Un empresario de las ITV se niega a declarar en la comisión de fraude del Parlamento catalán

El consejero delegado de la empresa dedicada a las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) Certio, Ricard Puignou, imputado en el caso de las ITV, se ha negado a declarar en la comisión de fraude del Parlamento catalán y ha recibido las críticas de varios grupos por su silencio.

Según el fiscal anticorrupción Fernando Maldonado, el exdiputado de CiU Oriol Pujol exigió 30.000 euros a Puignou por votar en el Parlament a favor de los intereses del empresario en la tramitación de la Ley de Seguridad Industrial de 2008; además, Puignou mantuvo contactos con el juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Joaquín Ortiz, que debía decidir sobre los recursos judiciales que afectaban al sector, y que fue suspendido por el Tribunal Supremo por asesorarle.

Los grupos han lamentado que el empresario no haya querido responder a sus preguntas y le han afeado que tratara de influir en los poderes legislativo, judicial y ejecutivo --a través del mediador del Govern para elaborar el mapa de las ITV, Josep Tous-- para que actuaran en beneficio de su empresa.

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