Blogs

Entradas con etiqueta ‘Rodríguez Zapatero’

¿Turquía en la Unión Europea?

Martes, 7 Abril 2009

Obama acaba de  marcar en Turquía los nuevos vectores de las relaciones de los Estados Unidos con el mundo islámico. Si Bush, afectado por el terrible zarpazo de Al Qaeda, no pudo impedir que la lucha contra el terrorismo islamista acabara incluyendo una cierta criminalización del islamismo, Obama ha regresado a los parajes de la comprensión y la racionalidad al distinguir, siquiera retóricamente, entre el mundo musulmán y la expresión fanática y violenta del islamismo integrista. “La relación de Estados Unidos con los musulmanes no puede estar y no estará sometida a nuestra oposición a Al Qaeda”.

Es claro que esta esperada rectificación de la diplomacia norteamericana al llegar al poder los demócratas –y a su frente una personalidad tan potente con el presidente Obama- aproxima a Occidente a las tesis de la Alianza de Civilizaciones, un valioso ensayo político, intelectual y cultural planteado por Zapatero y Erdogan, que forman un expresivo antagonismo –laicismo frente a confesionalidad moderada- cuya alianza representaría precisamente el posibilismo que ha enunciado Obama. Turquía es, en efecto, la piedra de toque de la hipótesis manejada por la nueva administración USA: si el islamismo moderado del partido turco en el gobierno, el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), acaba siendo compatible con los cánones democráticos e ideológicos de Occidente en general y de la Unión Europea en particular, se habrá demostrado que es posible en la práctica la convivencia en paz de países islámicos y laicos en el seno de la comunidad internacional.

Pero seamos realistas: Turquía no es todavía una democracia homologable con nuestros regímenes, y aún no cumple ni de lejos los estrictos criterios de Copenhague, adoptados por la UE en 1993 y que establecen que el Estado que aspire a la admisión en el restringido club debe poseer unas instituciones que preserven la gobernabilidad democrática y los derechos humanos, una economía de mercado en funcionamiento, además de aceptar las obligaciones e intenciones de la UE. El déficit democrático turco es muy notorio, tanto en lo referente a la institucionalización del régimen representativo cuanto en lo tocante a las libertades y derechos civiles. Pero el problema no es sólo la acomodación de Turquía a los cánones exigidos sino una cuestión de fondo: la de si la confesionalidad es o no compatible con la democracia.

En un régimen democrático, la soberanía popular es dueña de su destino. En un régimen confesional, teocrático, la soberanía se pliega al dogma, que ha de quedar al margen del debate. Así las cosas, la posibilidad de que Turquía se deslice hacia la democracia occidental dependerá de su capacidad para abandonar la confesionalidad. De hecho, Erdogan acaba de ofrecer consenso a los partidos laicos para la reforma constitucional en ciernes. Habrá que ver si esta generosidad alcanza a las materias más sensibles –el papel de la mujer en la sociedad islámica, inaceptable para occidente, por ejemplo- o si se limita a lo accesorio, sin alcanzar al fondo del asunto. 

Todo lo anterior conduce irremisiblemente hacia un corolario bastante obvio: es posible que se consigan fórmulas de coexistencia pacífica y fecunda entre regímenes confesionales y laicos pero es imposible que aquéllos y éstos se integren estrechamente en tanto la racionalidad positivista no se imponga a la fe dogmática e incontestable. De ahí que, de momento, carezca incluso de sentido plantear si Turquía debe o no ser admitida en la Unión Europea. 

Bermejo y la huelga de jueces

Mircoles, 18 Febrero 2009

La desolación causada por la crisis económica tiene hoy el sobreañadido ingrato de la huelga de jueces, que ha contribuido a incrementar el malestar social de este país, aterido por las gélidas noticias y previsiones que anuncian la larga travesía del desierto. Los jueces se han equivocado absolutamente al utilizar a un arma de presión sindical cuando tienen constitucionalmente vetado afiliarse a sindicato alguno (art. 127.1 C.E.). Pero el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, tampoco saldrá indemne de la prueba.

Conviene recordar que los jueces son individualmente los titulares del poder judicial (ese poder no descansa, como generalmente se cree, sobre el Consejo General, sino que son los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional quienes lo ostentan). En consecuencia, resulta muy chirriante que quienes desempeñan una función tan trascendente en la estructura del Estado vayan a la huelga. Huelga, ¿contra quién? ¿Acaso contra el Gobierno, como si el Poder Ejecutivo fuera su empleador? ¿Quizá contra los ciudadanos? Y es innegable que esta conducta frívola, por justificada que éste por unas demandas que todos compartimos y que son razonables, mina el más valioso patrimonio de la Justicia: su prestigio. No parece serio que quien tiene en su mano la libertad, la hacienda y el destino de las personas se comporte con esa ligereza.

Dicho esto, es claro que la huelga tiene ribetes políticos. Porque no se entendería este acto de fuerza sin observar también el trasfondo del “caso Mari Luz”, en el que Gobierno se entrometió en el régimen disciplinario de los jueces diciendo en voz alta lo que pensábamos todos los ciudadanos. Y es evidente asimismo que el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, no ha sido capaz de reconducir esta situación. Las asociaciones judiciales no lo han ocultado: el temperamento arrogante y nada condescendiente del ministro ha hecho imposible acuerdo alguno para evitar la huelga, a pesar de que sea cierto que precisamente ahora se están realizando cuantiosas inversiones en la modernización de la Justicia. Y, lejos de reconocerlo, Bermejo clama ahora porque se abra expediente a los jueces huelguistas, cuando el propio Consejo, que cree que existe un ‘vacío legal’ al respecto, ha descartado hacerlo. Más leña al fuego.

Todo esto se añade a la insensibilidad de Bermejo en lo que respecta a su fin de semana cinegético con Garzón. Es un sofisma la tesis de que aquel esparcimiento pertenecía al ámbito de la “vida privada” del ministro. Pompidou, en memorable ocasión y cuando uno de sus ministros pretextó unos problemas particulares, lo destituyó fulminantemente con el argumento de que “los ministros no tienen vida privada”. Lo que los ocupantes de las instituciones hacen de puertas afuera de su casa es indubitablemente público, por lo que Bermejo es reo de un error gravísimo. Así parece haberlo entendido  el propio Zapatero, quien ni siquiera cruzó una mirada con su colaborador al coincidir ambos en el Senado.

El problema de la Justicia, que se arrastra desde el arranque de la etapa democrática, debe resolverse cuanto antes, no a causa de la huelga sino porque existe conciencia general de que la penuria de medios materiales y humanos ha llegado al límite. Y en esta tesitura, no parece que Bermejo sea la persona adecuada para pilotar esta transformación.

Guiones para una crisis

Mircoles, 11 Febrero 2009

No es la primera vez que ocurre, pero el rasgo más llamativo del debate económico del martes fue el hecho de que los guiones de todas las intervenciones estuvieran escritos de antemano. Pese a la gravedad excepcional de la situación, ya se conocía con anterioridad que ni el Gobierno ni el PP deseaban la convocatoria de un pacto de Estado contra la crisis. Las medidas del Gobierno eran asimismo públicas –y Zapatero las reiteró, con las únicas novedades de la promesa de incrementar la cobertura del desempleo y del ahorro de 1.500 millones euros del gasto no financiero del Estado-, al igual que se sabía la posición del PP, que limita sus recetas a las políticas de oferta –reducción de impuestos y gastos sociales- y a las reformas estructurales, un concepto muy estético que no significa nada si no se desciende al pormenor.

En suma, el Gobierno, que reconoció estar improvisando –como por otra parte hacen todos los gobiernos de los países desarrollados- al hilo de los acontecimientos imprevisibles, parece estar seguro de sus recetas, algunas de ellas muy controvertibles –como es el caso del plan de actuaciones municipales-, en tanto el Partido Popular de Rajoy ha optado por recluirse en su crítica acerba al Gobierno, actitud que permite a su debilitado líder lucirse en el discurso, frecuentemente demagógico y siempre retórico. Aunque la utilidad de esta postura es dudosa: todos los ciudadanos somos conscientes de lo fácil que resulta denostar a un Gobierno que tiene que conducir una coyuntura dramática como la actual y de lo inútil de tal actitud. Aunque para Rajoy la oportunidad era magnífica: consiguió así que por un momento no se evocaran los escándalos internos del PP y se dejara de cuestionar su liderazgo.

Ante este panorama desolador, en que la única actitud constructiva fue paradójicamente la adoptada por Duran i Lleida al frente del grupo de CiU –este político catalán, digno sucesor del histórico Miquel Roca en la portavocía de los nacionalistas del Principado, fue el primero en reclamar un pacto de Estado frente a la crisis-, los ciudadanos tenemos derecho a la irritación: es cierto que el Gobierno no ha tenido más remedio que improvisar las medidas urgentes que había que adoptar, sin tiempo para proyectarlas al medio y largo plazo; lo es asimismo que el PP no tiene hoy la responsabilidad del gobierno de la nación. Pero nada debería impedir que el proceso de resolución de la crisis contara con una base de sustentación muy amplia, fruto de la negociación y el acuerdo de los grandes partidos. En los Estados Unidos, el plan original de Obama ha sido sustancialmente modificado, seguramente para bien, después de la negociación de los demócratas con los republicanos. ¿No sería sensato reproducir aquí este proceso negociador, con el fin no sólo de mejorar técnicamente las medidas sino también de otorgarles prestigio, a la vez que se generase confianza en los agentes económicos?

Para este país es poco relevante la correlación de fuerzas al final de la crisis, que es lo que parecen dirimir ante todo los grandes partidos, ávidos de poder. Lo auténticamente importante es la evolución de la economía española, la contención del paro en lo posible, la supervivencia de los desempleados y la construcción de un nuevo modelo económico de crecimiento cuando remonte la crisis, que todavía no ha tocado fondo. Y el martes, todo esto parecía ser lo de menos para unos líderes que miraban mucho más al 1 de marzo que al futuro de esta atribulada sociedad. 

La ausencia de Rajoy

Sbado, 27 Diciembre 2008

El cambio de rumbo que Mariano Rajoy impuso a su partido en el Congreso de Valencia, que reafirmó provisionalmente su liderazgo tras la derrota de su partido en las pasadas elecciones generales, cambió por completo el panorama político de este país. De la ‘legislatura de la crispación’, insoportablemente enrarecida, se pasó a otro escenario en que ya son posibles los consensos y los debates sosegados y constructivos. Escenario por lo demás muy pertinente en tiempos de severa recesión económica en los que, como ha manifestado el Rey en su mensaje de Nochebuena, conviene que todos rememos en la misma dirección.

Sin embargo, esta mudanza del principal partido de la oposición, que sin duda agradece la opinión pública, muy castigada por la patológica efervescencia del cuatrienio anterior, requería y requiere una presencia activa y creativa del principal partido de la oposición. Si en la anterior legislatura le bastaba a Rajoy con dejarse arrastrar por la crítica acerba y sistemática que los agentes mediáticos realizaban al Gobierno con razón o sin ella –eran los tiempos de la teoría de la conspiración y de la denuncia de una solapada connivencia del Ejecutivo con ETA-, ahora la dialéctica política requiere una actividad visible de los dos principales antagonistas, de forma que el Parlamento sea la residencia de los problemas y el foro donde se debate el rumbo colectivo. Sin embargo, Rajoy está espectacularmente ausente y la política ha adquirido por ello una preocupante asimetría.

En lo tocante a la crisis económica y a sus soluciones, es patente que las grandes decisiones que deben adoptarse son bastante obvias y que la oposición debe apoyar al Gobierno en las medidas encaminadas a estimular la actividad y a combatir en lo posible el desempleo. En cualquier caso, hubiera sido pertinente quizá forzar debates técnicos más intensos para asegurar la calidad de las decisiones y mostrar a la opinión pública una senda de esperanza, de luz al final del túnel.

Pero en el otro gran asunto de estos días, la reforma de la financiación autonómica que deberá cerrar el proceso, aún inacabado, de reforma del Estado de las Autonomías, tampoco aparece Rajoy por parte alguna. Los principales barones del Partido Popular, Aguirre y  Camps, han entendido la trascendencia del asunto y se han prestado gustosamente a alentar el consenso en marcha. Y su formación política se ha limitado a criticar el proceso y a lamentar la descoordinación que reflejan tales iniciativas aisladas. Se podrá decir que Zapatero ha actuado maliciosamente al convocar a los presidentes regionales y no a Rajoy para cerrar el gran acuerdo pero es obvio que el presidente del Gobierno no tiene la culpa de que el presidente del PP no pueda imponer su criterio a sus conmilitones ni exigir una actuación unitaria y jerárquicamente ordenada. El hecho de que ayer, día en que Zapatero hizo un prolijo resumen público del año que concluye y de las expectativas de futuro, Rajoy interviniera brevemente antes y no después de la comparecencia gubernamental revela la dejación de su tarea que hace el sucesor de Aznar.

Todo indica que Rajoy fía su futuro al buen resultado del PP en las europeas de junio, y se equivoca. Aunque las gane, seguirá siendo evidente que el líder del PP tiene un problema de auctoritas, no de oportunidad. 

El rincón de la historia

Sbado, 15 Noviembre 2008

No cabe duda de que el viaje de Rodríguez Zapatero a la Casa Blanca, cuando Bush está a punto de abandonarla al extremo de una presidencia que probablemente pasará a la historia como la peor de todas y cuando los demócratas de Obama han obtenido una descomunal y significativa victoria, tiene un regusto de vindicta para el actual presidente del Gobierno español, que sacó las tropas de Irak para atender una reclamación explícita de la ciudadanía española, que a este fin le dio su confianza aquel ya remoto 14 de marzo de 2004.

 Aznar trató de justificar en su momento la foto de las Azores con el argumento de que pretendía sacar a España del rincón de la historia. El viernes, la vicepresidenta Fernández de la Vega utilizó legítimamente la misma frase para describir los esfuerzos del gobierno encaminados a ocupar el lugar destacado que este país merece en las estructuras internacionales de poder que rigen realmente los destinos de la humanidad. Esfuerzos que van rindiendo trabajosamente frutos, y entre ellos esta presencia en la Conferencia de Washington.

Es una puerilidad que a estas alturas Aznar pretenda reivindicar al desacreditado Bush porque cualquier mediano entendedor comprenderá que el inefable artículo publicado también el viernes por el expresidente en “Le Figaro” es en realidad una autojustificación con la que quiere ahuyentar el espectro de sus abultados errores, los que enviaron fulminantemente al PP a la oposición en 2004. Como lo es también que los ‘neocons’ españoles, deprimidos seguramente por el naufragio de sus conmilitones americanos, acusen a Zapatero de haber “perdido la dignidad nacional”. Tales reacciones, aisladas y chirriantes,  no hacen más que dificultar a Rajoy el desempeño de un papel airoso en este asunto. Porque no es fácil para el líder de la oposición contribuir patrióticamente a la restauración de la imagen de España en el exterior sin reconocer al mismo tiempo el histórico patinazo de su propio partido.

En cualquier caso, carece de sentido que sigamos haciendo de las antiguas vicisitudes de la política exterior un potente argumento del debate político interior. Concluido el mandato del mediocre Bush y enterradas con él las alucinaciones de sus ultraliberales de cabecera, lo lógico es que este país recupere sus grandes claves internacionales –pertenencia a Europa, potente vector iberoamericano, gran interés por el Mediterráneo, estrechamiento del vínculo trasatlántico- e intente, en un esfuerzo unánime, acentuar su presencia internacional, que es todavía exigua por la sencilla razón de que hemos colmado nuestro atraso histórico en poco tiempo, lo que nos ha privado de algunas oportunidades (conviene recordar en 1973, cuando se crea el G-7, España era un país subdesarrollado y receptor todavía de cooperación internacional).

Esta unanimidad que ahora se impone no tiene en fin por qué pasar factura a Rajoy sino al contrario: la opinión pública conservadora entenderá, llegado el caso, la valentía y el arrojo que requiere recuperar el pulso después del alocado viaje a las Azores, que nos dejó en un lugar excéntrico y vacío. 

Zapatero en Nueva York

Viernes, 24 Octubre 2008

Los esfuerzos de Rodríguez Zapatero por conseguir que España participe en la Conferencia de Nueva York del 15 de noviembre en que, a iniciativa de la Unión Europea, se intentará poner las nuevas bases del nuevo orden financiero internacional son dignos de encomio, y así parece haberlo entendido la opinión pública española, que también sabe lo difícil que resultará lograr tal objetivo. De momento, todos los tentáculos están extendidos para presionar sobre las principales cancillerías porque, aunque Bush será el anfitrión de la “cumbre” –para dicha fecha ya se habrán celebrado sin embargo las elecciones americanas-, el G-8 está presidido este año por Japón y el G-20, por Brasil. El presidente español, en China desde hoy como participante a la VII cumbre Europa-Asia (ASEM), tiene asimismo ocasión de hacer valer personalmente sus tesis ante varios de los miembros del G-8 y del G-20.

Los argumentos que respaldan esta pretensión se relacionan objetivamente con las dimensiones de nuestro país, que es el octavo en PIB nominal del mundo, el séptimo en dimensión de su sector financiero, el tercer inversor internacional, el primer inversor en América Latina y el propietario del mayor banco en capitalización de la Unión Europea. Cierto que no pertenece al G-8, el club de los ricos, porque su posición relativa era muy distinta en los años setenta del pasado siglo, cuando se creó en sucesivas fases la institución; sin embargo, la exigencia española de pasar a formar parte de esta instancia informal, aunque tan influyente, no es infundada: nuestro país ha superado a Canadá en Producto Interior Bruto, tiene más población –46 millones de habitantes frente a 33- y mantiene un protagonismo financiero y diplomático internacional incomparablemente mayor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   La

La actual campaña de Rodríguez Zapatero tiene un fundamento concreto relevante, que se relaciona con la crisis económica que se pretende desentrañar, para obtener una actualizada regulación económica global que trascienda los criterios ya sobrepasados de Bretton Woods, adoptados en 1944, cuando estaba a punto de acabar la Segunda Guerra Mundial. España ha sido, con el Reino Unido, uno de los países europeos que más rápidamente ha reaccionado en socorro del sistema financiero, y nuestro modelo de regulación y supervisión adoptado por el Banco de España desde hace décadas ha demostrado ser sumamente eficaz. Pero más allá de la coyuntura, España ha emprendido un proceso de reubicación internacional que ya no es reversible. Y la batalla por contar en el sistema institucional global en función del tamaño objetivo de nuestra economía y de nuestra implicación política en la comunidad internacional se ha convertido definitivamente en un objetivo nacional que deberán perseguir todos los gobiernos a partir de ahora. Ello requiere mayor implicación del Estado en la política exterior, más sutileza en el cultivo de las relaciones –los errores pueriles de Zapatero han pesado muy negativamente- y, en el plano interno, la construcción de un consenso inquebrantable. Tras el efímero viaje al corazón del Imperio que realizó Aznar, que tan absurdo parece hoy día, PP y PSOE han de ir nuevamente de la mano en estos asuntos vitales en los que están en juego la posición y la reputación de España en el ámbito globalizado, ya que del acomodo que logremos dependen también, en gran medida, nuestra prosperidad y nuestro bienestar. 

¿Pacto anticrisis Gobierno-PP?

Jueves, 2 Octubre 2008

Rajoy, preocupado porque la crisis económica, cuyas causas norteamericanas han adquirido plena visibilidad, lo deje al margen del principal asunto político que hoy domina el panorama español, lanzó a los medios hace días su disposición de avenirse a un pacto anticrisis con el Gobierno en ciertas condiciones. “La Vanguardia” fue el medio que recogió aquella filtración y Rodríguez Zapatero, con buenos reflejos, se apresuró a recoger el guante e invitó al líder del PP a mantener una entrevista monográfica. Tras algunos contactos telefónicos, ambos líderes acordaron que la reunión fuera precedida de un encuentro técnico entre los respectivos equipos, con Solbes y Montoro al frente. Y en esas estamos.

En el entretanto, el consejo de ministros ha aprobado el proyecto de Presupuestos y el PP y el Gobierno se han lanzado dardos envenenados que demuestran que ninguna de las dos partes quiere el pacto, que por otra parte no tendría sentido. Porque una cosa es que los dos grandes partidos remen en la misma dirección, que no lo están haciendo, y otra muy distinta que se hurte la mala coyuntura del debate democrático. Antes al contrario, lo saludable es que quede bien claro en esta adversidad que es el Gobierno el que asume toda la responsabilidad, aunque con receptividad a las opiniones de todos los actores, en tanto la oposición se dedica a controlarlo, a estimularlo mediante la denuncia de los errores y omisiones, a mantener latente la idea de que no existe una única política económica posible puesto que el centro-derecha también dispone de su propia opción alternativa.

No habrá, pues, pacto económico, ni sería deseable que lo hubiese, por lo que Gobierno y PP, Zapatero y Rajoy, deben tener cuidado para no irritar a una opinión pública que está lógicamente alarmada y que no toleraría escenificaciones cínicas de los simples intereses partidarios. Y es que no hay que ser muy sagaz para entender que, más allá de la preocupación intensa que ambas fuerzas experimenten por este país, hay en estos escarceos otro afán bastante menos puro: el de que la crisis económica desgaste sobre todo al adversario.

En materia de economía, nuestros regímenes, tan nivelados ideológicamente, mantienen todavía por fortuna una cierta y saludable polaridad interna. Y aunque en muchos casos la discrepancia sea sólo de matiz, es bueno preservarla. El PSOE se resistirá instintivamente a recortar el gasto social o los salarios públicos, con lo que desistirá de reducir impuestos en estas malas coyunturas, en tanto el PP preferirá salir en socorro de las empresas, cuya crisis es sin duda la más amenazante a medio plazo. Los electores tuvieron en su momento la palabra acerca de qué enfoque de la realidad querían. Y ahora valorarán sin duda las respectivas conductas, el manejo de la crisis y la gestión que se haga de su propia angustia, y ese juicio influirá en futuras determinaciones electorales. Mientras tanto, poder y oposición mantendrán vivo el debate, lo que servirá para alumbrar ideas, sortear errores,  mantener vigilantes la percepción y los reflejos.

Las cosas son así y no tiene sentido dar vueltas alrededor de ellas. Por lo que está de más la marrullería que consiste en amagar el pacto para renunciar a él en cuanto se hagan ostensibles las divergencias. Zapatero y Rajoy deben encontrarse para hablar francamente del problema y contrastar sus propias soluciones. Si lo hacen pacíficamente y con honradez, seguirán discrepando pero los dos, por el solo hecho de debatir, habrán enriquecido sus respectivos puntos de vista. Algo muy importante cuando de lo que se trata es de ahorrar al país el mayor sufrimiento posible.