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Nacionalismos y Constitución

Lunes, 8 Diciembre 2008

El leitmotiv del trigésimo aniversario de la Constitución de 1978, que acaba de celebrarse con la solemnidad de los números redondos, ha sido la conveniencia o no de reformar una Carta Magna que, aunque admirable y utilísima, acusa el paso de los años en algunos aspectos de menor cuantía.  Al propio tiempo, y como ya comienza a ser habitual, los nacionalismos periféricos, con la sola excepción de Convergència i Unió, no sólo han estado ausentes de las conmemoraciones oficiales sino que, en algunos casos significativos, han aprovechado la coyuntura para desmarcarse explícitamente de la Constitución. El caso de las intolerables expresiones de Joan Tardá, de Esquerra Republicana de Catalunya, es la constatación extrema de lo que quiere decirse.

Así las cosas, la reforma de la Constitución y el acomodo de los nacionalismos a este marco jurídico que los ciudadanos nos hemos dado son asuntos que cada vez están más interconectados. Porque la opinión pública ha comenzado a preguntarse si tiene sentido que se conceda a ciertas minorías radicales, que no tienen interés alguno en la buena salud del Estado, la capacidad de influencia que la Constitución y el generoso sistema electoral que de ella emana les conceden. En la legislatura anterior, 2004-2008, las minorías llegaron a condicionar significativamente las políticas de un Gobierno que había quedado a 12 escaños de la mayoría absoluta; y fue tan negativo aquel influjo que la propia soberanía popular ha rectificado: en las elecciones generales del pasado marzo, tanto el PSOE, que las ganó, como el PP, que ha seguido siendo la principal oposición, han subido su representación en cinco escaños, lo que ha reducido sensiblemente el peso específico de las minorías. ERC, en concreto, ha descendido súbitamente de 8 a 3 escaños en el Congreso.

Dicho en otros términos, la reforma constitucional que se ha manejado hasta ahora, a la espera de que un improbable clima de entendimiento PP-PSOE la haga viable, se limitaba a proponer una actualización de la norma fundamental –la consolidación del Estado autonómico y la reforma del Senado, la mención a la Unión Europea, la reforma de la sucesión a la Corona, etc.-, pero cada vez más se advierte que la reforma que podría resultar a medio plazo indispensable es la que, como hace la ley de d´Hondt en el conjunto del Estado, limite la representación de las minorías en el Parlamento español. No tiene sentido que Izquierda Unida, con más de 900.000 votos, obtenga dos escaños y que CiU, con menos de 800.000, obtenga 10.

Es claro que no todos los nacionalismos son iguales, y que resultaría altamente injusto no destacar el sentido del Estado que ha manifestado casi siempre Convergència i Unió, y que nada tiene que ver con la actitud de otros independentismos radicales. Pero, hecha esta salvedad, resulta evidente que no es sostenible esta conducta de que hacen gala las minorías y que consiste en poner precio material a sus apoyos parlamentarios. Una democracia no es una subasta, y no repugna excluir de la ceremonia política a quienes así lo piensan y obran en consecuencia.