La consulta sobre la autodeterminación catalana celebrada el domingo en Arenys de Munt (Barcelona) registró una participación de alrededor del 41% de los ciudadanos convocados, el 96% de los cuales se pronunció a favor de la independencia de Cataluña.
Las casi 6.000 personas mayores de 16 años de Arenys de Munt (de 8.000 habitantes) estaban invitadas a responder a la siguiente pregunta, planteada por una agrupación ciudadana independentista: "¿Está a favor de que Cataluña sea un Estado soberano, social y democrático integrado a la Unión Europea?".
De las 2.671 personas que votaron, 2.568 contestaron 'sí' y 61 dijeron que 'no' (hubo 29 papeletas en blanco y 12 nulas). La votación fue organizada en un local privado, después de que un juez de Barcelona prohibiese hacerla en una sala del Ayuntamiento con el aval de éste, como estaba previsto en un primer momento.
El magistrado consideró que la consulta era ilegal y fundamentó su decisión citando el artículo 92 de la Constitución, el cual dispone que sólo el Rey, a propuesta del Gobierno avalada por el Parlamento, puede convocar un referéndum de esta naturaleza. Los ayuntamientos pueden organizar este tipo de consultas sobre temas exclusivamente locales.
A mediodía, llegaron a Arenys (en autobuses escoltados por la policía) unos 60 militantes de Falange Española, para manifestarse contra el referendo coreando máximas como "Cataluña es España". Decenas de independentistas catalanes rodearon entonces a los manifestantes del partido ultraderechista, cantaron varias veces el himno de Cataluña y les lanzaron piedras.
No hubo enfrentamientos porque las autoridades habían desplegado unos 400 policías para prevenir disturbios y prohibieron la circulación en el centro.
La consulta llega mientras se espera la decisión del Tribunal Constitucional sobre el actual Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado en 2006.
Según el diario El País, la mayoría de los jueces del alto tribunal se inclina por declarar "no conformes" a la Constitución varios aspectos importantes para los partidos nacionalistas, como la definición de "nación" de Cataluña en el preámbulo y la obligación de hablar la lengua catalana.
La mayoría de los partidos catalanes, empezando por los nacionalistas e independentistas, anunciaron que considerarían esta decisión un 'casus belli'. Esto pondría en una posición difícil al Gobierno del PSOE, que apoyó la reforma estatutaria y que necesita el apoyo de los partidos catalanes en el Congreso. Se espera que el Constitucional, tras posponerla varias veces, anuncie su decisión en las próximas semanas.
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