El Congreso de los Diputados aprobó este jueves, con los votos a favor del PSOE y los nacionalistas catalanes, vascos y canarios, la prórroga por un mes del estado de alarma decretado por el Gobierno ante el plante de los controladores aéreos. El PP se abstuvo.
La prórroga de la medida dictada por el Gobierno el pasado 4 de diciembre (por primera vez en 35 años de democracia) se aprobó con 180 votos a favor (de socialistas, PNV, CiU y Coalición Canaria), cinco en contra y 131 abstenciones de diputados populares.
Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, explicó que sigue habiendo incertidumbres sobre las intenciones de los controladores y que el Ejecutivo quiere evitar el riesgo de otro plante durante las Navidades.
"La prórroga significa que algo más de 2.000 controladores están movilizados para que 47 millones de españoles no vean perturbados su derechos, la economía no se vea afectada y España cumpla sus compromisos internacionales en el tráfico aéreo", explicó Jáuregui.
La víspera, los controladores aseguraron por escrito que se comprometían a no hacer huelga durante las fiestas navideñas. Pero el ministro de Fomento, José Blanco, puso en duda ese compromiso. El estado de alarma (diferente a los estados de excepción y de sitio) está recogido en la Constitución y regulado por una ley de 1981, para eventualidades como "accidentes de gran magnitud", "crisis sanitarias", "paralización de servicios públicos esenciales" o "situaciones de desabastecimiento".
Los controladores iniciaron una huelga salvaje sin previo aviso en la tarde del pasado viernes 3 de diciembre, justo al inicio de los cinco días del puente de la Constitución.
Por la noche, el Gobierno puso el tráfico aéreo en manos del Ejército. Y, el sábado a mediodía, decretó el estado de alarma. Los controladores quedaron "movilizados", esto es, bajo la autoridad militar.
Comenzaron a volver progresivamente a sus puestos de trabajo y el espacio aéreo español se reabrió, tras casi 24 horas cerrado. Los vuelos se reanudaron con mucha lentitud.
El episodio culminó un conflicto de varios meses entre los 2.300 controladores aéreos españoles y el Gobierno, que quiere limitar las ventajas de las que goza esa profesión, con salarios que promedian los 200.000 euros anuales (los más altos de Europa) y un sistema muy ventajoso de horas extras.
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