Blogs

Entradas con etiqueta ‘CiU’

PP y PSOE se necesitan

Lunes, 9 Marzo 2009

El proceso sin duda más reconfortante que afecta la política española en los últimos años es la progresiva contracción del nacionalismo periférico, especialmente de sus manifestaciones más radicales. La ciudadanía de este país, que ha demostrado gran sabiduría y una poderosa intuición en los treinta años de recorrido democrático, ha ido percatándose seguramente de que la dispersión de voto y su atribución a fuerzas excéntricas que ponen en duda los fundamentos del sistema comenzaba a debilitar el régimen constitucional, que goza del aprecio y satisface plenamente a la inmensa mayoría de los españoles.

Enric Juliana acaba de publicar en la prensa de Cataluña un análisis en el que constata que ésta es también la opinión de los más reputados sociólogos políticos, como José Juan Toharia o Juan Ignacio Wert. Y los datos son reveladores: en las pasadas elecciones generales de las que ayer precisamente se cumplía un año, todas las formaciones periféricas perdieron votos; la débacle fue particularmente estrepitosa para ERC, que redujo su clientela a menos de la mitad y pasó de 8 escaños a 3 en el Congreso, así como para el PNV, que vio cómo se esfumaban 120.000 votos de su cantera y perdió las elecciones en las tres provincias vascas, en las tres capitales y en la mayoría de las grandes localidades.

En las elecciones del 1 de marzo, las fuerzas del ‘tripartito’ vasco perdieron 62.000 votos y la mayoría absoluta de escaños, y ni siquiera podrían ya formar gobierno con Aralar, que recogió buena parte del voto ‘abertzale’. Gracias a ello, el PSOE podrá gobernar en Euskadi con el apoyo del PP.

Sin embargo, el adelgazamiento de los nacionalismos crea dificultades al partido político que Gobierna en el Estado con mayoría relativa (las mayorías absolutas son la excepción y no la regla en este país, a causa del sistema electoral proporcional). El pacto vasco PP-PSOE genera en este sentido inestabilidad en el Parlamento español, ya que el PSOE perderá la posibilidad de apoyarse en el PNV. Así las cosas, el grupo socialista no tendrá más remedio que recurrir a las minorías irrelevantes de la Cámara para sacar adelante sus iniciativas. Pero si cundiese cierta magnanimidad en los grandes partidos, este obstáculo podría salvarse fácilmente. De hecho, resultaría difícil de entender que el PP no facilitase la estabilidad cuando de lo que se trata en esta coyuntura excepcional es de combatir la crisis económica, objetivo primordial y casi único de esta legislatura. Algunos portavoces socialistas ya han requerido a Rajoy para que preste apoyo al Gobierno en este designio.

Si el PP y el PSOE, que son capaces de favorecer el cambio en Euskadi, no acertaran a entenderse en la lucha contra la crisis, mandarían a la opinión pública un mensaje equivocado: el de que las minorías nacionalistas no sólo no entorpecen el proceso político sino que son necesarias para garantizar la gobernabilidad. En cambio, si los dos grandes partidos demuestran que pueden cumplir sus respectivos roles sin desestabilizar ni paralizar el devenir político, es muy probable que consigan incrementar sus clientelas periféricas, en perjuicio de las anticuadas opciones particularistas que persiguen intereses locales por el procedimiento de introducir cuñas en los engranajes del Estado.

El giro al centro del PP facilita grandemente las cosas porque restablece una plausible simetría parlamentaria que hace posibles la cooperación y el diálogo. No habría que demorar, pues, la extrapolación del pacto PP-PSOE en Euskadi a un gran acuerdo de Estado en Madrid. El drama social de la crisis exige este esfuerzo.

La estabilidad de la legislatura

Sbado, 7 Marzo 2009

La formación de un gobierno socialista en el País Vasco con el apoyo político del Partido Popular, que relegará al Partido Nacionalista Vasco a la oposición, creará un problema evidente de estabilidad al Gobierno, constituido por una formación política, el PSOE, que también mantiene a CiU en la oposición en Cataluña. En ambos casos, las fuerzas nacionalistas hegemónicas están resentidas con el Partido Socialista, que les ha impedido gobernar a pesar de que en las respectivas elecciones autonómicas fueron las que obtuvieron más votos y más escaños.

El PSOE consiguió en las últimas elecciones generales 169 escaños, de forma que está a siete diputados de la mayoría absoluta. Hasta ahora, el grupo socialista se ha apoyado con frecuencia en el PNV (seis diputados) para sacar adelante sus iniciativas legislativas –la ley de Presupuestos de este año, por ejemplo-, ya que CiU (once diputados) se ha negado a cualquier colaboración. Si el Gobierno pierde también el apoyo del PNV, quedaría teóricamente en manos de ERC (tres escaños), IU (dos), BNG (dos), CC (dos), UPyD (uno) y Nafarroa Bai (uno).

Parece innecesario decir que la coyuntura de este país es sumamente grave a causa de la crisis económica, por lo que no resultaría nada tranquilizador que el Gobierno estuviera a merced de tan heterogéneas e insignificantes minorías. Así las cosas, tiene todo el sentido que el Gobierno reclame y que el PP conceda una estrecha colaboración entre las dos grandes fuerzas políticas en aquellos asuntos de Estado que hay que abordar con premura y énfasis en esta legislatura.

Tras las elecciones del 1-M, el liderazgo de Rajoy ha salido indudablemente fortalecido, a pesar de los episodios de corrupción y espionaje que quedarán superados si Génova aplica con firmeza la cirugía necesaria. Así las cosas, es evidente que el líder de la oposición tiene al alcance de la mano adquirir envergadura de estadista si sabe entender que su papel ahora no sólo consiste en la contradicción y el control del Gobierno sino en cerrar un gran pacto anticrisis y otros monográficos sobre la Justicia, sobre política exterior y sobre los asuntos de Estado que lo requieran.

Ramón Jáuregui le explicaba a este columnista recientemente que ésta es precisamente la intención de la mayoría: conseguir la estabilidad parlamentaria no sólo mediante ocasionales pactos con las minorías sino a través de un acuerdo de mayor calado con el principal partido de la oposición, que adquiere todo el sentido en las circunstancias excepcionales en que nos encontramos. Ha de tenerse en cuenta que el arma principal en la lucha contra la crisis, la confianza, no provendrá tanto de las medidas que sucesivamente se vayan aplicando cuanto de la aparatosidad y consistencia de la respuesta que reciba la recesión de parte de las instituciones del Estado.

Conviene, en fin, que Rajoy se libere cuanto antes de los tumores que debe extirpar en su partido y que se apreste a cumplir esta misión trascendental que le corresponde y que le permitirá sin duda asentarse definitivamente al frente del hemisferio conservador de este país.

Elecciones vascas y gobernabilidad

Mircoles, 14 Enero 2009

Las elecciones autonómicas vascas del 1 de marzo pueden representar la salida del nacionalismo del poder en la comunidad, tras casi tres décadas de ocuparlo. Pero también pueden suponer la entrada de nuestro país en una etapa de inestabilidad dada la dificultad que encontrará el Gobierno socialista para encontrar apoyos parlamentarios.

El panorama es el siguiente: todos los pronósticos auguran que, aunque el PNV ganará las elecciones regionales, la correlación de fuerzas resultante de la consulta no permitirá la reedición del ‘tripartito’ (PNV-EA-IU). Y sí, en cambio, la formación de un gobierno socialista en minoría apoyado desde fuera por el Partido Popular.  En 2005, la coalición PNV-EA consiguió 29 escaños y 18 el PSOE, con 190.000 votos de diferencia; se piensa que la distancia se reducirá considerablemente, pero no tanto como para que el PSOE sobrepase al PNV, que ahora se presenta sólo.

Si se confirma esta situación, el PNV de Urkullu intentará por todos los medios convencer al PSOE para formar un gobierno transversal, como los que se sucedieron en el País Vasco antes de que Ibarretxe optara por la fórmula actual cuando ya las relaciones PNV-PSE se habían deteriorado gravemente, a causa sobre todo de la radicalización del nacionalismo que impulsó Arzallus y que desembocó en el Pacto de Estella. Para ello, Urkullu estaría incluso dispuesto a jubilar definitivamente a Ibarretxe y a colocar en su lugar a una figura moderada del estilo de Ardanza (se habla insistentemente de que quien mejor podría responder a este perfil sería Izaskun Bilbao, actual presidenta de la Cámara Vasca). Rodríguez Zapatero vería con buenos ojos esta solución, que no sería sin embargo aceptada por Patxi López y su núcleo de poder en el PSE-PSOE. En definitiva, si no suceden sorpresas, López será, al menos por un tiempo, lehendakari. Una saludable experiencia para la democracia vasca, que no ha experimentado nunca la alternancia.

Los problemas los tendrá en esta hipótesis el gobierno central, que ya no podrá contar con el apoyo parlamentario del PNV. Como es sabido, el grupo socialista está a sólo siete escaños de la mayoría absoluta, pero tras haber pasado CiU en Cataluña a la oposición, los seis votos del PNV le resultan vitales, como se ha comprobado en la reciente tramitación delos Presupuestos Generales del Estado. 

La posición de la mayoría socialista se volverá entonces delicada en Madrid. No peligrará la estabilidad del Gobierno ya que resultaría impensable que prosperase una hipotética moción de censura, que en nuestro régimen constitucional ha de ser constructiva –es decir, ha de incluir la propuesta de un candidato alternativo-, pero la tramitación de los proyectos legislativos puede volverse un calvario para el Gobierno.

Esta evidencia lleva a algunos buenos conocedores de la realidad vasca a pronosticar que el reinado de Patxi López sería en este caso efímero. La capacidad de adaptación del PNV, que no dudaría en adquirir un perfil moderado para asegurarse la vuelta al poder, auspiciaría pronto el paso a la fórmula transversal, que no en vano es con diferencia la más apreciada por la ciudadanía vasca, según acreditan todas las encuestas.

Nacionalismos y Constitución

Lunes, 8 Diciembre 2008

El leitmotiv del trigésimo aniversario de la Constitución de 1978, que acaba de celebrarse con la solemnidad de los números redondos, ha sido la conveniencia o no de reformar una Carta Magna que, aunque admirable y utilísima, acusa el paso de los años en algunos aspectos de menor cuantía.  Al propio tiempo, y como ya comienza a ser habitual, los nacionalismos periféricos, con la sola excepción de Convergència i Unió, no sólo han estado ausentes de las conmemoraciones oficiales sino que, en algunos casos significativos, han aprovechado la coyuntura para desmarcarse explícitamente de la Constitución. El caso de las intolerables expresiones de Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya, es la constatación extrema de lo que quiere decirse.

Así las cosas, la reforma de la Constitución y el acomodo de los nacionalismos a este marco jurídico que los ciudadanos nos hemos dado son asuntos que cada vez están más interconectados. Porque la opinión pública ha comenzado a preguntarse si tiene sentido que se conceda a ciertas minorías radicales, que no tienen interés alguno en la buena salud del Estado, la capacidad de influencia que la Constitución y el generoso sistema electoral que de ella emana les conceden. En la legislatura anterior, 2004-2008, las minorías llegaron a condicionar significativamente las políticas de un Gobierno que había quedado a 12 escaños de la mayoría absoluta; y fue tan negativo aquel influjo que la propia soberanía popular ha rectificado: en las elecciones generales del pasado marzo, tanto el PSOE, que las ganó, como el PP, que ha seguido siendo la principal oposición, han subido su representación en cinco escaños, lo que ha reducido sensiblemente el peso específico de las minorías. ERC, en concreto, ha descendido súbitamente de 8 a 3 escaños en el Congreso.

Dicho en otros términos, la reforma constitucional que se ha manejado hasta ahora, a la espera de que un improbable clima de entendimiento PP-PSOE la haga viable, se limitaba a proponer una actualización de la norma fundamental –la consolidación del Estado autonómico y la reforma del Senado, la mención a la Unión Europea, la reforma de la sucesión a la Corona, etc.-, pero cada vez más se advierte que la reforma que podría resultar a medio plazo indispensable es la que, como hace la ley de d´Hondt en el conjunto del Estado, limite la representación de las minorías en el Parlamento español. No tiene sentido que Izquierda Unida, con más de 900.000 votos, obtenga dos escaños y que CiU, con menos de 800.000, obtenga 10.

Es claro que no todos los nacionalismos son iguales, y que resultaría altamente injusto no destacar el sentido del Estado que ha manifestado casi siempre Convergència i Unió, y que nada tiene que ver con la actitud de otros independentismos radicales. Pero, hecha esta salvedad, resulta evidente que no es sostenible esta conducta de que hacen gala las minorías y que consiste en poner precio material a sus apoyos parlamentarios. Una democracia no es una subasta, y no repugna excluir de la ceremonia política a quienes así lo piensan y obran en consecuencia.

La ’sociovergencia’

Lunes, 27 Octubre 2008

El pasado día 19, Josep Antoni Duran Lleida aprovechó la clausura del congreso de su partido, Unió Democràtica de Catalunya (UDC), cuyo liderazgo acababa de renovar, para exponer solemnemente que, a su juicio, la traducción práctica de la centralidad política en que UDC ha decidido instalarse para afrontar el futuro es la “sociovergencia”, es decir, la alianza entre el Partido Socialista y la CiU, la coalición formada por los democristianos de UDC y los nacionalistas de CDC. Tal manifestación fue solemnizada en presencia de Isidre Molas, presidente del PSC, y del líder de CDC y de CiU, Artur Mas. Mas, que no rechaza la propuesta, sostiene sin embargo que CiU ha ponderar también la conveniencia de aliarse con ERC.

 Y tras las palabras, los gestos: el jueves pasado, parlamentarios del PSC y de UDC escenificaron el anuncio de que el próximo 14 de noviembre se reunirán en encuentro protocolario Duran y Montilla. Posteriormente, y para evitar equívocos, los socios de CiU decidieron celebrar un comité ejecutivo de la coalición el día 10. Pese a esta afabilidad en Barcelona, CiU defendía en Madrid, por boca de Duran, su enmienda a la totalidad del proyecto de presupuestos generales del Estado.

La “sociovergencia” es, en principio, la fórmula de gobernabilidad de Cataluña compuesta por la alianza entre CiU y el PSC-PSOE. Pero evidentemente tiene una proyección estatal: representaría también el compromiso de CiU con el Partido Socialista, que podría llegar al gobierno de coalición, fórmula que nunca aceptó Pujol durante su largo mandato. En definitiva, la “sociovergencia” significaría el cambio de socios del PSC tras las elecciones –en principio- de finales de 2010, de forma que ERC  e IC pasarían a la oposición.

Sucede sin embargo que la alianza CiU-PSC sumaría actualmente 85 de los 135 escaños del Parlamento catalán. Se trata de una “gran coalición” entre las dos mayores fuerzas del centro-derecha y del centro-izquierda, poco razonable por cuanto lo natural, por razones obvias, es que los dos grandes partidos se alternen en el gobierno. De hecho, es previsible que la fórmula “sociovergente” representaría el bloqueo monopólico del poder en Cataluña durante mucho tiempo. Máxime cuando son patentes el declive de ERC y el estancamiento de IC y del PP catalán.

Esta evidencia suscita una gran paradoja por cuanto sí tiene todo el sentido la cooperación PSOE-CiU en el Parlamento español. CiU es la minoría moderada por antonomasia, que desde los tiempos del portavoz Roca ha dado pruebas gran sensatez y de arraigada lealtad institucional. Una coalición entre ambas formaciones –preferiblemente con ministros convergentes- resultaría altamente  estabilizadora y fecunda. Lo que ocurre que es muy difícil, prácticamente imposible, compatibilizar esta cooperación estatal con la rivalidad actual en Cataluña, donde el PSOE es poder y CiU oposición.

Montilla, de momento muy cómodo en su actual posición, tiene en su mano las últimas decisiones al respecto. De momento, es impensable que cambie su actual sociedad por la sociovergencia porque, con sólo 37 escaños frente a los 48 de CiU, debería ceder a Mas la presidencia de la Generalitat. Habrá que esperar, pues, seguramente, al 2010 para que pueda invocarse la apuesta de Duran, que dejaría en posición excéntrica y desairada a las demás minorías nacionalistas del Estado y que, desde luego, daría a Cataluña y al sistema político español la posibilidad de pulir ciertas aristas estridentes y de asentar ya para siempre la estructura cuasi federal de nuestro Estado de las Autonomías.

 

Sacar tajada

Lunes, 8 Septiembre 2008

Los Presupuestos Generales del Estado, la única herramienta verdaderamente eficaz que tiene el Gobierno para afrontar la crisis económica (como es conocido, ya no ejerce control sobre la política monetaria, que se dicta desde Franckfort), están a punto de llegar al Parlamento. Y el Ejecutivo tiene dificultades para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante esta ley orgánica ya que CiU, la minoría moderada que representa al nacionalismo centrista catalán, se niega esta vez a prestar sus votos porque vincula este asunto al desarrollo de la financiación autonómica, que, en todo caso, llevará un ritmo más despacioso.

Por ello, el Gobierno ha vuelto el rostro hacia el nacionalismo vasco. Y el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, señor Erkoreka, ha declarado paladinamente y con la mayor frivolidad que, aunque lo que “le pide el cuerpo” es pagar al PSOE con la misma moneda [se refiere a la negativa gubernamental a la consulta soberanista que pretendía llevar a cabo Ibarretxe], su partido está dispuesto a apoyar los Presupuestos Generales del Estado que presente el Ejecutivo siempre que consiga “sacar tajada” sustanciosa de dicho respaldo.

En definitiva, el nacionalismo catalán se desentiende del principal problema que tenemos en este momento los españoles, catalanes incluidos, y el PNV ve en este asunto una oportunidad para arrancar a “Madrid” nuevas dádivas que todos pagaremos a escote, a pesar de que Euskadi disfruta del concierto  económico que lo sitúa en posición privilegiada.

Quienes pensamos que nuestra política es en general demasiado ruin, que le falta ese trasfondo de grandeza que ha de caracterizar a los regímenes democráticos, que se basan en un conjunto de profundas convicciones humanistas, ya disponemos de un argumento más para sostener tal tesis. La visión de la vida parlamentaria como la defensa del interés propio o como un simple trueque mercantil es detestable, la más detestable de todas. Las ideas y los principios quedan al margen.

En el fondo, es el nacionalismo el que más perjudicado queda con la exhibición impúdica de este criterio. Porque nacionalistas son quienes otorgan más valor a unos imaginarios, románticos e irracionales derechos colectivos, y a los intereses a ellos asociados, sobre los principios racionales de la ética civil. Es decir, están con frecuencia al borde del fanatismo, que no es más que la negación sentimental de la racionalidad.