El Consejo de Ministros aprobará este viernes el decreto-ley que recogerá 24 de las medidas negociadas con los partidos para buscar un pacto anticrisis, un texto que en principio cuenta con el beneplácito de la mayoría de la oposición, que no obstante lo considera insuficiente.
Los partidos han advertido además de que esta norma, que contendrá más de la mitad de las medidas negociadas, no supone que se haya alcanzado el deseado Pacto de Estado que pidieron los partidos y el Gobierno trató de impulsar en las negociaciones del Palacio de Zurbano.
El hecho de que en el decreto no estén todas las medidas del documento que se negoció no significa, según fuentes del Ejecutivo, que no vayan a aprobarse otras, especialmente la línea de préstamos directos que el ICO otorgará a las pymes, de hasta 200.000 euros por operación, que también verá mañana el visto bueno del Consejo de Ministros.
En cualquier caso, las medidas recogidas en el decreto-ley son bien vistas por la oposición, y muchos de sus portavoces se han apresurado a señalar que estaban entre sus propias propuestas, aunque también han advertido de que son insuficientes para afrontar la crisis que todavía afecta a la economía española.
El PP apoyará el proyecto
Incluso el PP ha admitido que apoyará el decreto-ley cuando se debata en el Congreso su convalidación.
Para el portavoz de Economía de los populares, Cristóbal Montoro, es "mejor poco que nada", y también ha habido un "cambio de intención política" del Gobierno, que ha pasado de querer firmar un pacto de Estado en el Palacio de Zurbano a solicitar el apoyo a un decreto-ley.
CiU ya anunció hace dos días que apoyará el decreto, mientras que ERC votará a favor de éste o se abstendrá.
El partido más crítico es IU, que cree que las medidas son insuficientes e ineficaces y sospecha que el Gobierno busca una rápida convalidación del decreto, cuando este partido cree que debería tramitarse como proyecto de ley.
El decreto contendrá las medidas para impulsar la rehabilitación de viviendas, reducir los plazos para el uso del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) o garantizar la seguridad jurídica de los sistemas institucionales de protección (SIP) o "fusiones frías" para facilitar la unión de entidades financieras.
Sin cambios
También figurará la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil para elevar el umbral del sueldo que no se puede embargar en caso de una ejecución hipotecaria de personas con familiares a su cargo.
En el listado remitido esta semana a los partidos, los puntos escogidos apenas cambian con respecto al texto inicial.
Sí hay modificaciones en la nueva deducción en el IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual, pues se ha suprimido del texto la renta máxima que puede conseguir este beneficio fiscal, que era de 39.407 euros.
Fuentes del Ejecutivo ya explicaron que la intención es ampliar el número de contribuyentes que podrán beneficiarse de esta medida.
Sobre las deducciones
El texto sí mantiene que la mayor deducción será para las rentas inferiores a 33.007 euros, con un límite de 4.000 euros anuales por vivienda, y se podrán deducir las cantidades durante cuatro años hasta un máximo de 12.000 euros.
Se incluye también la reducción del IVA para todo tipo de obras de mejora de vivienda, así como la aplicación del tipo superreducido del IVA para los servicios de atención a la dependencia.
Además, se flexibilizarán los requisitos para que las pymes puedan recuperar el IVA en el caso de impago de facturas.
El decreto incluirá previsiblemente medidas para clarificar el régimen de los sistemas institucionales de protección (SIP) o "fusiones frías", por las que se crea un grupo económico que integra los negocios y las políticas financieras y respeta la marca de cada institución en los territorios en los que opera.
También para impulsar la reestructuración del sistema financiero se pretende acelerar los trámites y plazos de la utilización del FROB.
Por otro lado, el decreto incluirá la creación y regulación de la figura del gestor de recarga energética para impulsar el uso del vehículo eléctrico.
También se adoptarán medidas para que las eléctricas puedan financiar y titulizar los déficit de tarifa coyunturales.
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