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Entradas con etiqueta ‘Acción Nacionalista Vasca’

ANV, fuera de las instituciones

Mircoles, 10 Diciembre 2008

El asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, localidad gobernada en minoría por Acción Nacionalista Vasca, formación que se ha negado a condenar la brutal agresión homicida, ha colmado el vaso de la paciencia de muchos demócratas, que no entienden cómo es posible que una organización  ilegalizada consiga mantenerse al frente de las instituciones municipales en las que consiguió instalarse. Como es conocido, ANV, una ‘marca blanca’ de Batasuna establecida sobre una organización registrada en 1977 y reactivada en abril de 2007 para concurrir a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo siguiente, fue suspendida por tres años por el juez Baltasar Garzón el 8 de febrero de 2008 e ilegalizada y disuelta definitivamente por el Tribunal Supremo el 16 de septiembre. 

Cuando ANV optó por presentarse a las elecciones municipales y forales, fue investigada por heredera y continuadora de Batasuna conforme a la ley de Partidos, pero el 28 de abril el juez Garzón –siempre Garzón en todas las salsas- decidió que no había indicios suficientes para acreditar tal relación. Pese a ello, el PP instó ante el fiscal del Estado la impugnación de todas las listas. Finalmente, la Fiscalía impugnó ante el Supremo 110 candidaturas y la abogacía del Estado 122; el alto Tribunal anuló finalmente 133 listas, en una decisión ratificada por el Tribunal Constitucional. ANV logró presentarse en 97 municipios del País Vasco y Navarra y consiguió unos 95.000 votos. Ganó en 31 municipios y logró gobernar en 42. Entre ellos Azpeitia –donde fue asesinado Uría- y Mondragón, la localidad en que fue asimismo abatido por ETA el ex concejal socialista Isaías Carrasco poco antes de las últimas elecciones generales. El ensayo de presentar ‘mociones éticas’ para descabalgar a los alcaldes de ANV ha dado un resultado sencillamente  lamentable.

Tras el asesinato de Uría, el PP ha instado al Gobierno a que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV por el procedimiento del artículo 61 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reformada consensuadamente por PP y PSOE en 2003, que ya sirvió para disolver el consistorio marbellí. Dicho artículo prevé la disolución de aquellas corporaciones “que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo”. La abogacía del Estado cree que es difícil demostraren este caso la reiteración y gravedad del apoyo a ETA. Por lo que la vicepresidenta Fernández de la Vega ha anunciado la reforma de la ley para posibilitar la disolución de las corporaciones gobernadas por un partido ilegalizado. En esta pugna, PP y PSOE han insinuado una incipiente confrontación que no es coherente con la declarada intención de mantener un consenso estrecho en materia de lucha antiterrorista. Y no debe perderse de vista que mucho más importante que expulsar a ANV de las instituciones es conseguir que no se fracture de nuevo la unidad democrática frente a ETA. Abortado por los terroristas el último y legítimo intento de un ‘final negociado’ de la violencia, ya sólo resta ultimar la batalla actual en que las ideas democráticas y el Estado de Derecho se están imponiendo claramente a los ardides mafiosos de los criminales que, aunque conscientes de que su batalla está perdida, no cejan en su mensaje de muerte y desolación.

Legislar en caliente

Sbado, 6 Diciembre 2008

Unamuno denostaba ya la “legiferación”, o propensión patológica de nuestro país a producir normas, partiendo de la creencia equivocada de que todos los problemas de cualquier índole tienen solución legislativa. El vicio no ha cesado en absoluto sino al contrario, y cada vez que aparece una disfunción social grave, un delito particularmente odioso, una sinrazón política de cualquier naturaleza, surge la propuesta de una reforma legislativa, o de una ley nueva.

Esta costumbre de legislar “en caliente” es extraordinariamente lesiva para la coherencia interna del aparato jurídico que enmarca nuestro sistema de organización política y social. Así por ejemplo, son muchos los juristas que denuncian la utilización abusiva del código penal para reprimir actos antisociales, de forma que, además de haber establecido demasiadas barreras a la libertad personal –innumerables infracciones menores son ya delito-, hemos perdido cualquier atisbo de proporcionalidad entre los delitos y las penas. Las consecuencias desastrosas de esta sinrazón están bien a la vista: una mujer ha sido condenada a prisión  por haber dado un bofetón a su hijo, un hincha futbolístico a más de tres años de prisión por ‘atentado a la autoridad’ y numerosos infractores de la normativa de tráfico se han convertido asimismo en delincuentes. El celo represor es tan grande que ciertos delitos no particularmente reprobables reciben sanciones más graves que el homicidio, por poner un ejemplo bien inteligible.

Esta tendencia claramente reaccionaria –conviene insistir en el adjetivo- se está extendiendo aceleradamente al terreno político. Tras el brutal asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, localidad vasca gobernada en minoría por Acción Nacionalista Vasca, el Gobierno ha anunciado, a presiones del Partido Popular, que reformará la Ley de Bases de Régimen Local para impedir que miembros de partidos ilegalizados presidan ayuntamientos, lo que sucede actualmente en 42 municipios de Navarra y Euskadi.

En efecto, la actual redacción del artículo 61 de la mencionada ley, que fue utilizado para disolver la corporación municipal de Marbella, permite también la adopción de tal medida extrema cuando los gobiernos municipales “den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”. La abogacía del Estado, requerida  hace unos meses, dejó bien claro que la disolución no tendría cobertura legal si el apoyo al terrorismo de las corporaciones no fuese “reiterado o grave”. Y ello explica que el Gobierno se disponga ahora a la reforma de la norma.

La experiencia de medio siglo de lucha antiterrorista, en que se han probado todas las opciones jurídicas y políticas, demuestra que no hay atajos en esta batalla. Ni atajos heterodoxos ni tampoco legales. Bien está que se ejerza presión sobre los fanáticos que sostienen a ETA al mismo tiempo que se lucha encarnizadamente contra los pistoleros, pero téngase en cuenta que la estridencia reformista que desatenta los equilibrios internos del sistema no es la buena vía hacia la racionalidad y el fin de la sinrazón.

Una cierta cobardía

Jueves, 4 Diciembre 2008

Quienes no creemos en los derechos colectivos ni participamos del entusiasmo irreflexivo y totalitario que suscita la palabra pueblo en su sentido gregario e inorgánico, pensamos por pura coherencia con nuestras propias ideas que tampoco existen responsabilidades colectivas. Ni en lo jurídico –ya se sabe que sólo las personas físicas pueden ser objeto de una sanción penal- ni tampoco en lo político, ni mucho menos en lo social.

Dicho esto para evitar cualquier equívoco,  parece evidente que sí existen valores y creencias extendidos sobre el cuerpo social que son permeables a los vientos exteriores y que fluctúan según las circunstancias. Y en Euskadi, en concreto, la presión de la violencia durante tantos años ha generado una insensibilidad manifiesta, chirriante en ocasiones, que fácilmente puede ser confundida, con razón o sin ella, con un atisbo de cobardía o de insuficiencia moral. Como si los resortes que producen la rebelión automática frente a la iniquidad, frente a la injusticia, frente a la sinrazón se hubieran oxidado y hubiesen quedado inservibles.

El horrendo asesinato del empresario vasco Ignacio Uría por dos pistoleros etarras en una calle de Azpeitia reúne todos los ingredientes repugnantes que concurren en la anterior reflexión. El móvil del crimen es, supuestamente, la oposición de los iluminados fanáticos a una infraestructura que moderniza decisivamente el País Vasco, en contra del objetivo arcádico y autárquico de los radicales ultranacionalistas. Los aguerridos “gudaris” que son aplaudidos por su heroísmo por los miembros de su propia secta han realizado la proeza de disparar por la nuca a un jubilado de 70 años, desarmado e inerme. La peña de la víctima, formada por los compañeros de solaz que jugaban con él a las cartas en las sobremesas, no interrumpió ese día la partida: la silla de Uría fue ocupada con toda naturalidad por otro contertulio. Y tras conocerse el asesinato el mismo miércoles, y antes de que cristalizaran las reacciones  oficiales, las gentes de Azpeitia salieron espontáneamente a las calles a manifestar su indignación: aquella muchedumbre airada estaba compuesta por nueve manifestantes.

En lo político, Azpeitia está gobernado en minoría por Acción Nacionalista Vasca (ANV), la segunda marca de Batasuna, que no se adhirió a la declaración de condena del atentado y se limitó a presentar una moción en que expresaba su pesar por la muerte del convecino. ANV mantiene la alcaldía porque, tras la ruptura de la tregua etarra, tanto Eusko Alkartasuna como Aralar se han negado a expulsar sistemáticamente de los ayuntamientos a los cómplices de ETA. En esta ocasión, preguntado el portavoz de EA sobre cuál será su actitud a este respecto, el sujeto en cuestión ha respondido indecentemente que su partido tiene que examinar cuidadosamente los programas de unos y otros antes de pronunciarse.

Habría más anécdotas macabras que anotar, más sinrazones que denunciar, más dejaciones morales que resaltar pero ya es bastante la enumeración anterior para obtener conclusiones: si la expulsión de ETA de la vida pública y de los intersticios sociales vascos requiere el rearme moral de la sociedad de Euskadi, parece evidente que este proceso de recuperación de la ética, de acumulación de coraje contra la insidia de los fanáticos, de acopio de valentía para hacer frente al terror y a la muerte no ha concluido ni de lejos todavía. La situación presente es el fruto de una cierta cobardía colectiva. Conviene reflexionar sobre ello.