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El pacto contra la segregación escolar nace sin el apoyo de FAPAC y USTEC

EFE
18/03/2019 - 15:06

Barcelona, 18 mar (EFE).- Impulsado por el Síndic de Greuges, el pacto contra la segregación escolar se ha firmado apoyado por Educación, 122 ayuntamientos, las escuelas concertadas y la mayoría del arco parlamentario, pero con las ausencias del sindicato USTEC, mayoritario entre los docentes, y de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres (FAPAC).

Reconocida por el conseller de Educación, Josep Bargalló, y el Síndic, Rafael Ribó, como el principal problema del sistema educativo, la segregación escolar se debía de haber empezado a atacar con un pacto que estaba previsto firmar en enero pasado, pero que se ha retrasado en parte debido al rechazo de USTEC y FAPAC, que consideran que favorece a las escuelas concertadas.

El Pacto Contra la Segregación Escolar en Cataluña incluye 189 medidas concretas que afectan a las escuelas públicas y concertadas y que Educación se ha comprometido a desarrollar durante esta legislatura.

Según el texto, el pacto pretende corregir el desequilibrio social del alumnado en los colegios de una misma zona para que "tengan una composición social similar entre ellos y equivalente a la del territorio donde se ubican".

El conseller de Educación ha destacado el valor de que las familias puedan elegir el centro educativo para sus hijos y que lo hagan "por el qué, por el proyecto educativo y no por el quién serán los alumnos".

El pacto reconoce "importantes déficits de inversión pública para garantizar el derecho a la educación en igualdad de oportunidades", una inversión que según Ribó debería alcanzar el 6 % del PIB que prevé la Ley de Educación de Cataluña y que ahora es del 3,9 %.

Estudiar el coste de la plaza escolar es una de las medidas que incluye el pacto para tender a la provisión universal y gratuita de la enseñanza en condiciones de igualdad.

Algunas medidas contra la segregación se empezarán a aplicar en la preinscripción de las enseñanzas obligatorias para el curso 2019-20 que se iniciará el 29 de marzo.

En esta preinscripción, el decreto de admisión del alumnado contará con la novedad de la eliminación de la puntuación por enfermedad crónica que afecta al sistema digestivo, endocrino o metabólico y de la puntuación por padre, madre, tutores o hermanos que hayan sido escolarizados en el centro.

Proteger a los colegios de alta complejidad tanto públicos como concertados en lo referente a matrícula viva es una de las medidas del pacto, que se empezará a aplicar en cuanto esté firmado.

Con la vista puesta en el curso 2020-21, el pacto propone establecer una proporción máxima de alumnado con necesidades educativas específicas por centro en una misma zona, su detección y la ampliación de presupuesto para los centros que les atiendan.

Para los centros de alta complejidad, el pacto incluye el desarrollo de programas de acompañamiento de aprendizaje de la lectura, lenguas extranjeras, tecnología, ciencias o artes.

Además, prevé estimular a las AMPAS en estos centros, establecer ayudas para las extraescolares y para la compra de libros de texto e incentivar a los docentes que trabajan en estos centros para garantizar un profesorado más cualificado.

Entre otras medidas el pacto prevé velar para que los alumnos con dificultades económicas no queden excluidos de las actividades complementarias y para que en caso de impagos se evite que los niños los conozcan y no se les responsabilice ni discrimine.

En el caso de los alumnos asignados de oficio a centros concertados, el pacto prevé que se garantice la gratuidad de las actividades complementarias como otra de las medidas.

Para favorecer la transparencia, también se incluye la elaboración de directrices sobre el pago de cuotas tanto en centros públicos como concertados y que éstas sean públicas.

Más allá de las medidas concretas, el pacto ha creado un marco común de actuación para todos los actores, desde las escuelas a las inspecciones educativas y a los ayuntamientos y cuenta con un apoyo "muy amplio de la comunidad educativa" con ausencias que Ribó espera que "pronto se corrijan".

De hecho, todos los municipios catalanes que superan los 10.000 habitantes han suscrito el pacto contra la segregación, excepto Sant Andreu de la Barca y Mont-roig del Camp.

Otro de los aspectos importantes del pacto, según Baragalló y Ribó, es el segundo nivel de compromiso con la creación de una comisión de seguimiento en la que se prevén medidas para evaluar el desarrollo del pacto y de sanción en caso de incumplimiento.