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Acusan a Figar de impedir que profesores en paro accedan a centros bilingües

EFE
10/02/2013 - 16:58

Madrid, 10 feb (EFE).- Los sindicatos CCOO, ANPE y UGT aseguran que la consejera de Educación, Lucía Figar, pretende excluir a los docentes parados del proceso de habilitación en lengua extranjera que les permitiría dar clase en centros bilingües.

Así lo han manifestado tras conocer la nueva orden que regula la obtención de la habilitación lingüística, que los sindicatos califican de "discriminatoria" y no descartan acudir a los tribunales por considerar que "vulnera derechos básicos", además de "dejar fuera del proceso a los profesores de otras regiones".

El borrador de la orden fue aprobado el pasado jueves por el Consejo Escolar, donde "la Comunidad tiene asegurada la mayoría", pese al rechazo de CCOO, ANPE, UGT y la FAPA que emitirán voto particular, han dicho a Efe fuentes sindicales.

Según la Consejería de Educación, es "totalmente falso" que se pretenda excluir a docentes parados, ya que "la orden habla de 'profesor', no se especifica ni interino, titular, ni nada. Profesor es todo aquel que tiene el título y la capacitación para serlo".

Sin embargo, los sindicatos aseguran que el texto sólo permite acceder a la habilitación a "profesores de centros docentes públicos y privados concertados, de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, de la Comunidad de Madrid".

Según la secretaria de Enseñanza de CCOO, Isabel Galvín, se quita la posibilidad de convertirse en profesores bilingües a "todos los interinos que están en las listas, los recién licenciados que no hayan trabajado incluidos los titulados en magisterio bilingüe, y demás personas con la formación para ser profesor y conocimientos del idioma".

A su juicio, "les dejan fuera de un examen que les puede permitir encontrar un trabajo. Es una decisión irresponsable, absolutamente ideológica y discriminatoria", ha dicho refiriéndose a los casi 5.000 profesores han sido despedidos en los últimos años.

Para CCOO, "con su obsesión por traer personas de otros países a impartir clase, la consejería cercena la libertad del profesorado español de demostrar en condiciones de igualdad sus méritos y su capacidad".

El secretario de ANPE, Francisco Melcón, se declara "absolutamente en contra del borrador, que modifica una orden de 2009 sobre el procedimiento para habilitarse para impartir clase en centros bilingües".

"Dejan excluidos a los interinos y a los que tengan compromiso de contrato en los centros concertados, cuando la orden del 2009 contemplaba que estos colectivos participaran en los procedimientos", explica.

Para Melcón, "es un desprecio al profesorado madrileño y al nacional, y pone manifiesto que apuestan por contratar extranjeros, porque la propia Consejería dijo por activa y por pasiva a principios de curso que no había suficiente profesorado habilitado, para justificar la contratación de nativos" en septiembre pasado.

"Si no hay profesores habilitados, es una incongruencia dejar fuera a los que están en paro y cortarles de raíz esa posibilidad", según Melcón que pide que "no se modifique la orden de 2009 y no se excluya ni a interinos ni a quienes tengan compromiso de contrato de poder presentarse".

"No entendemos que se limite las expectativas de profesores que han hecho un esfuerzo, un sacrificio, si no es porque directa y llanamente pretendan contratar extranjeros", asegura.

Para Eduardo Sabina, secretario de UGT, el borrador reforma el mecanismo de habilitación para dar clase en inglés y "rebaja las condiciones previas; antes se requería dar una serie de horas a la semana en el idioma durante un año, ahora basta estar inscrito en el proceso de formación, sin que se sepa qué intención tiene la consejería".

Recalca que "sólo pueden habilitarse los profesores que están trabajando en ese momento; si se convoca en julio, cuando los interinos no están contratados, no pueden".

Sabina asegura que preguntó "si iban a exigir al profesorado extranjero la habilitación en castellano", pero no le contestaron y lo hará constar en su voto particular.

Los sindicatos estudiarán la orden cuando se publique en el BOCM, porque "hay una lesión de los derechos de los trabajadores y posiblemente sea anticonstitucional", y aseguran tomarán las medidas a su alcance para que no se aplique.