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La medicina de Garzón

Jueves, 24 Diciembre 2009

Garzón se queja amargamente de unas filtraciones que se han producido sobre una investigación que lleva a cabo sobre su ejecutoria el Tribunal Supremo: cartas personales a Botín solicitándole financiación para unas actividades académicas en los Estados Unidos. Dice el magistrado de la Audiencia Nacional, encausado por varios presuntos deslices más o menos relevantes, en una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, que tales revelaciones obedecerían a una “estrategia prediseñada” contra él a través de “un determinado medio de comunicación” empeñado “en su denigración sistemática” (se refiere evidentemente a ‘El Mundo’).

 

Muchas de las causas abiertas por el propio Garzón han sido puntualmente filtradas a la prensa en tiempo real, para desesperación de los encausados. Es obvio que no es posible acusar al titular del juzgado de tales filtraciones pero ha sido en cualquier caso patente que el ‘juez estrella’ no ha tenido jamás demasiado empeño en evitarlas y mucho menos en perseguirlas. De cualquier modo, Garzón prueba ahora su propia medicina.

 

Sea como sea, lo importante es el fondo del asunto. Y ese fondo es muy ingrato para el ambicioso personaje: es extremadamente indecoroso que un juez solicite una elevadísima cantidad de dinero –más de 300.000 euros- para financiar una iniciativa académica al mismo banquero sobre el que tendrá que resolver una querella pocos meses después. Lo demás es espuma.

Tumores y cirujanos

Mircoles, 1 Abril 2009

El juez Garzón ha concluido su labor instructora en el “caso Gürtel” con dos graves imputaciones, que elevan el nivel general de la trama de corrupción vinculada al principal partido de la oposición: la del tesorero del Partido Popular, el senador Luis Bárcenas, y la del eurodiputado Gerardo Galeote. Evidentemente, la implicación de Bárcenas sugiere irregularidades en la financiación del propio Partido Popular.

La respuesta de la cúpula popular ante estas embarazosas acusaciones no ha podido ser, de momento, más desafortunada: el partido ha expresado su “más absoluto rechazo” al auto de Garzón y el senador Bárcenas ha amenazado aj magistrado con una querella criminal

Esta respuesta de “prietas las filas” ante episodios reprobables que merecen una repulsa social extrema es muy peligrosa para el partido que la practica, ya que corre el riesgo de asumir para sí las tropelías particulares que se hayan cometido. Obviamente, la presunción de inocencia alcanza a todos los imputados en esta o en cualquier otra causa, pero este criterio jurídico no posee traducción política automática: los partidos políticos tienen la obligación de apartar de las instituciones a aquellos militantes que actúan en su nombre y sobre los recaen indicios razonables de culpabilidad.  Indicios cuya existencia no presupone la calificación final de los tribunales.

En el “caso Gürtel”, la opinión pública alberga ya pocas dudas de que una cuadrilla de facinerosos encabezados por Francisco Correa corrompió a sectores del PP. Correa logró un próspero negocio de tráfico de influencias mediante el pago en metálico o en especie de jugosas contrapartidas, a través de regalos dudosamente lícitos y cultivando primorosamente ciertas amistades estratégicas, como la de la propia familia Aznar. Las revelaciones del auto judicial ya publicadas encajan con interrogantes recientemente publicados acerca de la procedencia del abultado patrimonio de algunos investigados, como es el caso de Bárcenas. 

Así las cosas, el “absoluto rechazo” es, como mínimo, extemporáneo. Rajoy obtendrá comprensión si explica a la ciudadanía que se ha visto sorprendido en su buena fe, pero  quedará en una posición muy desairada si, tras estas clamorosas protestas contra las actuaciones judiciales, acaba demostrándose que sus conmilitones en cuestión se han corrompido. En el “Tengo una pregunta para usted” del lunes, el líder del PP manifestó su punto de vista sobre el particular: “es letal castigar a una persona sin pruebas”. Nada más cierto. Pero no se trata de castigar a nadie, y menos sin pruebas: su obligación consiste en acompañar de buen grado la acción judicial, respetando la presunción de inocencia pero imponiendo el criterio político de que quien haya sido señalado por el sistema judicial con argumentos objetivos de entidad debe ser provisionalmente colocado en cuarentena hasta que se aclare su inocencia o se demuestre su responsabilidad.

En términos jurídicos, los delitos  nunca tienen una paternidad colectiva: la responsabilidad penal siempre es personal y directa. Puede haber políticos corruptos, no instituciones o partidos corruptos. En términos políticos, los deslindes no son tan claros: los partidos políticos pueden llegar a decaer si no consiguen atajar de raíz las prácticas viciadas. Lo grave, en fin, no es que aparezcan tumores sino que los cirujanos no se apresuren a extirparlos.  

¿Financiación irregular?

Jueves, 26 Febrero 2009

Es probable que ni el propio PP, absorto en la vorágine de su particular e inútil guerra contra Garzón –es evidente que ningún juez admitirá una querella contra el magistrado por prevaricación al instruir un sumario sobre un estrepitoso caso de corrupción- se haya percatado de que la inculpación del tesorero del Partido Popular, el senador por Cantabria José Luis Bárcenas, hombre de la completa confianza de Mariano Rajoy, en el “caso Gürtel” supone un gravísimo quebranto para el partido. Y representa un salto cualitativamente grave de la responsabilidad del propio PP en el escándalo.

Hasta que se conoció esta supuesta ramificación del caso, que alcanza al núcleo de la financiación del Partido Popular, el problema de Rajoy era, por así decirlo, periférico. Algunos conmilitones desaprensivos cedieron a la tentación de prevaricar a presiones de la trama de tráfico de influencias dirigida por Francisco Correa, un hábil embaucador que llegó a ser padrino de boda de la hija del presidente Aznar en la inefable boda escurialense. De haber permanecido el caso en este ámbito, hubiera bastado con seccionar los vínculos con las zonas de tejido corrupto para sanear el tronco del partido. Pero los últimos elementos de la investigación sugieren –es obvio que estamos en fase incriminatoria, por lo que todo son hipótesis todavía- que una parte importante del dinero público distraído por los corruptos y sus instigadores habría ido a parar a las arcas del partido. Según las filtraciones de la denuncia presentada ante Garzón, estaría grabada en una cinta magnetofónica la voz de Correa reconociendo que habría entregado a Bárcenas mil millones de pesetas por adjudicaciones de obras de la época en que Álvarez Cascos era ministro de Fomento. Al parecer, durante aquel periodo, empresas de Correa lograron casi cinco millones de euros en decenas de contratos de AENA.

Frente a esta imputación, que lógicamente ha de contemplarse desde el prisma de la presunción de inocencia, el resto de las tramas y escándalos con que ha de enfrentarse el PP, tanto en el “caso Gürtel” como en el asunto del espionaje, queda reducido a simple farfolla que enmarca la cuestión central: la posible financiación irregular del PP. Los análisis que vinculaban el liderazgo de Rajoy a los resultados electorales del 1-M y de las europeas, así como al desenlace de las convulsiones judiciales en las comunidades de Madrid y de Valencia han perdido consistencia y se han relativizado: la crisis del PP es más seria y no depende de circunstancias anecdóticas. Los catarros de Madrid y Valencia pierden importancia ante la evidencia que de que el aparato de Génova podría padecer una gangrena.

La coyuntura del PP es delicada, con el agravante de que la Justicia es proverbialmente lenta, por lo que los problemas de corrupción tendrán un largo desarrollo. Así las cosas, Rajoy no tiene más remedio que tomar las riendas de la situación, aplicar la cirugía política necesaria –la judicial ya la aplicarán los jueces- y urgir una catarsis basada en nuevas legitimidades que sólo pueden provenir de un proceso congresual. El PP no tendrá más remedio, en fin, que convocar cuanto antes un Congreso extraordinario que sirva a la vez de revulsivo y de terapia a un partido que, evidentemente, ha perdido el norte y necesita recuperar el rumbo y el tino. Y en las actuales circunstancias, todo indica que habrá de ser el propio Rajoy, con el respaldo de Gallardón, quien tome las más graves iniciativas.

ANV, fuera de las instituciones

Mircoles, 10 Diciembre 2008

El asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, localidad gobernada en minoría por Acción Nacionalista Vasca, formación que se ha negado a condenar la brutal agresión homicida, ha colmado el vaso de la paciencia de muchos demócratas, que no entienden cómo es posible que una organización  ilegalizada consiga mantenerse al frente de las instituciones municipales en las que consiguió instalarse. Como es conocido, ANV, una ‘marca blanca’ de Batasuna establecida sobre una organización registrada en 1977 y reactivada en abril de 2007 para concurrir a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo siguiente, fue suspendida por tres años por el juez Baltasar Garzón el 8 de febrero de 2008 e ilegalizada y disuelta definitivamente por el Tribunal Supremo el 16 de septiembre. 

Cuando ANV optó por presentarse a las elecciones municipales y forales, fue investigada por heredera y continuadora de Batasuna conforme a la ley de Partidos, pero el 28 de abril el juez Garzón –siempre Garzón en todas las salsas- decidió que no había indicios suficientes para acreditar tal relación. Pese a ello, el PP instó ante el fiscal del Estado la impugnación de todas las listas. Finalmente, la Fiscalía impugnó ante el Supremo 110 candidaturas y la abogacía del Estado 122; el alto Tribunal anuló finalmente 133 listas, en una decisión ratificada por el Tribunal Constitucional. ANV logró presentarse en 97 municipios del País Vasco y Navarra y consiguió unos 95.000 votos. Ganó en 31 municipios y logró gobernar en 42. Entre ellos Azpeitia –donde fue asesinado Uría- y Mondragón, la localidad en que fue asimismo abatido por ETA el ex concejal socialista Isaías Carrasco poco antes de las últimas elecciones generales. El ensayo de presentar ‘mociones éticas’ para descabalgar a los alcaldes de ANV ha dado un resultado sencillamente  lamentable.

Tras el asesinato de Uría, el PP ha instado al Gobierno a que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV por el procedimiento del artículo 61 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reformada consensuadamente por PP y PSOE en 2003, que ya sirvió para disolver el consistorio marbellí. Dicho artículo prevé la disolución de aquellas corporaciones “que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo”. La abogacía del Estado cree que es difícil demostraren este caso la reiteración y gravedad del apoyo a ETA. Por lo que la vicepresidenta Fernández de la Vega ha anunciado la reforma de la ley para posibilitar la disolución de las corporaciones gobernadas por un partido ilegalizado. En esta pugna, PP y PSOE han insinuado una incipiente confrontación que no es coherente con la declarada intención de mantener un consenso estrecho en materia de lucha antiterrorista. Y no debe perderse de vista que mucho más importante que expulsar a ANV de las instituciones es conseguir que no se fracture de nuevo la unidad democrática frente a ETA. Abortado por los terroristas el último y legítimo intento de un ‘final negociado’ de la violencia, ya sólo resta ultimar la batalla actual en que las ideas democráticas y el Estado de Derecho se están imponiendo claramente a los ardides mafiosos de los criminales que, aunque conscientes de que su batalla está perdida, no cejan en su mensaje de muerte y desolación.

La causa general de Garzón

Martes, 2 Septiembre 2008

Para Montesquieu –lo recordaba hace poco un notable constitucionalista-, el poder judicial había de ser “invisible y nulo”. No es que el poder judicial sea de suyo invisible y nulo: es que debe ser constitucionalmente ordenado de tal manera que ésas acaben siendo sus características definitorias. Porque, si no se ordena bien el poder judicial, éste es “un poder terrible” –añadía el padre de la democracia moderna–, en la medida que es un poder “de todos los días, de todos los instantes” (Bergasse, “Rapport sur l’organisation du pouvoir judiciaire”, 17 agosto de 1789).

Obviamente, Garzón no ha leído a Montesquieu o le importan una higa los principios que deben enmarcar a la judicatura en una sociedad democrática porque, a todas luces,  lo suyo es el lucimiento personal, es decir, ‘político’, como si su viaje fallido al Poder Ejecutivo, del que volvió a destapar el GAL, no le hubiera dejado suficientemente escaldado.

Ahora, el juez Garzón se ha puesto a elaborar la causa general de las víctimas de los nacionales durante la guerra civil y la dictadura (el franquismo ya redactó la suya en 1940). Noble empeño si hubiera sido abordado con discreción y sin espíritu de desquite –es decir, con un simple afán de hacer historia, después de tanto tiempo- por las instituciones competentes, el Gobierno o el Parlamento. Y para ello, el magistrado se está valiendo de una marrullería judicial: antes de declararse incompetente en las denuncias presentadas por diversas asociaciones para la Memoria Histórica que quieren conocer el paradero de sus allegados fusilados o desaparecidos, como le pide el Fiscal con sólidos argumentos, ha dictado un auto en el que pide a varios Ministerios, a diversos ayuntamientos, a la Conferencia Episcopal –a la que solicita que abra los archivos de sus más de 22.000 parroquias- a la Abadía del Valle de los Caídos y a numerosas instituciones y archivos toda la información de que dispongan para elaborar un censo de fusilados y desaparecidos. Supuestamente, necesita este censo para dictaminar la inadmisión a trámite de las demandas. Aunque entonces las denuncias ya no tendrán sentido puesto que los reclamantes habrán conseguido en gran parte su objetivo, que es precisamente todo este acervo documental.

Las razones de la incompetencia de la Audiencia Nacional en este asunto son de las llamadas de libro: de un lado, la ley de Amnistía de 1977 declaró la prescripción de todos los delitos políticos cometidos antes del 15 de diciembre de 1976; de otro lado, la Audiencia no tiene competencia sobre los delitos comunes –en la mayoría de los casos causantes de los fusilamientos- ni sobre los delitos contra la humanidad, que deben ser juzgados en el lugar donde se cometieron. Frente a la contundencia de estos argumentos, la actitud de Garzón no se sostiene. En inaceptable que los escasos recursos materiales y humanos del Poder Judicial, abrumado por una gran carga de trabajo, se pongan al servicio de estas megalómanas pretensiones, a mayor gloria de quien las promueve. Y no se entiende que nadie ponga a coto a unas iniciativas que, aunque respetables por su procedencia, deberían ser gestionadas en otras instancias. De esta forma, los “jueces estrella” siguen haciendo un daño devastador a la Justicia.