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La democracia continua

Viernes, 12 Junio 2009

Los sistemas parlamentarios son democracias de opinión pública.  Quiere decirse que, con independencia de las formalidades constitucionales, que tasan rigurosamente el modelo de representación semidirecta –los ciudadanos eligen parlamentarios que a su vez designan al Ejecutivo-, el devenir de los diferentes poderes y de las instituciones está sometido al escrutinio constante de la ciudadanía, a través de esta abstracción que denominamos opinión pública.

La opinión pública es, en definitiva, el juicio colectivo que en cada momento merece la actuación de los diferentes actores. Se establece sobre la estructura del sistema mediático, de forma que el conjunto de los medios de comunicación es el gran elemento vertebrador de una opinión continua que sirve de contraste a las instituciones democráticas. Por supuesto, existen mecanismos diversos para conocer el estado de opinión de la ciudadanía, como las encuestas sociológicas, pero el concepto cabal de opinión pública va más allá de esta concreción: el sentir espontáneo del cuerpo social se percibe con claridad si se observan con cierta perspectiva todas sus circulaciones y si se palpa el pulso del país a través del conjunto de los flujos mediáticos e informativos.

Viene esto al caso de lo acontecido tras la derrota del PSOE en las elecciones europeas. Con el argumento de que el Gobierno ha perdido el apoyo popular, el PP ha exigido al Gobierno que presente una moción de confianza, a lo que el Gobierno ha respondido retando al principal partido de la oposición a que plantee una moción de censura. Y Rodríguez Zapatero ha manifestado que para conquistar el poder hay que vencer en las elecciones generales y no en Estrasburgo. En cierta manera, ambos actores tienen su parte de razón. La legitimidad de este Gobierno, que venció en 2008, es plena, y además el Partido Popular no tiene –salvo piruetas inimaginables de las minorías parlamentarias- posibilidad de sacar adelante una moción de censura. Pero también es innegable que el Gobierno y el partido que lo sostiene deben asimilar el explícito aviso del cuerpo electoral que, aunque elegía el 7-J a sus representantes europeos, también juzgaba indirectamente el papel desempeñado por los diferentes sujetos políticos en los últimos tiempos.

Por supuesto, la derrota del PSOE no ha sido humillante, y se corresponde con el descenso que han experimentado todos los partidos gobernantes europeos, enfrentados con la crisis y por tanto con el malhumor de los electores. Pero no cabe duda de que este contratiempo ha de llevar al Gobierno a una reflexión humilde sobre sus propios errores, que son los que a fin de cuentas ha sancionado el cuerpo social. Ni el “Zapatero dimisión” que coreaban algunos partidarios de Rajoy en la noche electoral tiene sentido, ni el mantenella y no enmendalla de un presidente del Gobierno que no parece dispuesto a analizar el porqué de algunas defecciones resulta razonable.

La democracia de opinión plantea, junto a su propia grandeza, un problema de fondo: los líderes políticos ceden con frecuencia a la tentación de complacer acríticamente las demandas colectivas. Es lo que se llama gobernar con encuestas. Cuando es patente que en ocasiones, los estadistas tienen la obligación moral de afrontar las consecuencias de decisiones impopulares si creen que beneficiarán a la colectividad. Talleyrand –cuenta Ortega- reprochó con dureza a Mirabeau “no haber tenido el coraje de ser impopular” cuando le correspondía enfrentarse a las críticas para salvar a la patria. Pero éste no es el caso que suscita este comentario: Zapatero y Rajoy, Rajoy y Zapatero, tienen la obligación de mantener el oído atento a la democracia continua que se expresa a través de la opinión pública y de los hitos electorales de la legislatura… Porque ese sonido de fondo enriquece la ceremonia política, orienta a los líderes y carga de matices el debate entre el poder y la oposición. 

Crisis: la inexistente disputa PSOE-PP

Jueves, 11 Septiembre 2008

Afortunadamente, después de muchos rodeos, la opinión pública ya conoce con notable precisión cuál será la política económica del Gobierno para minorar los efectos de la crisis económica y cuál la opción alternativa planteada por el PP. Como parece natural, las propuestas del PSOE tienen un cierto tufo socialdemócrata e incluyen el mantenimiento de las principales políticas sociales así como algunos guiños a los menos favorecidos (subida de las pensiones mínimas en un 6%), en tanto las del PP muestran un halo liberal, que incluye tanto una leve bajada de la presión fiscal dirigida a las pymes como una mayor austeridad en el gasto público y algunas ayudas directas, por ejemplo la que afectaría a las familias endeudadas con créditos hipotecarios.

Está bien esta caracterización, por cuanto de este modo se puede establecer un cierto debate bipolar que facilita la fiscalización del Gobierno y el estímulo a la acción pública frente a la adversidad. Pero si se araña bajo la superficie de las apariencias, se llegará a la conclusión, también benéfica, de que en realidad no hay diferencias significativas entre el camino que proyecta Solbes y el que sugiere Montoro, entre los anuncios del atribulado Zapatero y las demandas y exigencias del eufórico Rajoy, que ha encontrado en la coyuntura la gran herramienta para hacer oposición y desgastar al poder.

Veamos el detalle: un periódico de Madrid, cercano a las tesis de Rajoy, ha criticado a Zapatero por haber decidido que el gasto público no financiero del Estado no crezca en los próximos Presupuestos más del 3,5%,  “lo cual resulta un recorte muy insuficiente”. Pero es que el recorte que propone el PP no va mucho más allá: es hasta el 2%. No parece creíble para la atribulada opinión pública que con un crecimiento del gasto del 3,5% vayamos a estrellarnos y que con el del 2% vayamos a salir airosos del pozo.

Por lo demás, Rajoy y Zapatero han coincidido en la conveniencia de que las políticas encaminadas a la salida de la crisis contribuyan también hacia el anhelado cambio del modelo de crecimiento, hacia una economía del conocimiento que aporte competitividad, basada en el I+D, la innovación y el valor añadido, de forma que el sector exterior sustituye lentamente a la demanda interna como motor del crecimiento. Lógicamente, los dos líderes piensan que cada uno de ellos es el más hábil para estimular este cambio, pero los ciudadanos sabemos detectar sabiamente la verdad.

Igualmente, y aunque no se percataran del todo de ello, los dos líderes llevaban escrito en sus discursos respectivos la conveniencia de llevar a cabo diligentemente grandes reformas estructurales –liberalizadoras-de los principales sectores de actividad, desde distribución a aeropuertos, pasando naturalmente por la trasposición de la Directiva de Servicios de la UE que obliga a revisar más de 80 leyes y 270 decretos de nuestra legislación. Podrá hallarse matices en el cómo pero difícilmente en el qué.

En suma, estamos ante una crisis sobrevenida desde el exterior, que nos ha encontrado con un sector inmobiliario muy recalentado y al borde del estallido de la burbuja, pecado capital que ha de ser imputado a partes iguales al PSOE y al PP, y que nos ha llenado de perplejidad. Infortunadamente, nadie tiene la receta mágica para eludir el mal trago, por lo que los ciudadanos no tendremos más remedio que conllevarlo con paciencia, además de con sangre, sudor y lágrimas. Eso sí: que cese la demagogia en los debates, porque sólo sirve para encrespar más los destemplados nervios de quienes ya son víctimas de la crisis o empiezan a sentir su aliento en el cogote.