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Bermejo y la huelga de jueces

Mircoles, 18 Febrero 2009

La desolación causada por la crisis económica tiene hoy el sobreañadido ingrato de la huelga de jueces, que ha contribuido a incrementar el malestar social de este país, aterido por las gélidas noticias y previsiones que anuncian la larga travesía del desierto. Los jueces se han equivocado absolutamente al utilizar a un arma de presión sindical cuando tienen constitucionalmente vetado afiliarse a sindicato alguno (art. 127.1 C.E.). Pero el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, tampoco saldrá indemne de la prueba.

Conviene recordar que los jueces son individualmente los titulares del poder judicial (ese poder no descansa, como generalmente se cree, sobre el Consejo General, sino que son los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional quienes lo ostentan). En consecuencia, resulta muy chirriante que quienes desempeñan una función tan trascendente en la estructura del Estado vayan a la huelga. Huelga, ¿contra quién? ¿Acaso contra el Gobierno, como si el Poder Ejecutivo fuera su empleador? ¿Quizá contra los ciudadanos? Y es innegable que esta conducta frívola, por justificada que éste por unas demandas que todos compartimos y que son razonables, mina el más valioso patrimonio de la Justicia: su prestigio. No parece serio que quien tiene en su mano la libertad, la hacienda y el destino de las personas se comporte con esa ligereza.

Dicho esto, es claro que la huelga tiene ribetes políticos. Porque no se entendería este acto de fuerza sin observar también el trasfondo del “caso Mari Luz”, en el que Gobierno se entrometió en el régimen disciplinario de los jueces diciendo en voz alta lo que pensábamos todos los ciudadanos. Y es evidente asimismo que el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, no ha sido capaz de reconducir esta situación. Las asociaciones judiciales no lo han ocultado: el temperamento arrogante y nada condescendiente del ministro ha hecho imposible acuerdo alguno para evitar la huelga, a pesar de que sea cierto que precisamente ahora se están realizando cuantiosas inversiones en la modernización de la Justicia. Y, lejos de reconocerlo, Bermejo clama ahora porque se abra expediente a los jueces huelguistas, cuando el propio Consejo, que cree que existe un ‘vacío legal’ al respecto, ha descartado hacerlo. Más leña al fuego.

Todo esto se añade a la insensibilidad de Bermejo en lo que respecta a su fin de semana cinegético con Garzón. Es un sofisma la tesis de que aquel esparcimiento pertenecía al ámbito de la “vida privada” del ministro. Pompidou, en memorable ocasión y cuando uno de sus ministros pretextó unos problemas particulares, lo destituyó fulminantemente con el argumento de que “los ministros no tienen vida privada”. Lo que los ocupantes de las instituciones hacen de puertas afuera de su casa es indubitablemente público, por lo que Bermejo es reo de un error gravísimo. Así parece haberlo entendido  el propio Zapatero, quien ni siquiera cruzó una mirada con su colaborador al coincidir ambos en el Senado.

El problema de la Justicia, que se arrastra desde el arranque de la etapa democrática, debe resolverse cuanto antes, no a causa de la huelga sino porque existe conciencia general de que la penuria de medios materiales y humanos ha llegado al límite. Y en esta tesitura, no parece que Bermejo sea la persona adecuada para pilotar esta transformación.