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El ‘Estatut’ en perspectiva

Lunes, 29 Diciembre 2008

El nuevo modelo de financiación autonómica está a punto de ver la luz, y, según todos los indicios, nos hallamos asimismo a las puertas de la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos presentados contra la reforma estatutaria catalana. Y aunque ambas cuestiones, estrechamente ligadas entre sí, no han adquirido firmeza todavía, ya es evidente que el desenlace del largo proceso que arrancó en 2003 será de esta guisa: Cataluña podrá disfrutar de la bilateralidad en sus relaciones con el Estado, aunque inserta en la multilateralidad constitucional, que en lo financiero se resume en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). El Estatuto será declarado constitucional en la práctica totalidad de su articulado, con algunas excepciones no muy significativas (por ejemplo, será anulada la atribución al Sindic de Greuges de las competencias del Defensor del Pueblo). Y en bastantes aspectos, la sentencia será interpretativa, es decir, limitante de ciertos excesos, que serán encajados de este modo en las previsiones de la Carta Magna.

Así, y por imperativo constitucional, la nueva financiación autonómica volverá a ser ineludiblemente un ‘café para todos’, con los matices que se quiera, como resultaba fácilmente previsible. Todas las comunidades autónomas de régimen general disfrutarán de idénticos recursos per capita para sanidad, educación y asistencia social (dependencia y otros servicios), por lo que el reparto se hará conforme a criterios demográficos. Un segundo fondo, del orden del 30% del total de los recursos, se acomodará a las peculiaridades de cada región, a su dinamismo, etc. El modelo que se está implementando será alimentado con un gran cesto de impuestos -50% del IRPF y del IVA, 58% de los impuestos especiales- que no es ampliable si se quiere mantener un Estado central autosuficiente y capaz de cumplir su cometido, por lo que bien puede decirse que estamos ante el cierre formal y definitivo del Estado de las Autonomías.

Se trata de un importante paso hacia la afirmación de Cataluña y hacia la solución de su déficit congénito de financiación; sin embargo, en nada se parece este resultado a la pretensión de cuajar un federalismo asimétrico en el que Cataluña fuera una región singular, con tratamiento diferenciado a la manera de nuestros territorios forales. Los nacionalistas no quedarán, pues, satisfechos. Y la gran pregunta que cabe hacer ahora –y que ya sólo tiene mero interés académico- es la de si ha valido la pena el intensísimo forcejeo de la reforma estatutaria, que ha desestabilizado a Cataluña y a todo el Estado desde que Maragall auspició una delirante aventura que chocaba abiertamente con la letra y el espíritu de la Constitución.

Hubiera sido legítimo en todo caso reformar el Estatuto catalán (y los de las demás comunidades autónomas) para apurar las posibilidades del régimen autonómico, pero ello no hubiera generado la gran tensión que hemos padecido si no se hubiera derrochado utopía irredentista en el proceso. Lo que permite afirmar que las inútiles iluminaciones de Maragall han sido una perturbación innecesaria en el proceso dinámico de construcción de este país, que pese a todo está a punto de coronarse definitivamente.