Castilla y León

Castilla y León propone una financiación en base al coste efectivo de los servicios y que ninguna Comunidad empeore su situación actual

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León ha presentado sus propuestas al borrador de informe del Comité TécnicoPermanente de Evaluación del Sistema de Financiación Autonómica (CTPE) y propone que las necesidades de financiación se fijen de acuerdo al coste real de la prestación de los servicios públicos y que se reconozcan los efectos negativos que han tenido sobre los recursos de las regiones diversas decisiones adoptadas por el Estado desde 2009.

VALLADOLID, XX (EUROPA PRESS)

Por ello, desde el Departamento que dirige Pilar del Olmo se pide que se aplique el principio de lealtad institucional aunque en las observaciones presentadas por Castilla y León se recoge que este informe del Comité Técnico "es muy general e inconcreto y que difícilmente puede servir como herramienta operativa para un debate político sobre los pormenores de la reforma del sistema de financiación".

Desde Castilla y León se argumenta que las necesidades reales de financiación de los servicios públicos están vinculados con factores como la superficie, la dispersión, la baja densidad y el envejecimiento de la población, ya que "población absoluta no es una medida adecuada para evaluar el coste de estos servicios, como la Sanidad o la Educación, que incluyen competencias autonómicas como la protección del medio ambiente, la construcción y mantenimiento de carreteras y la protección del patrimonio cultural".

Asimismo, la Comunidad recuerda que en el caso de los servicios relacionados con la Ley de Dependencia, el Acuerdo de la Conferencia de Presidentes ligaba su financiación a la reforma del sistema definanciación autonómica, por lo que es responsabilidad del Estado que se den las condiciones necesarias "para terminar con esta situación provisional y que la financiación de la Ley de Dependencia pueda integrarse en el sistema de financiación de forma plena".

Por otro lado, Castilla y León considera que para alcanzar con "éxito" una reforma de la financiación es necesario que se mantenga el equilibrio inicial entre Estado y comunidades ya que la mala definición en origen del actual modelo y algunas decisiones adoptadas por el Gobierno desde 2009, sin consenso con las administraciones afectadas, han llevado a la insuficiencia de dicho modelo actual.

Asimismo, desde la Consejería de Hacienda, que dirige Pilar del Olmo, en la imagen, se pide que se incluyan los efectos negativos que tiene la aplicación de los regímenes forales sobre las comunidades de régimen común, como es el caso de Castilla y León, por lo que se plantea que en el nuevo modelo se adopten las medidas necesarias para eliminar dichos efectos negativos.

Al respecto, desde Castilla y León se plantea que se reforme el Fondo de Compensación Interterritorial como mecanismo de solidaridad del sistema de financiación, para lo que es necesaria una adecuadadotación presupuestaria y una reforma de sus elementos de reparto, al tiempo que se pide que se recojan las estimaciones de las deficiencias de los recursos globales del sistema, que la Comisión de Expertos cifra en 16.500 millones de euros al año.

El cumplimiento de esta condición de suficiencia mínima para la prestación de los servicios de Sanidad, Educación y protección social "permitiría recomponer la suficiencia del resto de servicios que ha sido reducida a la mínima expresión de dimensión del gasto", según las propuestas de Castilla y León.

Y para alcanzar este objetivo de suficiencia mínima se propone unarecuperación y/o ampliación de la participación real de las comunidades en los tributos compartidos, una ampliación de los tributos cedidos o un mayor volumen de transferencias verticales.

Por otro lado, desde Castilla y León se pide que se recoja el compromiso de que ninguna comunidad empeorará su situación financiera como consecuencia de la reforma del sistema y se incluyen propuestas de mejora técnica de cálculo de las entregas a cuenta.

Por último, la Comunidad pide que se promueva que el Comité Técnico Permanente de Evaluación se reúna de forma periódica para analizar y emitir informes al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

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