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Peligra RTVE

La corporación RTVE está descabezada desde que a primeros de julio pasado dimitió de la presidencia Alberto Oliart, designado con el acuerdo explícito entre el entonces presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, y el jefe de la oposición, Rajoy. La inminencia de las elecciones hizo entonces imposible la elección de otra personalidad de consenso, situación que aún perdura. De momento, Rajoy y Rubalcaba anunciaron tras su primer encuentro que renovarían los órganos constitucionales, incluido el consejo de administración de RTVE, antes de junio.

 

Como es conocido, el audiovisual público se rige actualmente por la ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, que consagró la neutralización ideológica de tales medios y puso fin a la tácita consideración del ente público como el órgano principal de la propaganda gubernamental. El director general de la corporación deberá ya contar con el apoyo parlamentario de dos tercios, lo que fuerza el consenso de los dos principales partidos. Hasta entonces, con escasas y honrosas excepciones, la radio y la televisión públicas habían sido portavoces del interés de la mayoría política de turno. Sin la menor ocultación ni rubor.

 

Sin embargo, arrecia el rumor de que, ante la dificultad de acordar al nuevo director de la corporación RTVE, el Gobierno estaría considerando la posibilidad de cambiar por decreto-ley la referida norma para que el director general pueda ser elegido por mayoría simple. Ello devolvería el audiovisual público a la situación anterior, es decir, a la fácil manipulación y a la pérdida de crédito político y periodístico.

 

Sectores del PP se lamentan, en público y en privado, de “no controlar” RTVE. Se podrá tener la opinión que se quiera de la labor que realizan los profesionales de la corporación en este tormentoso período de interinidad, pero de lo que no hay duda es de que lo deseable no es que la mayoría política “controle” a unos medios de comunicación cuya única razón de ser es, precisamente, no convertirse en órganos parciales de propaganda política. Antes de dar un paso en falso, Rajoy, que es hombre prudente, debería meditar muy profundamente la conveniencia de mantener un statu quo que es coherente con la democracia madura de que disfrutamos y con el criterio indiscutible de que el interés general ha de prevalecer sobre el interés particular.

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