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Fracaso judicial

Mircoles, 24 Diciembre 2008

El nuevo Consejo General del Poder Judicial ha sido incapaz de restablecer el prestigio de la judicatura tras el colosal error del juez granadino que no ejecutó una sentencia de prisión impuesta a un pederasta, lo que dio a éste ocasión de cometer el horrendo asesinato de la niña de Huelva  Mari Luz, un crimen que ha conmovido a todos. La decisión de mantener para el juez en cuestión una sanción pecuniaria de 1.500 euros por simple ‘falta grave’ ha sido tomada por catorce votos a siete, tras una fuerte discusión en la que ha primado la condición de juez –el corporativismo- de los consejeros que han formado la mayoría, con Divar a la cabeza, frente a la agrupación ideológica derecha-izquierda que tradicionalmente fracturaba a este organismo. Como es conocido, el fiscal solicitaba tres años de suspensión para el juez por ‘falta muy grave’.

Con toda la razón, el ministro de Justicia, airado, ha anunciado que el Gobierno va a instar la reforma del régimen disciplinario de los jueces para que “no vuelva a repetirse” lo que acaba de suceder. Y es muy probable que la fiscalía del Estado recurra esta decisión ante el Tribunal Supremo: entonces habrá ocasión de ver si el corporativismo se detiene en los órganos político administrativos o se ha instalado irremediablemente en la totalidad del escalafón judicial.

Es claro que este asunto tiene dos vertientes que se intersectan, la jurídica y la profesional. Es posible que en aplicación estricta del Derecho, el juez que cometió aquella escandalosa omisión pudiera ser merecedor de un trato benevolente. Pero quien acepta la responsabilidad de dirigir un juzgado, una oficina judicial, ha de asumir íntegramente las consecuencias de sus actos. Ya se sabe que el sistema judicial está sobrecargado, que no dispone del personal suficiente, que los medios de organización son obsoletos, y todo ello podría explicar retrasos y aun equivocaciones administrativas. Pero en el ámbito de lo penal, las “causas con preso”, es decir, aquellos procedimientos en los que está en juego la seguridad de la ciudadanía, no admiten descontrol alguno. ¿Cómo se les puede decir a los atribulados padres de una niña asesinada por un malhechor que debía estar en la cárcel que el crimen ha sucedido porque el juez no daba abasto en su juzgado?

Todo esto es tan evidente que se ha podido palpar la generalizada indignación de una opinión pública que en estos treinta años de democracia no ha terminado de establecer nexos sinceros con la Justicia, en gran medida por el comportamiento indecoroso de un Consejo General sistemáticamente politizado que no ha sabido ganarse el prestigio y el respeto. Pues bien: ante este nuevo dislate, que marca el rumbo definitivamente equivocado del nuevo CGPJ, las tres asociaciones judiciales han optado por aplaudir o por mirar hacia otro lado. Incluso la progresista Jueces para la Democracia ha preferido escabullirse y pasar de largo para no comprometerse en la sanción a un “compañero”.  Ante esta situación, es bien probable que haya que acometer una reforma muy a fondo del sistema judicial de este país. 

Justicia sin rumbo

Jueves, 16 Octubre 2008

Sus señorías se han ofendido. El “caso Mariluz” trae cola, y los jueces de este país han decidido expresar su malestar: han convocado Juntas de Jueces simultáneas a la huelga que asimismo han convocado los secretarios judiciales para el próximo día 21. La razón es manifiesta: el Gobierno se ha entrometido, directamente mediante duras declaraciones y a través de la Fiscalía del Estado, en la depuración de las responsabilidades de aquel terribles asunto: el asesinato de una niña por un pederasta ya condenado que se hallaba sin embargo en libertad por un error judicial. Con la particularidad de que el juez que cometió el dislate, jefe de la Oficina Judicial y responsable último de cuanto sucede en su juzgado, ha sido hasta ahora sancionado por el CGPJ con 1.500 euros en tanto la secretaria judicial que actuaba a sus órdenes ha sido suspendida de empleo y sueldo por dos años por el Ministerio de Justicia.

La indignación del Gobierno ha sido en este caso trasunto de la que ha sentido toda la sociedad al comprobar cómo el corporativismo judicial, la vieja lacra, impedía a la Justicia autorregularse, hasta el punto que algunos nos hemos cuestionado si el vigente sistema de autogobierno judicial tiene sentido y puede mantenerse. La irritación de los jueces no es, pues, pertinente, y esa arrogancia que se trasluce del comunicado del CGPJ en que reivindica su independencia ante las “intromisiones” resulta ser la excusatio non petita de una institución que hasta ahora nos ha llenado de sonrojo por su incapacidad para cumplir cabalmente su papel constitucional.

Al fondo de esta triste historia, gravita aquel asombro de Ortega ante las insesateces de la Justicia: yo no sé una palabra de Derecho pero sí sé, cuando llega el caso, quedarme atónito.

Corporativismo

Mircoles, 8 Octubre 2008

Los secretarios judiciales han comenzado a movilizarse para protestar por la sanción impuesta por el Ministerio de Justicia a su compañera por el “caso Mari Luz”, que consideran excesiva. Y ciertamente, tienen razón al irritarse y reaccionar toda vez que, como es sabido, el juez del caso, que es lógicamente el máximo responsable de la oficina judicial a su cargo, ha sido apenas sancionado con una multa de 1.500 euros por el mismo asunto.

El corporativismo judicial –la sanción al juez ha sido acordada por el CGPJ saliente- excita otros corporativismos. A la espera, claro está, de que prospere o no el recurso de la fiscalía contra la ridícula sanción al juez. En caso afirmativo, si el magistrado que toleró el colapso de su juzgado es apartado de su función como parece inevitable, la proporcionalidad se habría restablecido y el corporativismo habría de ceder por ambas partes.

Dicho de otra forma, la lenidad o el exceso sancionador desequilibran la integridad del poder judicial. Entre otras razones, porque la Justicia se nutre sobre todo de ecuanimidad y de sentido común.