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Los militares no podrán militar

 

Nuestro Ejército profesional está todavía estabilizándose en esta relativamente joven democracia y es natural que haya dudas y vacilaciones a la hora de ultimar su ubicación institucional.  Finalmente, ha cundido el sentido común y los dos grandes partidos que se alternan al frente del Estado se han puesto de acuerdo para impedir que la nueva ley de Derechos y Deberes de las Fuerzas Armadas, en trámite avanzado en el Parlamento, permita a los militares afiliarse a partidos políticos. Atinadamente, los grupos parlamentarios están dispuestos a permitir que los integrantes de las Fuerzas Armadas vean ampliados muchos de sus derechos, aunque con las restricciones que imponen los principios de unidad, disciplina, jerarquía y neutralidad. Entre otros derechos, se reconocerá a los militares los de asociación y reunión, pero no el de participación en manifestaciones de carácter político o la formación de sindicatos en el Ejército.

 

La Constitución de 1978 tan sólo impone la inelegibilidad de los militares profesionales en activo para el cargo de diputado o senador pero del espíritu de la Carta Magna se desprende la voluntad del constituyente de que el Ejército sea políticamente neutral. Tanto por lógica democrática como por coherencia con la historia de un país en el que el intervencionismo de las Fuerzas Armadas fue una lacra que nos ha perseguido hasta hace menos de medio siglo.

 

No se trata de penalizar al estamento castrense por los pecados de sus ancestros sino de extremar aquí la delicadeza con que la milicia, que ostenta el monopolio de la fuerza legítima, debe mantenerse apartada de cualquier interés partidista.

 

 

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