de comprobar que el estar encausado en los Tribunales por pertenecer presuntamente a tramas de corrupción no es ni mucho menos un baldón invalidante: más bien parece que la sociedad aplaude la pícara habilidad de los facinerosos que se adueñan limpiamente del dinero de todos.

 

Tras esta preocupante indiferencia colectiva está la impresión, sin duda equivocada, de que todos los políticos son iguales, por lo que la corrupción sería simplemente el precio que la ciudadanía tiene que pagar por disfrutar de un sistema pluralista y más o menos democrático.

 

No podemos resignarnos a esta lenidad moral. Y, para evitarla, quizá no haya otro modo que incrementar sensiblemente las sanciones penales a la corrupción. Si la ciudadanía viese que los propios políticos deciden castigar a los corruptos con irremisibles penas de prisión muy elevadas, es posible que se afianzase la condena social. Pero ¿alguien cree, en su ingenuidad, que la clase política va a tirar piedras contra su propio tejado?

 

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