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Fracaso ministerial

El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró este pasado lunes que “sólo” una cuarta parte de los 235.000 perceptores de desempleo investigados en el último año cobraba el paro de forma fraudulenta. Así, 58.000 falsos parados han perdido la prestación por desempleo en los últimos doce meses después de haber sido objeto de una inspección.

Este dato tiene una doble lectura: la conclusión más obvia nos confirma lo que ya sabíamos: hay menos parados reales que los inscritos en las listas del desempleo porque una parte de éstos trabaja en la economía sumergida. Pero, en segundo lugar, se hace patente que el elevado porcentaje de defraudadores corrobora el escaso rigor con que se administran en este país los recursos públicos.

 

Resulta, en fin, escandaloso conocer que el sistema de previsión del desempleo, cuyo sostenimiento consume ingentes cantidades de recursos en aras de la solidaridad, es un agujero negro en que uno de cada cuatro beneficiarios defrauda a la comunidad. Y cuando la disfunción alcanza estas proporciones, ya no se puede culpar exclusivamente a los aprovechados que estafan al común: también el sistema ha fracasado con estrépito.

Es probable, de todos modos, que exista una relación entre ambos elementos: una economía tercermundista que es evidentemente incapaz de dar trabajo a un sector insoportable de ciudadanos es coherente con un Estado que no es capaz de controlar el gasto y dilapida los recursos de todos a mansalva.

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