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ANV, fuera de las instituciones

Mircoles, 10 Diciembre 2008

El asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, localidad gobernada en minoría por Acción Nacionalista Vasca, formación que se ha negado a condenar la brutal agresión homicida, ha colmado el vaso de la paciencia de muchos demócratas, que no entienden cómo es posible que una organización  ilegalizada consiga mantenerse al frente de las instituciones municipales en las que consiguió instalarse. Como es conocido, ANV, una ‘marca blanca’ de Batasuna establecida sobre una organización registrada en 1977 y reactivada en abril de 2007 para concurrir a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo siguiente, fue suspendida por tres años por el juez Baltasar Garzón el 8 de febrero de 2008 e ilegalizada y disuelta definitivamente por el Tribunal Supremo el 16 de septiembre. 

Cuando ANV optó por presentarse a las elecciones municipales y forales, fue investigada por heredera y continuadora de Batasuna conforme a la ley de Partidos, pero el 28 de abril el juez Garzón –siempre Garzón en todas las salsas- decidió que no había indicios suficientes para acreditar tal relación. Pese a ello, el PP instó ante el fiscal del Estado la impugnación de todas las listas. Finalmente, la Fiscalía impugnó ante el Supremo 110 candidaturas y la abogacía del Estado 122; el alto Tribunal anuló finalmente 133 listas, en una decisión ratificada por el Tribunal Constitucional. ANV logró presentarse en 97 municipios del País Vasco y Navarra y consiguió unos 95.000 votos. Ganó en 31 municipios y logró gobernar en 42. Entre ellos Azpeitia –donde fue asesinado Uría- y Mondragón, la localidad en que fue asimismo abatido por ETA el ex concejal socialista Isaías Carrasco poco antes de las últimas elecciones generales. El ensayo de presentar ‘mociones éticas’ para descabalgar a los alcaldes de ANV ha dado un resultado sencillamente  lamentable.

Tras el asesinato de Uría, el PP ha instado al Gobierno a que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV por el procedimiento del artículo 61 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reformada consensuadamente por PP y PSOE en 2003, que ya sirvió para disolver el consistorio marbellí. Dicho artículo prevé la disolución de aquellas corporaciones “que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo”. La abogacía del Estado cree que es difícil demostraren este caso la reiteración y gravedad del apoyo a ETA. Por lo que la vicepresidenta Fernández de la Vega ha anunciado la reforma de la ley para posibilitar la disolución de las corporaciones gobernadas por un partido ilegalizado. En esta pugna, PP y PSOE han insinuado una incipiente confrontación que no es coherente con la declarada intención de mantener un consenso estrecho en materia de lucha antiterrorista. Y no debe perderse de vista que mucho más importante que expulsar a ANV de las instituciones es conseguir que no se fracture de nuevo la unidad democrática frente a ETA. Abortado por los terroristas el último y legítimo intento de un ‘final negociado’ de la violencia, ya sólo resta ultimar la batalla actual en que las ideas democráticas y el Estado de Derecho se están imponiendo claramente a los ardides mafiosos de los criminales que, aunque conscientes de que su batalla está perdida, no cejan en su mensaje de muerte y desolación.