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La financiación del Estado

Tenemos un problema con la financiación autonómica que el lector entenderá con facilidad: cuando es preciso proceder a la consolidación fiscal, es decir, a reducir el gasto para acomodarlo a los ingresos, de acuerdo con las exigencias que nos impone la Eurozona para garantizar la solvencia del euro, el Estado tiene partidas cuyo recorte no produce perjuicios directos y concretos a la ciudadanía: la inversión pública, por ejemplo, puede aplazarse temporalmente sin que la postergación de obras de carreteras, o de trenes de alta velocidad, o de aeropuertos represente más que un simple contratiempo que tiene solución.

 

Las comunidades autónomas, por su parte, financian en exclusiva los grandes servicios públicos. La sanidad y la educación representan en torno al 80% del presupuesto total, y el 20% restante incluye también otros gastos sociales. En consecuencia, cualquier recorte significativo perturba la prestación de servicios fundamentales y afecta al bienestar de los ciudadanos.

 

En lo referente a los ayuntamientos, el problema financiero es más acuciante: muchos de ellos han vivido literalmente de la especulación inmobiliaria, y están lógicamente en bancarrota una vez que tal especulación ha desaparecido casi completamente, como la propia construcción residencial.

 

Este esquema es intencionadamente simplista y por lo tanto aproximado en aras de la pedagogía, pero basta y sobra para llegar a la conclusión de que es preciso replantear la estructura del Estado y la financiación de sus diferentes niveles institucionales. De otro modo, la sociedad se resentirá más de lo necesario de esta profunda e interminable crisis.

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