España

Denuncian al Ayuntamiento de Barcelona ante el Tribunal Catalán de Contratos por ampliar las licencias de motos compartidas sin concurso

Iberscot, uno de los operadores que se presentaron al concurso de licitación del servicio de motos eléctricas compartidas en Barcelona, ha recurrido ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público la resolución de la Concejalía de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona de febrero de este año que amplía la adjudicación de licencias, por considerar que es "ilegal, arbitraria" e incurre "en una flagrante desviación de poder".

La gestión en el área de Movilidad del consistorio municipal, encabezada por Rosa Alarcón, y con Manuel Valdés López como gerente adjunto de Movilidad e Infraestructuras, ha sido objeto de otras demandas por la resolución que amplía el número de licencias de motos eléctricas compartidas, ya que los recurrentes consideran que favorece a algunos operadores. El Tribunal de Contratos del Sector Público, que preside, Neus Colet, deberá emitir veredicto sobre el nuevo recurso, en el que también se pide que se adopte la medida cautelar de suspensión.

La resolución del Ayuntamiento de Barcelona permitía sumar de forma directa 3.042 licencias de motos eléctricas compartidas de forma que se favorecía, según denuncian los recurrentes, a empresas como Acciona, Ecooltra y Yego que prestaban el servicio antes del concurso.

El recurso expone que el consistorio que dirige Ada Colau "ha decidido ampliar el número de licencias concedidas para otorgarlas a las empresas que tienen ya las motos. Es decir, la finalidad perseguida es 'legalizar' las motos que no tienen licencia de algún operador y que de facto el Ayuntamiento estaba tolerando que siguieran operando. Ello en perjuicio de los demás operadores a los que se impide acceder realmente a la ampliación por imponer obligaciones de imposible cumplimiento".

Un argumento que también han expuesto otros operadores como Tucycle, que con su demanda ya ha conseguido que se aplicaran medidas cautelarísimas contra la resolución, o Global Mobility Sharing, por la que la Fiscalía ha abierto una investigación a Rosa Alarcón y Manuel Valdés López por la gestión en este asunto.

Por las manifestaciones y las continuas contradicciones en las que ha entrado la Concejalía de Movilidad "que ha modificado sustancialmente las condiciones del concurso inicial" la denuncia recoge que "el Ayuntamiento es consciente de la arbitrariedad de la resolución impugnada y de la flagrante desviación de poder en la que incurre, pues todo ello obedece a favorecer a determinadas empresas, con evidente perjuicio de los demás operadores y terceros, y con manifiesta afectación al libre mercado".

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