Cultura

UPyD presentó 26 denuncias y acciones jurídicas en esta legislatura en Madrid

Madrid, 22 may (EFE).- UPyD ha presentado en la Comunidad de Madrid durante esta legislatura 26 acciones jurídicas, de ellas una querella criminal, 13 denuncias penales en varios municipios, otras dos ante el Tribunal de Cuentas, dos recursos contenciosos y ocho de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC).

"Esto es la fuerza del ejemplo que hemos dado en las instituciones madrileñas de cómo se puede defender de verdad los intereses de los ciudadanos", ha dicho a Efe el candidato magenta a la Comunidad, Ramón Marcos.

La querella criminal se presentó en 2013 por presuntas irregularidades en el Ayuntamiento de Alcalá, conocidas tras el informe de fiscalización del ejercicio 2010 que sin embargo fue aprobado por la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid el año pasado, señala UPyD.

La Agencia de Informática de la Comunidad (ICM) es objeto de dos denuncias penales, una por adjudicación y posterior modificación del contrato para la Oficina de Proyecto (Price Waterhouse), y otra por la contratación mediante "cuatro contratos a distintas empresas, de un asistente para el juez Pedreira en la instrucción del Caso Gürtel, a razón de 6.400 euros brutos al mes", señala UPyD.

En el caso Aneri, UPyD interpuso denuncia penal la "posible connivencia de otros actores" en el supuesto fraude en la gestión de cursos de teleformación.

En los municipios, UPyD también puso denuncia penal tras autorizar el Ayuntamiento alcalaíno a las empresas Prensa Universal y Editora Regional de Medios una cesión de crédito que habría vaciado de patrimonio a la primera en favor de la segunda, previo a su embargo por impagos a Hacienda y Seguridad Social.

En Pinto, se han denunciado contratos y pagos de la empresa municipal Aserpinto a personas y empresas y el presunto fraude en el consumo de gasoil, añade UPyD.

En Mejorada del Campo, UPyD denunció una cesión de solar y obras a Divastock, y en Villanueva del Pardillo los convenios del Ayuntamiento con el equipo de fútbol local.

La denuncia de Arroyomolinos fue por contratos de eficiencia energética con empresa Asproener "de objeto inexistente" según UPyD, mientras la de Parla se presentó por presuntas irregularidades en las cuentas del ejercicio 2010, también aprobadas por la Cámara de Cuentas autonómica.

En Rivas, se trata de una denuncia contable relativa a la construcción de aparcamientos por la Empresa Municipal de la Vivienda local.

En el caso de Brunete, la denuncia contra el alcalde Borja Gutiérrez (PP) se basa en el presunto intento de compra del voto de la concejal magenta Isabel Cotrina.

En Arganda, UPyD denunció la venta de parcelas a Martinsa, en relación con las diligencias previas del caso Gürtel, mientras en Las Rozas, "la existencia de 7 millones de euros en pagos a justificar transferidas a una entidad inexistente, Consejo Sectorial de Fiestas".

Los recursos contencioso-administrativos se presentaron en Alcorcón, por el traslado forzoso del auxiliar administrativo que estaba asignado al Grupo municipal de UPyD; en Alcobendas, contra la decisión del Ayuntamiento de aprobar un plus de productividad a los trabajadores, como forma de abono de la paga extra que fue suprimida por Real Decreto-Ley 20-2012.

UPyD presentó seis recursos de amparo ante el Constitucional contra la Mesa de la Asamblea de Madrid por la inadmisión de un total de 71 iniciativas parlamentarias, y ha tenido cinco sentencias favorables y una sexta está pendiente, según Marcos.

También recurrió ante el TC contra la aprobación de los artículos de la Ley de Acompañamiento de 2013 por los que se habilitaba la externalización de la gestión de seis hospitales.

Además, el grupo de UPyD recurrió la prolongación de las sesiones del pleno de la Asamblea de Madrid más allá de las doce de la noche para la aprobación de iniciativas legislativas.

Tras este balance de las actuaciones jurídicas llevadas a cabo en los últimos cuatro años en la Comunidad de Madrid, Ramón Marcos ha preguntado: "si UPyD no estuviera en las instituciones, ¿quiénes emprenderían estas acciones judiciales?", ha concluido el candidato.

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