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El jurado naufraga

Lo ocurrido en el ‘caso Camps’ confirma una sensación que muchos hemos mantenido desde que el presidente Felipe González se empeñó en 1995 en introducir en el sistema judicial la institución del jurado, y el entonces ministro Belloch en utilizar el modelo del jurado puro –formado por ciudadanos legos en derecho- en vez del mixto o del escabinado, sistemas que mezclan expertos y profanos y ofrecen lógicamente más garantías de solvencia y ecuanimidad: más de quince años después de su entronización, el jurado no tiene en España prestigio alguno ni arraigo social. Y se mantiene la percepción de que son más justas las decisiones que puedan adoptar los jueces profesionales que las que tome un puñado de personas. José Antonio Zarzalejos lo acaba de explicar en un buen análisis en la Red.

 

En el asunto que inspira estas líneas, es claro que la “no culpabilidad” de Camps tiene que ver con el ambiente social de lenidad que se respira en la sociedad valenciana -a fin de cuentas, de ella provienen los nueve miembros del jurado- con respecto a las corruptelas políticas, que en efecto no han tenido consecuencias electorales. Lo que abonaría la aberrante tesis, manejada profusamente por Camps, de que las urnas redimen de cualquier culpa o responsabilidad penal a los políticos que se sometan a ellas.

 

El “caso Camps” no ha concluido puesto que, en buena lógica,  debería embarcarse en un proceso de recursos. Veremos si el sistema judicial actual es capaz de aportar al desenlace del proceso valenciano la pertinente racionalidad, como ha ocurrido en otros casos. De cualquier modo, la reforma de la Justicia, regresiva en muchos aspectos, que se propone realizar Gallardón, podría enriquecerse con la eliminación del jurado, que probablemente sería una prueba de modernidad.

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