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Escándalo en Madrid

Jueves, 22 Enero 2009

El enconamiento de la lucha por el poder interno en el PP de Madrid entre dos de los principales aspirantes a sustituir a Rajoy al frente del principal partido de la oposición pone de manifiesto no sólo la endeblez del liderazgo de éste –sus conmilitones se disputan abiertamente la sucesión, que no creen lejana- sino la falta de escrúpulos de sus contendientes, que al parecer no entienden que esta guerra abierta no sólo les enfanga a ellos mismos sino que también desacredita a la formación a la que pertenecen.

La ambición de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad madrileña, y de Alberto Ruiz Gallardón, alcalde capitalino, ambos en posesión de holgada mayoría absoluta en sus respectivas instituciones, ya quedó claramente de manifiesto cuando ambos pretendieron hasta la extenuación pero sin éxito ser incluidos en las listas del PP al Congreso (desde Hernández Mancha, se teme la dificultad que entraña ostentar el liderazgo nacional de un partido sin ser diputado). La confirmación a la búlgara de Rajoy en el Congreso de Valencia pareció alejar aquella rivalidad. Pero pronto, ante las debilidades de la actual posición de Rajoy en su papel opositor, se ha reproducido el conflicto.

La sede de la gran conflagración está ahora en Caja Madrid. Ante la renovación de la presidencia de la institución, en la que Miguel Blesa, amigo de Aznar, lleva doce años en el cargo y pretende continuar, y dado que la actual correlación de fuerzas le permitiría hacerlo con el respaldo de Gallardón, Aguirre ha reformado la ley madrileña de Cajas de Ahorros, para restar peso representativo a la capital madrileña y aumentárselo a la representación regional. El dilema estriba en si esta elección ha de realizarse de acuerdo con la reglamentación antigua, conforme a la cual comenzó el proceso, o a la nueva. Ni que decir tiene que del procedimiento que se adopte dependerá que Blesa continúe o no. Ante la falta de acuerdo político, el enmarañado asunto terminará inexorablemente en los tribunales.

Esta querella absurda resulta escandalosa y condenable a los ojos de una ciudadanía que ve aterrada cómo la consume la crisis más grave que ha conocido en su vida y cómo las propias instituciones de crédito están en entredicho. Sólo la arrogancia extrema y la ambición desmedida de poder de sus protagonistas son capaces de auspiciar, precisamente ahora, semejante espectáculo. Un espectáculo que acaba de aderezarse con un episodio indecoroso de espionaje en el que, según todos los indicios, unos políticos del PP han investigado  la actividad privada de otros utilizando para ello medios y recursos públicos. Es muy dudoso que no haya delito en ello, como afirma provisionalmente la Fiscalía; en todo caso, estas prácticas son políticamente odiosas e intolerables, y no se entendería que no rodaran cabezas. Y cabezas principales, por supuesto.

Ante este desaguisado esperpéntico, en el que por añadidura Aguirre trata de apoyarse en el PSOE y Gallardón en Comisiones Obreras, Rajoy ha subido precipitadamente a los cerros de Úbeda. La respuesta del líder popular al escándalo ha sido la sugerencia de que el Banco de España controle las cajas de ahorros para evitar su politización. Al parecer, él se considera incapaz de obligar imperativamente a los suyos que abandonen esta rivalidad destructiva y consigan un rápido consenso sobre quién con mejores méritos debe presidir la Caja. Una Caja que es la segunda del país, que desarrolla un papel central en la economía madrileña y española y que sale gravemente perjudicada por la pérdida de imagen que semejante rifirrafe le acarrea.