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Sobre la reforma del sistema electoral

En el catálogo de propuestas que ha formulado el movimiento de los Indignados, o del 15M, destaca con diferencia la reforma del sistema de representación, que efectivamente en nuestro país es objeto de despiadadas críticas porque muestra graves incongruencias. Hay pocas dudas sobre la fragilidad del vínculo que une a electores y elegidos en las instituciones, y es lógico que cualquier propuesta de regeneración democrática incluya una reforma del modelo. Sin embargo, no está tan claro que el problema resida en la adopción de un bipartidismo imperfecto que proviene del sistema electoral vigente, que fue el resultado de unos de los primeros consensos de la Transición (ya sirvió para las primeras elecciones fundacionales del 15 de junio de 1977).

 

La fórmula adoptada en España, la proporcionalidad corregida mediante la ley d’Hondt, fue fruto de una larga negociación ya que tuvo qeu conjugar la necesidad de conciliar el pluripartidismo dominante –que no podía dejar al margen al PCE y que incluía  a las formaciones nacionalistas en los territorios históricos- con la deseable estabilidad gubernamental. Este último objetivo, la conveniencia de que los gobiernos fueran mínimamente estables, no sólo impulsó la corrección de la proporcionalidad sino el establecimiento constitucional de la moción de censura constructiva: no sería posible tumbar parlamentariamente a un gobierno si una opción alternativa no lograba al mismo tiempo la confianza mayoritaria de la Cámara Baja.

 

La proporcionalidad pura conduce a la ingobernabilidad, como ha teorizado Duverger (entre otros politólogos) y como se demostró en la Italia de la posguerra, en unas décadas en que los gobiernos de coalición duraban en promedio menos de un año. Y tampoco está claro que sea justo y equitativo que las minorías –en nuestro caso, IU o UPyD- puedan decantar a capricho el signo del gobierno de una institución.

 

En consecuencia, la reforma electoral debería mejorar y depurar el sistema vigente y no cambiarlo: las listas cerradas y bloqueadas otorgan a los aparatos partidarios un poder omnímodo que burocratiza y anquilosa a los partidos e impide la circulación de las elites en su interior.  La generalización de la democracia interna en los partidos, forzando elecciones primarias obligatorias para la provisión de candidaturas, sería otro paso en la buena dirección en unas formaciones en las que a veces se eluden incluso los congresos periódicos obligatorios porque se consideran un obstáculo y no una revitalización.

 

En suma, no tiene mucho sentido intentar regenerar los partidos cambiando el sistema electoral: lo lógico sería abrir los partidos a la sociedad y al pluralismo, un designio que incrementaría también la bajísima afiliación que hoy tienen estas organizaciones.

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