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Entradas con etiqueta ‘financiación autonómica’

Semana catalana

Lunes, 20 Abril 2009

Esta semana es clave en la relación entre la Generalitat y el Gobierno central, considerablemente distanciados por el creciente retraso en la financiación autonómica y –no es ningún secreto- por la escasa sintonía existente entre Zapatero y Montilla. De hecho, el presidente del Gobierno no ha regresado a Cataluña desde que en julio el presidente catalán le espetó aquella singular bienvenida: “Te queremos, José Luis, pero queremos más a Cataluña”.

En efecto, mañana se entrevistan en Barcelona Montilla y Chaves, en el primer viaje de éste a la periferia después de haber sido investido con la tercera vicepresidencia. Y a lo largo de la semana viajará también a Cataluña el flamante ministro de Fomento José Blanco, a quien sin embargo no se le ha aceptado que gire su visita de trabajo el jueves, como pretendía, ya que es el día de Sant Jordi, festivo en el Principado. Mariano Rajoy, por cierto, sí estará en esta fecha en la recepción que la Generalitat ofrece en el Palacio de Pedralbes.

Los intereses respectivos de ambos gobiernos convergen en este momento, en que se han allanado  las dificultades que imposibilitaban el acuerdo. En efecto, tras las elecciones vascas que han forzado al PNV a pasar a la oposición y la consiguiente irritación de los nacionalistas por esta causa, la satisfacción de Cataluña se ha convertido en cuestión vital para Zapatero ya que en el Congreso de los Diputados necesita imperativamente el apoyo de ERC y de IU, así como la condescendencia (al menos) de CiU. Asimismo, la marcha del riguroso Solbes, guardián estricto de las arcas del Estado y de la ortodoxia presupuestaria, y la llegada de Elena Salgado en su lugar facilitarán la mayor generosidad de Madrid hacia las autonomías. 

El nombramiento de Chaves y sobre todo la elevación del rango de la política territorial no han sido del agrado de los catalanistas; el actual presidente  del PSOE es considerado un jacobino (pese a que el nuevo Estatuto de Andalucía se parece mucho al catalán) y su llegada a la tercera vicepresidencia se ha interpretado como un intento de homogeneización de la “España plural”. Sin embargo, los recelos cederán si se concierta un buen modelo de financiación. Como es sabido, las exigencias catalanas obligarían a una financiación adicional total del sistema de entre 8.000 y 11.000 millones de euros, según las fuentes. Veremos si el Gobierno llega o no a estas cuantías. La llegada de Blanco en lugar de Álvarez sí ha complacido a los partidos catalanes, que ya tienen a punto su abultada lista de demandas: aeropuertos, puertos, cercanías… La lista ocupaba ayer una columna entera de “La Vanguardia”.

Por añadidura, llegan desde el Tribunal Constitucional noticias más esperanzadoras que las que anunciaban hace semanas que pintaban bastos para el Estatut. Con toda probabilidad, en un mes o dos llegará una sentencia interpretativa que salvará la constitucionalidad del texto aunque forzará una lectura restrictiva del mismo. Si se confirma este pronóstico que otorgará estabilidad institucional al régimen catalán y se consigue en mayo un acuerdo general de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, Cataluña podría entrar en una senda de normalidad que abandonó desde que Maragall lanzó al Principado en 2003 a la ardua y quizá innecesaria prueba de la reforma estatutaria, lo que dio lugar a un proceso descabellado que ha costado mucho embridar y racionalizar. 

El nuevo ritmo gubernamental

Lunes, 13 Abril 2009

Las encuestas de intención de voto publicadas ayer domingo acreditan que, como ya debía saber Moncloa, el PP va considerablemente por delante del PSOE en esta precampaña de las elecciones europeas de junio. Es muy probable que, siguiendo con una tendencia ya habitual, la mayoría de los partidos de gobierno de la Unión Europea se vean fustigados en esta consulta por sus ciudadanos a causa de la crisis. Y esta evidencia explicaría que, contra lo que parecía lógico, Zapatero haya adelantado el cambio de Gobierno, en vez de aplazarlo hasta después del 7-J.

Sea como sea, lo cierto es que, tras el desplazamiento del agotado Solbes, el nuevo equipo gubernamental está dando pasos para retomar la iniciativa, una plausible actitud que debe perseguir un triple objetivo: imprimir a la ejecutoria gubernamental una visibilidad que se echaba en falta para ponerse psicológicamente al frente de la tarea de reactivación; emprender las decisiones y las reformas que auxilien a los damnificados por la crisis y ayuden eficazmente al objetivo común de combatir la recesión, e involucrar a todos –territorios, partidos, agentes sociales- en esta lucha contra la adversidad y el pesimismo.

Puede parecer populista que esta pasada Semana Santa los miembros del Gobierno más directamente concernidos por la situación económica hayan permanecido en sus despachos, pero en realidad no hubiera sido admisible lo contrario. Estamos probablemente cerca del fondo del pozo de la recesión, camino de los cuatro millones largos de parados, y con un millón de desempleados que ya no cobran el seguro de desempleo. Es exigible que, aunque el Ejecutivo no tenga el remedio absoluto en sus manos, se mantenga al pie del cañón, haciendo lo humanamente posible para combatir el problema y mitigar el drama humano. La coordinación entre los vicepresidentes, que hoy se reúnen con Zapatero; el impulso con que ha arrancado José Blanco, responsable de la inversión pública en infraestructuras que debe cebar la bomba de la inversión privada; el anuncio del inmediato arranque del diálogo social con que Salgado habrá de obtener la futura del ley de medidas contra el paro, son actuaciones cabales que van en la dirección correcta.

También es relevante el ímpetu de Chaves al anunciar su ronda de contactos para conseguir cuanto antes un pacto de financiación autonómica que pueda ser aprobado por todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera antes de que concluya el próximo mes. Ese acuerdo, unido a la coordinación de las comunidades y ayuntamientos en la lucha contra la crisis, proporcionará además estabilidad parlamentaria al Gobierno, poniendo fin a una situación de relativa debilidad que interfiere en el avance hacia el objetivo común, la reducción de la crisis.

En este cambio de ritmo, que parece inobjetable en sus principales rasgos, hay sin embargo un riesgo que el Gobierno debe ponderar y la oposición advertir: la marcha de Solbes, el profesional adusto que regateaba hasta el último euro a sus compañeros de gabinete, y su sustitución por Salgado, más flexible y sin duda más sumisa ante Zapatero, podría conducir a un inadmisible descontrol en las cuentas públicas. Ya se habla –y con fundamento- de la necesidad de prorrogar el período de cobertura del seguro de desempleo; y quizá, para contentar a todos, haya que aplicar más recursos a la financiación autonómica de los que preveía Solbes. Habrá que cuidar, en fin, el déficit para que en la terapia anticrisis no sea peor el remedio que la enfermedad. 

Cataluña a la expectativa

Lunes, 1 Diciembre 2008

Pende todavía sobre Cataluña, cual espada de Damocles, la decisión del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra la reforma del Estatuto, y aunque el asunto se ha desactivado considerablemente –y hay que reconocer a las fuerzas políticas catalanas su papel lenitivo-, la sociedad catalana no ha olvidado ni mucho menos esta amenaza, que le resulta irritante.

Así se desprende de una sugerente encuesta del Instituto Noxa publicada hoy por “La Vanguardia”, que pasa revista a muy diversas cuestiones de la realidad catalana. En relación al asunto antes mencionado, la pregunta formulada es literalmente ésta: “¿Qué cree que debería hacer el presidente de la Generalitat en caso de que el Tribunal Constitucional recortara el Estatut en aspectos importantes?”. El 51% de los encuestados responde afirmativamente a la opción “Aceptar la sentencia del Tribunal y reformar el Estatut” (el 40% se pronuncia por el “no”). El 61% (frente al 31%) responde “sí” a la opción “Convocar un referéndum para que se mantenga íntegro el Estatut”. Y el 52% está a favor de “disolver el Parlament y convocar elecciones anticipadas en Cataluña”. 

Como se ve, las opciones no se han planteado de forma excluyente, pero es claro que una mayoría notable se pronuncia en el sentido de no acatar la sentencia y refrendar el texto actual mediante un referéndum, que no encontraría encaje alguno en la Constitución. No es aventurado interpretar de estos datos que la sociedad catalana está soliviantada, como lo demuestra la respuesta a otra pregunta, la del sentido del voto en un referéndum por la independencia: el 50% votaría negativamente pero el 36% lo haría a favor. 

En otras palabras, y aunque es evidente que Cataluña se está reponiendo de una etapa muy convulsa caracterizada por la retirada de Pujol, la irrupción del desorientado Maragall y la crisis entre Barcelona y Madrid durante la segunda legislatura de Aznar, la ubicación del Principado en el conjunto del Estado no está estabilizada todavía, ni lo estará hasta que se consiga un modelo de financiación autonómica que se adapte a las expectativas mínimas de la región. La crisis no debe impedir que esta negociación se produzca, tanto porque la normalidad política es un bien muy útil en momentos de zozobra cuanto porque una mjor financiación de las comunidades autónomas puede conjugarse con la conveniencia de intensificar los gastos de inversión para combatir la recesión.

Por lo demás, la encuesta mencionada contiene otros elementos llamativos: en tanto el 61% de los ciudadanos cree que la situación general de la economía es ‘mala o muy mala’, sólo el 31% considera así su situación económica personal. El 78% cree que las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno del Estado no serán suficientes (y el 75% también desconfía de las medidas adoptadas por la Generalitat). Y en la lista de medidas más efectivas que podría adoptar el Gobierno destaca con diferencia en primer lugar la bajada de impuestos (ya se sabe que los expertos creen más eficaz la inversión productiva directa que la reducción de la presión fiscal). 

En definitiva, Cataluña está inquieta y expectante. Y no sería bueno que el Constitucional mantuviera por más tiempo la zozobra. Se entiende mal que, pese a las zancadillas políticas, los magistrados del TC no acaben de alumbrar una sentencia que debió haber resuelto hace años la más grave incertidumbre institucional que nos embarga.

Sacar tajada

Lunes, 8 Septiembre 2008

Los Presupuestos Generales del Estado, la única herramienta verdaderamente eficaz que tiene el Gobierno para afrontar la crisis económica (como es conocido, ya no ejerce control sobre la política monetaria, que se dicta desde Franckfort), están a punto de llegar al Parlamento. Y el Ejecutivo tiene dificultades para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante esta ley orgánica ya que CiU, la minoría moderada que representa al nacionalismo centrista catalán, se niega esta vez a prestar sus votos porque vincula este asunto al desarrollo de la financiación autonómica, que, en todo caso, llevará un ritmo más despacioso.

Por ello, el Gobierno ha vuelto el rostro hacia el nacionalismo vasco. Y el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, señor Erkoreka, ha declarado paladinamente y con la mayor frivolidad que, aunque lo que “le pide el cuerpo” es pagar al PSOE con la misma moneda [se refiere a la negativa gubernamental a la consulta soberanista que pretendía llevar a cabo Ibarretxe], su partido está dispuesto a apoyar los Presupuestos Generales del Estado que presente el Ejecutivo siempre que consiga “sacar tajada” sustanciosa de dicho respaldo.

En definitiva, el nacionalismo catalán se desentiende del principal problema que tenemos en este momento los españoles, catalanes incluidos, y el PNV ve en este asunto una oportunidad para arrancar a “Madrid” nuevas dádivas que todos pagaremos a escote, a pesar de que Euskadi disfruta del concierto  económico que lo sitúa en posición privilegiada.

Quienes pensamos que nuestra política es en general demasiado ruin, que le falta ese trasfondo de grandeza que ha de caracterizar a los regímenes democráticos, que se basan en un conjunto de profundas convicciones humanistas, ya disponemos de un argumento más para sostener tal tesis. La visión de la vida parlamentaria como la defensa del interés propio o como un simple trueque mercantil es detestable, la más detestable de todas. Las ideas y los principios quedan al margen.

En el fondo, es el nacionalismo el que más perjudicado queda con la exhibición impúdica de este criterio. Porque nacionalistas son quienes otorgan más valor a unos imaginarios, románticos e irracionales derechos colectivos, y a los intereses a ellos asociados, sobre los principios racionales de la ética civil. Es decir, están con frecuencia al borde del fanatismo, que no es más que la negación sentimental de la racionalidad. 

Solbes, en su sitio

Viernes, 29 Agosto 2008

La intervención de Solbes en la ingrata comparecencia del jueves en el Congreso de los Diputados, ante la agresividad de unos interlocutores que se juegan mucho en el sistema de financiación autonómica que está en juego, fue irreprochable. Varias de sus afirmaciones ponen los puntos sobre las íes a los nacionalistas: “No habrá aportación para servicios no básicos: una cosa es la televisión y otra la Justicia”, dijo en velada crítica a varias televisiones autonómicas con elevadas deudas. En otro momento aseguró, para desconsuelo de CiU y de ERC (y quizá también del PSC), que “Cataluña no es la primera, ni la segunda, ni la tercera autonomía con más dificultades de financiación”. Y fue particularmente significativa esa otra: “La LOFCA no desapareció con el ‘Estatut’: sin multilateralidad no hay encaje en el sistema”. En definitiva, se advirtió que el vicepresidente económico es totalmente consciente de su papel, de su obligación de encajar todas las demandas y de limitar las imposibles exigencias de quienes  pretenden obtener una solución particularista que rompa la unidad del conjunto. Paradójicamente, la posición de Solbes es la auténticamente “federal”, frente a quienes se llaman así sin serlo.

El auditorio de Solbes estaba formado por los representantes de los diversos intereses que habrá que conjugar a la hora de conseguir un sistema de financiación acordado por todos. Era lógico, pues, que todas las partes mantuvieran una firme e irreductible oposición a la postura omnicomprensiva del ministro. Pero sólo a partir de los criterios enunciados por éste se podrá obtener una solución, que habrá de estar irremisiblemente basada en dos principios constitucionales: solidaridad y multilateralidad. El acuerdo en todo caso no provendrá del debate parlamentario, político, que está agotado, sino de la discusión técnica que se desarrolle en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Hasta el portavoz del PP, Montoro, siempre beligerante, tuvo que ceder al final ante las razones de Solbes: “si hubiera hablado así desde 2004, nos habríamos ahorrado algunos viajes”. Y tenía razón.