Papeles de Westfalia

La Comunidad Autónoma valenciana ha cerrado el Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, prestigiosa Fundación de referencia creada en 1997 y dirigida desde entonces y hasta 2009 por el catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia José Sanmartín. Desde 2008, las restricciones comenzaron a estrangularla hasta que se ha producido el cierre definitivo, seguido de una protesta resonante de personalidades e instituciones de muy diversos campos de la cultura y la inteligencia.

Lo grave del caso es que el presupuesto de la prestigiosa Fundación, que ha investigado en diversos tipos de violencia –desde el terror que sufren los niños y las mujeres en casa hasta el terrorismo, la violencia juvenil o la psicología a de los psicópatas-, era de apenas 600.000 euros anuales. Si se piensa que acaba de publicarse la auditoría realizada a las cuentas de Canal 9 –la televisión autonómica valenciana-, elaborada por Ernst & Young, que da fe de que se encuentra en situación de quiebra técnica, tras registrar unas pérdidas de explotación de 164,64 millones en 2010 y anotarse tanto un fondo de maniobra como un patrimonio neto negativos, la decisión de cierre del Reina Sofía adquiere los tintes ominosos de la arbitrariedad brutal de unos patanes que, al frente de la comunidad autónoma, derrochan escandalosamente el dinero de los contribuyentes.

Una vez más, un año más, esta madrugada del domingo cambiará la hora. Amanecerá antes y anochecerá a media tarde, lo que incrementará la sensación decadente del invierno ya próximo. Un año más, los ritmos de los ciudadanos se verán arbitrariamente alterados, con consecuencias patológicas conocidas en niños y en ancianos sobre todo.

Lo irritante del asunto es que no se ha podido demostrar que esta mudanza, con que los burócratas de Bruselas –que son los que mantienen la atávica costumbre- nos demuestran su exorbitante autoridad, produzca beneficio alguno. En un mundo globalizado y vertiginoso que no se detiene, el gesto ahorrativo admite la metáfora de la gota de agua en el océano. Por lo que la pertinacia en la medida sólo puede atribuirse a la arrogancia de quienes la impulsan con aire misterioso, en contra de la creciente protesta de muchas voces.

Las irreflexivas inercias europeas son las que nos anclan en la mediocridad económica, social, intelectual. Construir Europa debería ser un alarde de ingenio, de adaptabilidad, de audacia. Y no una rutina incómoda y molesta que nos golpea con insensibilidad.

Los euroescépticos británicos, en su mayor parte conservadores, están haciéndole la vida imposible al líder de los tories, David Cameron: ayer, forzaron en los Comunes una votación para renegociar la pertenencia del Reino Unido a la UE, planteando incluso la posibilidad de una salida.  No ganaron pero pusieron la grave fractura de manifiesto.

Desde hace treinta años, el partido conservador está dividido por la ‘cuestión europea’. Y el ala euroescéptica, que parecía dormida, ha resucitado con fuerza al socaire del desastre continental: hasta Krugman explica hoy en un artículo en la prensa madrileña que el euro, pésimamente gestionado, está siendo el culpable de la crisis financiera que padece el Eurogrupo. Los conservadores británicos pueden, pues esgrimir con razón el argumento de que el Reino Unido estaría “arruinado como Grecia, España o Italia” con el euro.

David Cameron, acosado por sus propios conmilitones, llamó a los suyos a la cordura: “cuando arde la casa europea, no es el momento de echar leña al fuego”. ¿O quizá, en buena lógica,  tendríamos todos que aprovechar el incendio de la vieja casa para construirnos sobre las cenizas una residencia nueva?

En esta intensa precampaña electoral, el PP basa su discurso electoral en el impulso a los emprendedores. Un portavoz de este partido llegó a decir que si se consiguiera que un millón de ciudadanos con iniciativa se hicieran empresarios, se acabaría el paro. Ahora, CiU basa también su mensaje en la promoción de los trabajadores autónomos, a los que habría que facilitar más crédito y otras ayudas, como medio para remontar el actual declive.

Es innegable que, en nuestro ámbito occidental de libertad de mercado, la iniciativa empresarial es la que crea empleo y riqueza, la que impulsa el desarrollo, la que protagoniza la dinámica creativa de un país. Y las instituciones públicas tienen la obligación de promover las condiciones para que dicha actividad tenga lugar cómodamente y sin obstáculos, crezca y se desarrolle. Sin embargo, se equivocarían quienes pensaran que ello se logra mediante acciones singulares o a través de algunas fórmulas secretas; habrá emprendedores y empresarios cuando el sistema educativo produzca individuos bien preparados; cuando el sistema financiero goce de buena salud y esté sujeto a una supervisión adecuada; cuando el sistema fiscal estimule el trabajo y la creatividad. En definitiva, ni hay milagros en economía, ni los emprendedores caen del cielo a golpe de la varita mágica de ningún poder.

El viaje de ida y vuelta a la política de Garzón terminó con un grave descrédito para el sistema institucional. Por ello se reformó la ley orgánica del Poder Judicial para que, como parecía lógico, el juez (o el militar) que fuese a la política se arriesgaba a realizar un viaje que era por su propia naturaleza irreversible. Y sin embargo, acaba de ser aprobada y publicada en el BOE una modificación de la ley orgánica del Poder Judicial tramitada con nocturnidad que permite el reingreso de los jueces a su carrera después de haberse dedicado a la política en excedencia especial, acumulando antigüedad durante la ocupación de los cargos institucionales y volviendo a la plaza que tenían antes de su aventura. Fernández Bermejo, ex ministro de Justicia, no ha tardado ni un mes en ejercer este nuevo ‘derecho’. Lógicamente, la reforma beneficia a dos caracterizados miembros del actual equipo socialista, José Antonio Alonso y Antonio Camacho.

Si es grave entremezclar justicia y política en una espuria amalgama que desacredita lo público, lo es todavía más el procedimiento adoptado para consumar el desmán: como explica hoy Alberto Pérez Giménez en “El Confidencial”, en el Senado la apoyaron todos los Grupos representados y en el Congreso se aprobó por 343 de los 350 diputados. Únicamente hubo una abstención, lo que demuestra la gran capacidad de consenso que tienen los políticos cuando se dotan de privilegios. La tramitación fue bochornosa: la norma, de rango orgánico, fue introducida como una disposición adicional de una ley ordinaria, no hubo el preceptivo informe del Consejo General del Poder Judicial y entró en vigor, con carácter retroactivo, a las 24 horas de su publicación. Y fue aprobada tres días antes de que se disolvieran las Cortes. Un verdadero modelo de sentido del Estado que da carnaza al 15M para intensificar su cada día más justificada desafección.

Si se observa la situación de Europa con cierta perspectiva, se llegará fácilmente a la conclusión de que es absurdo que las dificultades por las que atraviesa Grecia, un pequeño país de mediano desarrollo, hayan contaminado tan gravísimamente a todo el Eurogrupo. Algunos datos incuestionables alimentan a este respecto la perplejidad: el PIB de los 17 países de la Eurozona es de 9.234.000 millones de euros, en tanto el de Grecia es de 266.000 millones, apenas el 2,88% del conjunto. La población griega tan sólo representa el 3,53% de la de la Eurozona.

La gran contrariedad que está poniendo en riesgo la continuidad del proceso integrador europeo, que nos amenaza con provocar otra gran recesión y que llega a desestabilizar la economía mundial es, pues, de dimensión ridícula. Tan ridícula que aunque hubiera que rescatar íntegramente a Grecia, la merma para la economía del conjunto apenas se resentiría.

Así las cosas, el diagnóstico no es difícil de hacer: lo grave no es el problema griego sino la fragilidad de Europa. Fragilidad estructural y también fragilidad política e ideológica que impide a los mediocres líderes tomar decisiones con cierta grandeza.