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El funeral oficial por las víctimas de Barajas debería ser laico

Sbado, 23 Agosto 2008

Si el buen sentido no lo remedia, las instituciones públicas celebrarán un funeral de Estado por las víctimas del accidente del avión de Spanair del pasado miércoles oficiado en la catedral madrileña de La Almudena por el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Rouco, el próximo día 1 de septiembre. Previsiblemente, los Reyes estarán al frente de la representación institucional.

Con la reciente muerte del ex presidente Leopoldo Calvo Sotelo se suscitó por primera vez  la conveniencia de que el Estado disponga de unos ritos civiles de homenaje que permitan honrar oficialmente en su óbito a los personajes que merezcan tal dignidad y que sirvan asimismo de ceremonial póstumo para reconocer a las víctimas de los sucesos luctuosos más graves que siempre aquejan a cualquier sociedad.  Este debate llegó al 37 Congreso del PSOE del pasado julio, en el que se examinaron medidas para avanzar en el camino de la laicidad, y ya entonces el propio partido del Gobierno aseguró que aunque aquella idea era acertada, no resultaba posible suplir de momento a la Iglesia católica porque no están establecidos protocolos laicos que puedan servir eficazmente en estos casos.

Ahora, de nuevo, tras el trágico accidente de Barajas, vuelve a plantearse el sinsentido de celebrar un funeral católico para honrar a unas víctimas que pertenecían a diversas confesiones o no abrazaban fe alguna. Y de nuevo el Gobierno ha mirado hacia otra parte para salvar el trámite.

No se trata, en absoluto, de restar protagonismo, eminencia o presencia a las confesiones religiosas sino de destacar la neutralidad del Estado. En este caso, lo lógico sería que tras el funeral civil oficial, las diversas confesiones celebraran sus respectivas honras fúnebres para las víctimas adscritas a su credo, o una sola interconfesional, sin intromisión alguna del poder político.

Pero carece de sentido aplazar indefinidamente una cuestión que no es vital pero que debe abordarse por pura coherencia interna de un Estado que no es confesional y que debe proteger y promocionar por imperativo constitucional la libertad religiosa.  Por respeto a las propias víctimas, es urgente resolver cuanto antes esta carencia.