Blogs

Entradas con etiqueta ‘PP’

La democracia continua

Viernes, 12 Junio 2009

Los sistemas parlamentarios son democracias de opinión pública.  Quiere decirse que, con independencia de las formalidades constitucionales, que tasan rigurosamente el modelo de representación semidirecta –los ciudadanos eligen parlamentarios que a su vez designan al Ejecutivo-, el devenir de los diferentes poderes y de las instituciones está sometido al escrutinio constante de la ciudadanía, a través de esta abstracción que denominamos opinión pública.

La opinión pública es, en definitiva, el juicio colectivo que en cada momento merece la actuación de los diferentes actores. Se establece sobre la estructura del sistema mediático, de forma que el conjunto de los medios de comunicación es el gran elemento vertebrador de una opinión continua que sirve de contraste a las instituciones democráticas. Por supuesto, existen mecanismos diversos para conocer el estado de opinión de la ciudadanía, como las encuestas sociológicas, pero el concepto cabal de opinión pública va más allá de esta concreción: el sentir espontáneo del cuerpo social se percibe con claridad si se observan con cierta perspectiva todas sus circulaciones y si se palpa el pulso del país a través del conjunto de los flujos mediáticos e informativos.

Viene esto al caso de lo acontecido tras la derrota del PSOE en las elecciones europeas. Con el argumento de que el Gobierno ha perdido el apoyo popular, el PP ha exigido al Gobierno que presente una moción de confianza, a lo que el Gobierno ha respondido retando al principal partido de la oposición a que plantee una moción de censura. Y Rodríguez Zapatero ha manifestado que para conquistar el poder hay que vencer en las elecciones generales y no en Estrasburgo. En cierta manera, ambos actores tienen su parte de razón. La legitimidad de este Gobierno, que venció en 2008, es plena, y además el Partido Popular no tiene –salvo piruetas inimaginables de las minorías parlamentarias- posibilidad de sacar adelante una moción de censura. Pero también es innegable que el Gobierno y el partido que lo sostiene deben asimilar el explícito aviso del cuerpo electoral que, aunque elegía el 7-J a sus representantes europeos, también juzgaba indirectamente el papel desempeñado por los diferentes sujetos políticos en los últimos tiempos.

Por supuesto, la derrota del PSOE no ha sido humillante, y se corresponde con el descenso que han experimentado todos los partidos gobernantes europeos, enfrentados con la crisis y por tanto con el malhumor de los electores. Pero no cabe duda de que este contratiempo ha de llevar al Gobierno a una reflexión humilde sobre sus propios errores, que son los que a fin de cuentas ha sancionado el cuerpo social. Ni el “Zapatero dimisión” que coreaban algunos partidarios de Rajoy en la noche electoral tiene sentido, ni el mantenella y no enmendalla de un presidente del Gobierno que no parece dispuesto a analizar el porqué de algunas defecciones resulta razonable.

La democracia de opinión plantea, junto a su propia grandeza, un problema de fondo: los líderes políticos ceden con frecuencia a la tentación de complacer acríticamente las demandas colectivas. Es lo que se llama gobernar con encuestas. Cuando es patente que en ocasiones, los estadistas tienen la obligación moral de afrontar las consecuencias de decisiones impopulares si creen que beneficiarán a la colectividad. Talleyrand –cuenta Ortega- reprochó con dureza a Mirabeau “no haber tenido el coraje de ser impopular” cuando le correspondía enfrentarse a las críticas para salvar a la patria. Pero éste no es el caso que suscita este comentario: Zapatero y Rajoy, Rajoy y Zapatero, tienen la obligación de mantener el oído atento a la democracia continua que se expresa a través de la opinión pública y de los hitos electorales de la legislatura… Porque ese sonido de fondo enriquece la ceremonia política, orienta a los líderes y carga de matices el debate entre el poder y la oposición. 

El centro, de nuevo

Martes, 9 Junio 2009

Los analistas más prestigiosos explican lo ocurrido el 7-J mediante referencias al centro político. El Partido Socialista habría radicalizado su mensaje en los últimos tiempos al introducir en el debate asuntos polémicos y vidriosos como la ley de plazos, la píldora del día después o la reforma de la ley de Libertad Religiosa. Y este ensimismamiento sería el causante de que el PSOE haya perdido una parte notable del sector más centrista, más moderado, de su clientela habitual.

En sentido contrario, el PP exhibía el 7-J la moderación y la templanza adoptadas en el Congreso de Valencia en el pasado verano, que lo llevó a la ruptura con lo más reaccionario del complejo mediático que lo había acompañado durante la legislatura anterior. Tal viraje habría reconciliado a Rajoy con un electorado conservador moderado que no transigió en su momento con aquella radicalización.

Evidentemente, este planteamiento es demasiado simplista y lineal, pero la realidad se acomoda indudablemente a estas pautas. PP y PSOE deben terminar de convencerse de que la gran disputa se plantea en el centro. Y quizá este convencimiento lleve a ambos a calmar sus ímpetus y a rebajar el tono de la confrontación. Todos saldríamos ganando con ello.

El desorden autonómico

Jueves, 21 Mayo 2009

El debate sobre el estado de la Nación ha permitido este año observar uno de los déficit más disfuncionales del sistema democrático español. Ciertas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno eran, en realidad, mixtas, es decir, comprometían a la vez recursos gestionados por el gobierno central y recursos autonómicos (es el caso, por ejemplo, de las ayudas al automóvil); y, sin embargo, como se ha visto, no existen mecanismos de coordinación y codecisión que sustenten estas actuaciones complejas. Nuestro Estado de las Autonomías está, en fin, “inacabado”, como explica hoy con acierto el constitucionalista Francesc de Carreras en la prensa catalana.

La denuncia de este ilustre crítico puede resumirse así: cuando Zapatero llegó al gobierno en 2004, lo hizo con un programa electoral muy razonable en lo tocante a la cuestión territorial: el designio principal era una reforma constitucional que hiciera del Senado una verdadera cámara ‘federal’; y el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, creó la Conferencia de Presidentes Autonómicos y perfeccionó la participación de las comunidades autónomas en Europa. Sin embargo, en lugar de avanzar en aquella dirección coordinadora e integradora, que era la que se imponía tras la finalización de la descentralización política del Estado, la nueva mayoría socialista hubo de embarcarse, por razones meramente coyunturales impuestas por Maragall, en un innecesario, oneroso e inútil proceso de reformas estatutarias que, en realidad, ha aportado bien poco al modelo preexistente. Porque, como es obvio, la redefinición de la financiación autonómica que está a punto de consumarse, y que en teoría es la gran conclusión de la reforma, poco o nada tiene que ver con la farragosidad voluntarista de los nuevos Estatutos.

La necesidad de concluir el Estado de las Autonomías mediante la generación de una estructura que dé coherencia interna al conjunto, delimite ciertos procedimientos cooperativos y facilite la integración de los esfuerzos y de las voluntades es bien patente, y es para muchos inexplicable que el Partido Popular, la gran oposición conservadora, no estimule al Gobierno a generar con su ayuda tales avances. El PP critica a Zapatero por prometer ayudas autonómicas sin haber negociado antes con las autonomías, pero se muestra incapaz de apoyar los sistemas de coordinación que hubieran posibilitado una propuesta armónica. Y es impensable que la mayoría socialista pueda apoyarse en las otras minorías porque los nacionalismos periféricos son alérgicos al concepto de ‘armonización’, que es el que habría que exprimir en semejante reforma.

Con independencia del acierto o desacierto de los grandes partidos en el desempeño de sus respectivas funciones, es muy negativo para la buena marcha del país su incapacidad para acordar cuestiones de alcance constituyente que no tienen significado partidista y que sin embargo racionalizarían nuestro modelo territorial y facilitarían grandemente la buena marcha del Estado. Asuntos como la reforma del Senado y algunos otros aspectos de la Constitución necesitados de reforma forman parte del núcleo de consenso que comparten PP y PSOE. Es, pues, absurdo y hasta ridículo que las dos formaciones sigan dándose la espalda en estas cuestiones, de las que depende la estabilidad institucional, para que nadie piense que alguien flaquea en la sagrada tarea de negar el pan y la sal al adversario.

Apatía frente a Europa

Martes, 24 Marzo 2009

Bruselas ha comenzado a movilizarse ante las elecciones europeas de junio, que en España se celebrarán el día 7 de ese mes. El temor de los euroburócratas es, como cada cinco años, la abstención, es decir, el efecto del desinterés que suscita la Unión Europea entre las sociedades nacionales. La abstención batió precisamente récords en las pasadas elecciones de 2004: sólo votó el 45,6% del censo de los Veintisiete, en gran medida a causa de la baja participación en los nuevos socios del Este. En España, la participación fue de sólo el 45,1%.

Los argumentos para instar la participación son sólidos: cuando entre en vigor el Tratado de Lisboa, el Europarlamento poseerá muchas más competencias que los parlamentos nacionales. Y la crisis tiene menores efectos sobre los países periféricos –Irlanda, por ejemplo- gracias a la moneda única. “Si Irlanda no es Islandia (país destrozado por la crisis) es gracias a la UE y al euro”, ha dicho con razón el presidente de la Eurocámara, Hans Gert Pöttering. Pero la verdad es que hay pocos alicientes para interesarse por unas instituciones poco o nadad transparentes que no han conseguido ni siquiera resultar noticiosas en los países miembros de la Unión.

Por añadidura, la Unión Europea está actualmente en el alero. El Tratado de Lisboa, que debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero, fue firmado por los países miembros el 13 de diciembre de 2007 y era una versión menos ambiciosa de la fallida Constitución Europea de 2004, que naufragó en varios Estados. Sin embargo, como es sabido, Lisboa embarrancó en el “no” irlandés en el referéndum de junio del pasado año. Y no hay todavía una nueva convocatoria, de la que depende la entrada en vigor del Tratado.

Ciertamente, la Unión ha mitigado relativamente la crisis en los países miembros; sin embargo, bien a la vista está que ha faltado arrojo para adoptar medidas comunes de relieve y que, a pesar de que el euro es una garantía de solvencia, las instituciones en que se apoya la moneda única son frágiles y tienen escasa iniciativa. La potente respuesta de los Estados Unidos a la recesión no tiene parangón en Europa.

Así las cosas, tampoco los grandes partidos tienen interés en hacer pedagogía. Entre nosotros, PP y PSOE, miembros de sendas internacionales, no parecen estar preparando grandes discursos europeístas. Saben, en el fondo, que se juegan más aquí dentro que en Europa. Porque hasta ahora, las elecciones europeas han presagiado lo que ocurriría en las siguientes elecciones generales, aunque han errado en la correlación de fuerzas. En las europeas de 1994, el PP ganó al PSOE con casi diez puntos de diferencia, y sin embargo en las generales de 1996, el PP sobrepasó al PSOE en poco más de un punto.

Hemos, pues, de esperar que la precampaña y la campaña electorales sean como es habitual un forcejeo de política interna. López Aguilar y Mayor Oreja, candidatos del PSOE y del PP, harán retórica europea con los ojos puestos en la crisis española. Y si éste es el panorama, ¿qué razones tendremos los ciudadanos para vencer la apatía e ir a votar? 

Bajeza moral

Martes, 10 Marzo 2009

El PNV está dando muestras de escasa sensibilidad democrática ante la expectativa de perder el poder autonómico. Primero, ha criticado la Ley de Partidos, que a su juicio distorsiona la representación en el País Vasco; insinúa así que, de haberse presentado la izquierda abertzale radical a las elecciones, aceptaría sus votos para mantenerse en Ajuria Enea (no sería la primera vez). Después, ha insinuado la ilegitimidad de un gobierno socialista aupado por los populares, y ha llegado a hablar de “golpe institucional”, concepto que no está evidentemente muy alejado del de “golpe de Estado”. Finalmente, ha lanzado la maliciosa especie de que el PSE-PSOE estaría dialogando con la ilegalizada Batasuna, quién sabe si para intentar una negociación con ETA, para dificultar el apoyo de los populares a Patxi López.

Bajeza moral es la expresión que mejor describe esta resistencia ante el desalojo del “movimiento nacional” vasco que ha tejido redes clientelares muy sólidas durante treinta años de hegemonía.  Es comprensible que el PNV se duela del mal trago, pero sólo quien abrace convicciones autoritarias podrá estar dispuesto a impedir por todos los medios que se consume un cambio que los ciudadanos han posibilitado claramente en las urnas.

PP y PSOE se necesitan

Lunes, 9 Marzo 2009

El proceso sin duda más reconfortante que afecta la política española en los últimos años es la progresiva contracción del nacionalismo periférico, especialmente de sus manifestaciones más radicales. La ciudadanía de este país, que ha demostrado gran sabiduría y una poderosa intuición en los treinta años de recorrido democrático, ha ido percatándose seguramente de que la dispersión de voto y su atribución a fuerzas excéntricas que ponen en duda los fundamentos del sistema comenzaba a debilitar el régimen constitucional, que goza del aprecio y satisface plenamente a la inmensa mayoría de los españoles.

Enric Juliana acaba de publicar en la prensa de Cataluña un análisis en el que constata que ésta es también la opinión de los más reputados sociólogos políticos, como José Juan Toharia o Juan Ignacio Wert. Y los datos son reveladores: en las pasadas elecciones generales de las que ayer precisamente se cumplía un año, todas las formaciones periféricas perdieron votos; la débacle fue particularmente estrepitosa para ERC, que redujo su clientela a menos de la mitad y pasó de 8 escaños a 3 en el Congreso, así como para el PNV, que vio cómo se esfumaban 120.000 votos de su cantera y perdió las elecciones en las tres provincias vascas, en las tres capitales y en la mayoría de las grandes localidades.

En las elecciones del 1 de marzo, las fuerzas del ‘tripartito’ vasco perdieron 62.000 votos y la mayoría absoluta de escaños, y ni siquiera podrían ya formar gobierno con Aralar, que recogió buena parte del voto ‘abertzale’. Gracias a ello, el PSOE podrá gobernar en Euskadi con el apoyo del PP.

Sin embargo, el adelgazamiento de los nacionalismos crea dificultades al partido político que Gobierna en el Estado con mayoría relativa (las mayorías absolutas son la excepción y no la regla en este país, a causa del sistema electoral proporcional). El pacto vasco PP-PSOE genera en este sentido inestabilidad en el Parlamento español, ya que el PSOE perderá la posibilidad de apoyarse en el PNV. Así las cosas, el grupo socialista no tendrá más remedio que recurrir a las minorías irrelevantes de la Cámara para sacar adelante sus iniciativas. Pero si cundiese cierta magnanimidad en los grandes partidos, este obstáculo podría salvarse fácilmente. De hecho, resultaría difícil de entender que el PP no facilitase la estabilidad cuando de lo que se trata en esta coyuntura excepcional es de combatir la crisis económica, objetivo primordial y casi único de esta legislatura. Algunos portavoces socialistas ya han requerido a Rajoy para que preste apoyo al Gobierno en este designio.

Si el PP y el PSOE, que son capaces de favorecer el cambio en Euskadi, no acertaran a entenderse en la lucha contra la crisis, mandarían a la opinión pública un mensaje equivocado: el de que las minorías nacionalistas no sólo no entorpecen el proceso político sino que son necesarias para garantizar la gobernabilidad. En cambio, si los dos grandes partidos demuestran que pueden cumplir sus respectivos roles sin desestabilizar ni paralizar el devenir político, es muy probable que consigan incrementar sus clientelas periféricas, en perjuicio de las anticuadas opciones particularistas que persiguen intereses locales por el procedimiento de introducir cuñas en los engranajes del Estado.

El giro al centro del PP facilita grandemente las cosas porque restablece una plausible simetría parlamentaria que hace posibles la cooperación y el diálogo. No habría que demorar, pues, la extrapolación del pacto PP-PSOE en Euskadi a un gran acuerdo de Estado en Madrid. El drama social de la crisis exige este esfuerzo.

La estabilidad de la legislatura

Sbado, 7 Marzo 2009

La formación de un gobierno socialista en el País Vasco con el apoyo político del Partido Popular, que relegará al Partido Nacionalista Vasco a la oposición, creará un problema evidente de estabilidad al Gobierno, constituido por una formación política, el PSOE, que también mantiene a CiU en la oposición en Cataluña. En ambos casos, las fuerzas nacionalistas hegemónicas están resentidas con el Partido Socialista, que les ha impedido gobernar a pesar de que en las respectivas elecciones autonómicas fueron las que obtuvieron más votos y más escaños.

El PSOE consiguió en las últimas elecciones generales 169 escaños, de forma que está a siete diputados de la mayoría absoluta. Hasta ahora, el grupo socialista se ha apoyado con frecuencia en el PNV (seis diputados) para sacar adelante sus iniciativas legislativas –la ley de Presupuestos de este año, por ejemplo-, ya que CiU (once diputados) se ha negado a cualquier colaboración. Si el Gobierno pierde también el apoyo del PNV, quedaría teóricamente en manos de ERC (tres escaños), IU (dos), BNG (dos), CC (dos), UPyD (uno) y Nafarroa Bai (uno).

Parece innecesario decir que la coyuntura de este país es sumamente grave a causa de la crisis económica, por lo que no resultaría nada tranquilizador que el Gobierno estuviera a merced de tan heterogéneas e insignificantes minorías. Así las cosas, tiene todo el sentido que el Gobierno reclame y que el PP conceda una estrecha colaboración entre las dos grandes fuerzas políticas en aquellos asuntos de Estado que hay que abordar con premura y énfasis en esta legislatura.

Tras las elecciones del 1-M, el liderazgo de Rajoy ha salido indudablemente fortalecido, a pesar de los episodios de corrupción y espionaje que quedarán superados si Génova aplica con firmeza la cirugía necesaria. Así las cosas, es evidente que el líder de la oposición tiene al alcance de la mano adquirir envergadura de estadista si sabe entender que su papel ahora no sólo consiste en la contradicción y el control del Gobierno sino en cerrar un gran pacto anticrisis y otros monográficos sobre la Justicia, sobre política exterior y sobre los asuntos de Estado que lo requieran.

Ramón Jáuregui le explicaba a este columnista recientemente que ésta es precisamente la intención de la mayoría: conseguir la estabilidad parlamentaria no sólo mediante ocasionales pactos con las minorías sino a través de un acuerdo de mayor calado con el principal partido de la oposición, que adquiere todo el sentido en las circunstancias excepcionales en que nos encontramos. Ha de tenerse en cuenta que el arma principal en la lucha contra la crisis, la confianza, no provendrá tanto de las medidas que sucesivamente se vayan aplicando cuanto de la aparatosidad y consistencia de la respuesta que reciba la recesión de parte de las instituciones del Estado.

Conviene, en fin, que Rajoy se libere cuanto antes de los tumores que debe extirpar en su partido y que se apreste a cumplir esta misión trascendental que le corresponde y que le permitirá sin duda asentarse definitivamente al frente del hemisferio conservador de este país.

Escándalo en Madrid

Jueves, 22 Enero 2009

El enconamiento de la lucha por el poder interno en el PP de Madrid entre dos de los principales aspirantes a sustituir a Rajoy al frente del principal partido de la oposición pone de manifiesto no sólo la endeblez del liderazgo de éste –sus conmilitones se disputan abiertamente la sucesión, que no creen lejana- sino la falta de escrúpulos de sus contendientes, que al parecer no entienden que esta guerra abierta no sólo les enfanga a ellos mismos sino que también desacredita a la formación a la que pertenecen.

La ambición de Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad madrileña, y de Alberto Ruiz Gallardón, alcalde capitalino, ambos en posesión de holgada mayoría absoluta en sus respectivas instituciones, ya quedó claramente de manifiesto cuando ambos pretendieron hasta la extenuación pero sin éxito ser incluidos en las listas del PP al Congreso (desde Hernández Mancha, se teme la dificultad que entraña ostentar el liderazgo nacional de un partido sin ser diputado). La confirmación a la búlgara de Rajoy en el Congreso de Valencia pareció alejar aquella rivalidad. Pero pronto, ante las debilidades de la actual posición de Rajoy en su papel opositor, se ha reproducido el conflicto.

La sede de la gran conflagración está ahora en Caja Madrid. Ante la renovación de la presidencia de la institución, en la que Miguel Blesa, amigo de Aznar, lleva doce años en el cargo y pretende continuar, y dado que la actual correlación de fuerzas le permitiría hacerlo con el respaldo de Gallardón, Aguirre ha reformado la ley madrileña de Cajas de Ahorros, para restar peso representativo a la capital madrileña y aumentárselo a la representación regional. El dilema estriba en si esta elección ha de realizarse de acuerdo con la reglamentación antigua, conforme a la cual comenzó el proceso, o a la nueva. Ni que decir tiene que del procedimiento que se adopte dependerá que Blesa continúe o no. Ante la falta de acuerdo político, el enmarañado asunto terminará inexorablemente en los tribunales.

Esta querella absurda resulta escandalosa y condenable a los ojos de una ciudadanía que ve aterrada cómo la consume la crisis más grave que ha conocido en su vida y cómo las propias instituciones de crédito están en entredicho. Sólo la arrogancia extrema y la ambición desmedida de poder de sus protagonistas son capaces de auspiciar, precisamente ahora, semejante espectáculo. Un espectáculo que acaba de aderezarse con un episodio indecoroso de espionaje en el que, según todos los indicios, unos políticos del PP han investigado  la actividad privada de otros utilizando para ello medios y recursos públicos. Es muy dudoso que no haya delito en ello, como afirma provisionalmente la Fiscalía; en todo caso, estas prácticas son políticamente odiosas e intolerables, y no se entendería que no rodaran cabezas. Y cabezas principales, por supuesto.

Ante este desaguisado esperpéntico, en el que por añadidura Aguirre trata de apoyarse en el PSOE y Gallardón en Comisiones Obreras, Rajoy ha subido precipitadamente a los cerros de Úbeda. La respuesta del líder popular al escándalo ha sido la sugerencia de que el Banco de España controle las cajas de ahorros para evitar su politización. Al parecer, él se considera incapaz de obligar imperativamente a los suyos que abandonen esta rivalidad destructiva y consigan un rápido consenso sobre quién con mejores méritos debe presidir la Caja. Una Caja que es la segunda del país, que desarrolla un papel central en la economía madrileña y española y que sale gravemente perjudicada por la pérdida de imagen que semejante rifirrafe le acarrea.

Mayor Oreja, candidato polémico

Martes, 6 Enero 2009

La proverbial indecisión de Rajoy, que algunos atribuyen a su galleguismo psicológico –esa capacidad de ocultar en el rellano si se suben o se bajan las escaleras-, ha cedido paso probablemente a una estrategia muy calculada en la designación de Jaime Mayor Oreja, que mañana se formaliza, como cabeza de lista del Partido Popular en las elecciones de junio al Parlamento Europeo.

Mayor Oreja, mentor de María San Gil en Euskadi, estuvo detrás de la rebelión del PP vasco que culminó con el abandono de la política por la presidenta del partido en aquella comunidad, resuelto con la elección del moderado Basagoiti, quien pidió expresamente a Rajoy que Mayor no encabezara la lista europea ya que su rehabilitación dejaba en evidencia al nuevo equipo que rige los destinos del PP en el País Vasco. Además, Mayor realizó críticas acerbas a la línea centrista emprendida Rajoy antes y durante el Congreso de Valencia, lo que lo alineó con el sector crítico, un conglomerado todavía vaporoso formado por quienes no consideran a Rajoy la personalidad idónea para intentar llevar el partido a la victoria en las elecciones generales del 2012.

Todo ello parecía anunciar que Rajoy optaría por sustituir a Mayor. Se ha hablado con insistencia de la posibilidad de recurrir a Ruiz Gallardón, quien a cambio de este sacrificio recibiría la compensación de convertirse en número dos del partido a su regreso de Bruselas, un año después de su marcha. Pero la operación era demasiado alambicada y, sobre todo, tenía el inconveniente de encrespar todavía más no sólo al ala crítica sino a otros sectores del PP que aceptan a Rajoy pero que están enemistados con Gallardón. En estas circunstancias, la solución ‘conservadora’, la continuidad de Mayor, era la que ofrecía al presidente del PP mayores ventajas en una elección muy crítica: existe unanimidad en los análisis en el sentido de que Rajoy se juega mucho en las europeas: una derrota lo colocaría en una posición muy difícil en el interior del partido.

En efecto, Mayor Oreja es un personaje conocido por la opinión pública y cuyas posiciones sobre el ‘problema vasco’ pueden desactivar el deslizamiento de sectores populares hacia la UPyD de Rosa Díez (este argumento ha sido explícitamente mencionado por próximos a Rajoy). Además –y ésta es la clave de la designación-, el nombramiento pacifica momentáneamente el partido y una eventual derrota del PP en las europeas podría ser imputada en primera instancia a los críticos, que son quienes han aplaudido la confirmación de Mayor.

A medio plazo, es improbable que Rajoy pudiera soportar esta eventual derrota, que no es imposible si se mantiene el tono de las últimas encuestas recién publicadas. Y no parece que los resultados del PP en Galicia y Euskadi el 1 de marzo puedan alterar esta impresión.  Tampoco Mayor Oreja es un crack en las campañas, por lo que la supervivencia política de Rajoy sigue estando en precario. A menos, claro está, que el líder popular, más conocido por sus ausencias y silencios que por sus iniciativas y propuestas, cambie de táctica y se ponga realmente al frente de un partido que acusa con claridad falta de liderazgo.

ANV, fuera de las instituciones

Mircoles, 10 Diciembre 2008

El asesinato del empresario Ignacio Uría en Azpeitia, localidad gobernada en minoría por Acción Nacionalista Vasca, formación que se ha negado a condenar la brutal agresión homicida, ha colmado el vaso de la paciencia de muchos demócratas, que no entienden cómo es posible que una organización  ilegalizada consiga mantenerse al frente de las instituciones municipales en las que consiguió instalarse. Como es conocido, ANV, una ‘marca blanca’ de Batasuna establecida sobre una organización registrada en 1977 y reactivada en abril de 2007 para concurrir a las elecciones municipales y forales del 27 de mayo siguiente, fue suspendida por tres años por el juez Baltasar Garzón el 8 de febrero de 2008 e ilegalizada y disuelta definitivamente por el Tribunal Supremo el 16 de septiembre. 

Cuando ANV optó por presentarse a las elecciones municipales y forales, fue investigada por heredera y continuadora de Batasuna conforme a la ley de Partidos, pero el 28 de abril el juez Garzón –siempre Garzón en todas las salsas- decidió que no había indicios suficientes para acreditar tal relación. Pese a ello, el PP instó ante el fiscal del Estado la impugnación de todas las listas. Finalmente, la Fiscalía impugnó ante el Supremo 110 candidaturas y la abogacía del Estado 122; el alto Tribunal anuló finalmente 133 listas, en una decisión ratificada por el Tribunal Constitucional. ANV logró presentarse en 97 municipios del País Vasco y Navarra y consiguió unos 95.000 votos. Ganó en 31 municipios y logró gobernar en 42. Entre ellos Azpeitia –donde fue asesinado Uría- y Mondragón, la localidad en que fue asimismo abatido por ETA el ex concejal socialista Isaías Carrasco poco antes de las últimas elecciones generales. El ensayo de presentar ‘mociones éticas’ para descabalgar a los alcaldes de ANV ha dado un resultado sencillamente  lamentable.

Tras el asesinato de Uría, el PP ha instado al Gobierno a que disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV por el procedimiento del artículo 61 de la ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, reformada consensuadamente por PP y PSOE en 2003, que ya sirvió para disolver el consistorio marbellí. Dicho artículo prevé la disolución de aquellas corporaciones “que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo”. La abogacía del Estado cree que es difícil demostraren este caso la reiteración y gravedad del apoyo a ETA. Por lo que la vicepresidenta Fernández de la Vega ha anunciado la reforma de la ley para posibilitar la disolución de las corporaciones gobernadas por un partido ilegalizado. En esta pugna, PP y PSOE han insinuado una incipiente confrontación que no es coherente con la declarada intención de mantener un consenso estrecho en materia de lucha antiterrorista. Y no debe perderse de vista que mucho más importante que expulsar a ANV de las instituciones es conseguir que no se fracture de nuevo la unidad democrática frente a ETA. Abortado por los terroristas el último y legítimo intento de un ‘final negociado’ de la violencia, ya sólo resta ultimar la batalla actual en que las ideas democráticas y el Estado de Derecho se están imponiendo claramente a los ardides mafiosos de los criminales que, aunque conscientes de que su batalla está perdida, no cejan en su mensaje de muerte y desolación.