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Fiscalidad e ideología

Mircoles, 24 Junio 2009

El Gobierno –conviene recordarlo- disfruta en teoría de una amplia mayoría parlamentaria -169 diputados tiene el PSOE- que, en teoría, debería permitirle cierta comodidad. Si se piensa que el PP gobernó en la legislatura 1996-2000 con 156 diputados sin sobresaltos, se coincidirá en que la mayoría parlamentaria actual tiene un peso suficiente. Por tal motivo, Rodríguez Zapatero decidió esta vez afrontar su investidura en solitario, sin apoyos de los demás grupos.

En estas circunstancias,  el logro de la mayoría necesaria para que prosperen ciertas iniciativas –los presupuestos generales del Estado de cada año por ejemplo- ha de obtenerse pactando con las minorías. Y estas ocasionales alianzas pueden conducir fácilmente a la esquizofrenia. Esto es lo que ocurrió ayer martes en el Congreso de los Diputados cuando el PSOE, al negociar el apoyo al techo máximo del gasto en 2010 que debe votarse mañana jueves, intentó primero aliarse con el grupo parlamentario ERC-IU-ICV, mediante un acuerdo una mayor progresividad fiscal, para terminar después aceptando un pacto con CiU que garantizará la abstención –suficiente, a estos efectos- del grupo catalán.

Este vaivén, llamativo y pintoresco pero inexorable a causa de la inamovible matemática parlamentaria, genera lógicas dudas sobre la consistencia del modelo fiscal del Gobierno, que por la mañana parece dispuesto a subir los impuestos a los ricos y por la tarde desiste de ello. Sin embargo, la cuestión no es tan simple.

En primer lugar, hay que decir alto y claro que el modelo fiscal ya no es el distintivo que delimita decisivamente los espacios de la izquierda y de la derecha. Desde la llegada irreversible del realismo capitalista en los años noventa del pasado siglo, socialdemócratas y liberales coinciden en otorgar la iniciativa económica al mercado. La Unión Europea se basa sobre esta ortodoxia –el Pacto de Estabilidad que sostiene la moneda única va en esta dirección- y nadie discute que el Estado no debe interferir en la economía productiva. El objetivo esencial de la nueva socialdemocracia, asentada sobre el liberalismo económico, consiste en la universalidad de unos servicios públicos básicos de calidad, que garanticen una auténtica igualdad de oportunidades en el  origen. El progresista Obama no ha prometido más impuestos sino la creación de una sanidad universal en Norteamérica. Y, de hecho, sólo algunos desorientados poscomunistas –como los que militan hoy en Izquierda Unida o en ERC- creen en la bondad intrínseca de la fiscalidad alta, del Estado interventor embarcado en una utópica redistribución de la riqueza.

En segundo lugar, es patente que la salida de la recesión actual, que obligará a reducir los altos déficit públicos y a regresar cuanto antes al Pacto de Estabilidad, hará necesarios sacrificios fiscales, subidas de impuestos para cuadrar las cuentas públicas, no por razones ideológicas. La vicepresidenta Salgado lo ha dicho con claridad, y es de prever un incremento inminente de la presión fiscal, siquiera hasta que este país recupere su velocidad de crucero.

En tercer lugar, y por último, conviene recordar que la actual soledad parlamentaria del PSOE no es fortuita ni se debe a su mala cabeza: conscientemente, ha tenido que renunciar al apoyo del PNV porque se ha negado a pactar con él en Euskadi para provocar el magnífico cambio político a que estamos asistiendo. Y tampoco puede contar con el respaldo estable de CiU porque esta formación está en la oposición en Cataluña y el Gobierno central no cede por completo a sus pretensiones en materia de financiación.

Hay otros modelos parlamentarios, mayoritarios en vez de proporcionales, en que no son precisas estas alianzas del partido gobernante con las minorías, pero si hemos optado constitucionalmente por éste, tenemos que aceptarlo con sus grandezas y sus miserias. Sin ceder a la demagogia cada vez que el sistema chirría por alguno de sus puntos débiles. 

MAFO: avisos pertinentes

Viernes, 17 Abril 2009

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez –MAFO para los iniciados-, ha causado un importante revuelo al demandar el pasado miércoles, en su intervención ante la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, un retraso de dos años en la edad de jubilación obligatoria. El ministro de Trabajo, Corbacho, y los sindicatos ya se han ocupado de responderle cumplidamente, aunque con escasos argumentos. Pero el responsable de controlar nuestro sistema financiero desarrolló un temario mucho más amplio que no ha tenido tanto eco y que nuestra ocupada clase política parece haber echado a humo de pajas: MAFO lanzó en la misma intervención una seria advertencia contra la política expansiva que parece haber adoptado el renovado Gobierno, ya libre de la férrea disciplina impuesta hasta ahora por Solbes. “El recorrido al alza del déficit público –dijo el gobernador- no puede ser ilimitado en la situación actual”. Y concluyó la advertencia con una recomendación impecable: “los compromisos con las reglas fiscales de medio plazo establecidas en el Pacto de Estabilidad a nivel europeo y en las leyes de estabilidad presupuestaria a nivel nacional siguen siendo la mejor guía para gestionar la política fiscal”.

Es opinable que sea éste el momento para revisar nuestro sistema de pensiones, y desde luego es impertinente alarmar ahora también a los pensionistas, por más que resulte inevitable a medio plazo, para asegurar la sostenibilidad del sistema, no sólo retrasar la jubilación sino también ampliar el plazo de cómputo de las pensiones, como ya han hecho por otra parte muchos países europeos con modelos análogos al nuestro. Lo que sí es sin duda acertado es lanzar al Gobierno algunos recordatorios sobre la necesidad de mantener el gasto público dentro de ciertos límites si no se quiere provocar una auténtica catástrofe.

El temor no es infundado. La marcha de Solbes y la designación en su lugar de Salgado –una ministra de menor peso, incapaz de regatear con Zapatero- y el anuncio de la inminencia de un pacto de financiación autonómica hacen sospechar que el acuerdo se logrará por el procedimiento de ampliar considerablemente las cuantías manejadas hasta el momento para este fin (la horquilla era entre 8.000 y 11.000 millones de euros). Asimismo, el ímpetu con que José Blanco, flamante ministro de Fomento, ha comenzado a enunciar nuevos proyectos hace temer que el gasto de este Departamento sobrepase con creces este año los 18.000 millones de euros que tiene presupuestariamente consignados. Finalmente, el anuncio de nuevos subsidios para los parados que hayan agotado la prestación sugiere que también por esta vía se incrementará el déficit.

Previsiones fundadas anuncian ya que el déficit público de este año alcanzará el 8% del PIB, cuantía que no debería sobrepasarse bajo ningún concepto, no sólo porque en un par de años tendremos que regresar a los límites impuestos por el Pacto de Estabilidad –el 3%- sino también porque ir más allá nos obligaría a aplicar políticas restrictivas en una fase todavía recesiva o de estancamiento, lo que retrasaría años nuestra recuperación. 

Tiene sentido –como dice Fernández de la Vega- que en esta hora ingrata no se pidan sacrificios adicionales a los ciudadanos. Pero sería absurdo que no se tuviera una visión panorámica de la crisis y que no se actuase con el debido rigor. En este sentido, el papel de MAFO en la crisis es impecable.

El plan de choque

Lunes, 24 Noviembre 2008

La cumbre de Washington representó el explícito reconocimiento internacional de que, tras el colapso del sistema financiero y el desencadenamiento de una crisis económica globalizada sin precedentes, hay que movilizar a las instituciones económicas y a los sectores públicos de todos los países para  combatir la recesión y estimular la actividad. Los Estados Unidos, por su parte, han habilitado en primer lugar grandes cantidades de recursos para proceder al ‘rescate’ de los bancos dañados y, a continuación, las administraciones de todo el mundo han emprendido actuaciones que serán tanto más eficaces cuanto mejor coordinadas estén unas con otras. Es evidente que estas determinaciones constituyen un serio golpe al neoliberalismo, que se ha estrellado en sus propios excesos neocon, y un retorno al ‘New Deal’ de Roosevelt y Keynes, pero estas sutilezas ideológicas tienen sólo un sentido testimonial en esta hora en que el pragmatismo debe impregnarlo todo para resolver un estricto problema de supervivencia.

De ahí que la Comisión Europea vaya a presentar el miércoles un plan de choque basado en tres ejes: coordinación de las acciones de los Estados miembros, aumento significativo de los recursos del Banco Europeo de Inversiones y modificación de los reglamentos de los fondos de cohesión para agilizar los pagos a los Estados que los reciben. Tras la cumbre de Washington, el FMI recomendó a la UE que destinara a la reactivación el 2% del PIB europeo, pero Alemania, muy pusilánime, se ha mostrado remisa; no acepta que la movilización de recursos supere el 1% del PIB, es decir, unos 130.000 millones de euros, porque no quiere aportar más a las arcas europeas. En cualquier caso, esta inyección es superior en envergadura al presupuesto anual de la UE (110.000 millones de euros). El éxito real del Consejo Europeo dependerá sin embargo de la sintonía que alcancen franceses y alemanes (hoy se reúnen en París Sarkozy y Merkel). Evidentemente, la inyección de recursos al sistema económico puede plantearse de dos maneras: mediante reducciones fiscales y a través de inversiones productivas directas. La mayor parte de los Estados harán ambas cosas a la vez; así por ejemplo, Obama ha anunciado reducciones de impuestos que beneficien a las clases medias y un vasto plan federal de reconstrucción que modernice las vetustas infraestructuras de transporte de su país. Las reducciones fiscales son instantáneas y las inversiones productivas requieren una preparación –confección del proyecto, licitación, etc.- aunque son más eficaces que aquéllas en la reactivación. El jueves, a su regreso de Bruselas, Rodríguez Zapatero anunciará el plan español en el Congreso de los Diputados, que probablemente incluirá actuaciones de las dos clases. 

En los años de bonanza, España ha conseguido, además de superávit público, reducir la deuda al 38% del PIB, uno de los porcentajes más bajos de la UE y muy alejado del límite del 60% marcado por el pacto de estabilidad. En consecuencia, hay margen para que nuestro país afronte con audacia las consecuencias más terribles del crecimiento negativo, el paro en primer lugar, mediante actuaciones positivas, combinadas con la congelación de los gastos corrientes, aunque ello nos obligue a rebasar el límite marcado del déficit anual, que es del 3% del PIB. Frente a quienes –todavía- apuestan por la ‘austeridad’, es llegado el momento de la inversión rigurosa y abundante. En el bien entendido de que estamos en circunstancias excepcionales que no se superarán sin la debida coordinación entre las grandes economías y contra las que hay que aplicar asimismo acciones psicológicas: el liderazgo de los principales actores es fundamental para que disminuyan la retracción de los consumidores y la prudencia de los empresarios. La irrupción de Obama, que infunde un mensaje de optimismo en la escena mundial, puede contribuir decisivamente a lograr estos objetivos.

En el terreno propiamente español, esta confianza  se alcanzaría mejor si, como piden los agentes sociales, se lograra un pacto político. El consenso facilitaría sin duda la activación de los mercados pero tampoco es indispensable. Entre otras razones, porque la opinión pública sabe perfectamente que el margen de discrecionalidad del Gobierno en la gestión de la crisis es limitado y que las diferencias PP-PSOE en este asunto son más retóricas que reales.