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El desorden autonómico

Jueves, 21 Mayo 2009

El debate sobre el estado de la Nación ha permitido este año observar uno de los déficit más disfuncionales del sistema democrático español. Ciertas medidas anunciadas por el presidente del Gobierno eran, en realidad, mixtas, es decir, comprometían a la vez recursos gestionados por el gobierno central y recursos autonómicos (es el caso, por ejemplo, de las ayudas al automóvil); y, sin embargo, como se ha visto, no existen mecanismos de coordinación y codecisión que sustenten estas actuaciones complejas. Nuestro Estado de las Autonomías está, en fin, “inacabado”, como explica hoy con acierto el constitucionalista Francesc de Carreras en la prensa catalana.

La denuncia de este ilustre crítico puede resumirse así: cuando Zapatero llegó al gobierno en 2004, lo hizo con un programa electoral muy razonable en lo tocante a la cuestión territorial: el designio principal era una reforma constitucional que hiciera del Senado una verdadera cámara ‘federal’; y el entonces ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, creó la Conferencia de Presidentes Autonómicos y perfeccionó la participación de las comunidades autónomas en Europa. Sin embargo, en lugar de avanzar en aquella dirección coordinadora e integradora, que era la que se imponía tras la finalización de la descentralización política del Estado, la nueva mayoría socialista hubo de embarcarse, por razones meramente coyunturales impuestas por Maragall, en un innecesario, oneroso e inútil proceso de reformas estatutarias que, en realidad, ha aportado bien poco al modelo preexistente. Porque, como es obvio, la redefinición de la financiación autonómica que está a punto de consumarse, y que en teoría es la gran conclusión de la reforma, poco o nada tiene que ver con la farragosidad voluntarista de los nuevos Estatutos.

La necesidad de concluir el Estado de las Autonomías mediante la generación de una estructura que dé coherencia interna al conjunto, delimite ciertos procedimientos cooperativos y facilite la integración de los esfuerzos y de las voluntades es bien patente, y es para muchos inexplicable que el Partido Popular, la gran oposición conservadora, no estimule al Gobierno a generar con su ayuda tales avances. El PP critica a Zapatero por prometer ayudas autonómicas sin haber negociado antes con las autonomías, pero se muestra incapaz de apoyar los sistemas de coordinación que hubieran posibilitado una propuesta armónica. Y es impensable que la mayoría socialista pueda apoyarse en las otras minorías porque los nacionalismos periféricos son alérgicos al concepto de ‘armonización’, que es el que habría que exprimir en semejante reforma.

Con independencia del acierto o desacierto de los grandes partidos en el desempeño de sus respectivas funciones, es muy negativo para la buena marcha del país su incapacidad para acordar cuestiones de alcance constituyente que no tienen significado partidista y que sin embargo racionalizarían nuestro modelo territorial y facilitarían grandemente la buena marcha del Estado. Asuntos como la reforma del Senado y algunos otros aspectos de la Constitución necesitados de reforma forman parte del núcleo de consenso que comparten PP y PSOE. Es, pues, absurdo y hasta ridículo que las dos formaciones sigan dándose la espalda en estas cuestiones, de las que depende la estabilidad institucional, para que nadie piense que alguien flaquea en la sagrada tarea de negar el pan y la sal al adversario.