El Pleno del Congreso va a arrancar el año debatiendo sobre la conveniencia de endurecer el régimen de incompatibilidades al que están sujetos miembros del Ejecutivo, diputados, senadores y otros cargos públicos, incluidos los ex presidente del Gobierno. El PSOE y el PP votarán en contra de eliminar ese sueldo de por vida y sustituirlo.
Lo hará el próximo martes de la mano de IU-ICV que, coincidiendo con la polémica por el fichaje por parte de sendas eléctricas de Felipe González y José María Aznar, ha decidido someter a debate una proposición de ley que registró a finales de 2008.
En concreto, el Pleno tendrá que decidir si toma en consideración la reforma que propone IU-ICV y que afecta tanto a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) como a la que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado.
Sistema de incompatibilidades
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha justificado la necesidad de reformar el actual sistema de incompatibilidades, alegando que, pese a que ya es "austero y transparente" es oportuno hacerlo "más ambicioso" para evitar con mayor eficacia que entren en colisión lo público y lo privado y se creen situaciones que crean "alarma social" como que un ex presidente del Gobierno pueda compatibilizar su pensión vitalicia con un sueldo proveniente del sector privado.
La iniciativa de IU-ICV persigue limitar las indemnizaciones que reciben los miembros del Gobierno y otros altos cargos -presidentes del Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de Estado, fiscal general del Estado, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo- cuando dejan de serlo.
La idea es instituir una indemnización mensual -igual a la doceava parte del 60 por ciento del total de retribuciones asignadas a cada cargo- que se cobre por un máximo de dos años y que nunca supere el sueldo del presidente del Gobierno. Además, esa pensión será incompatible con cualquier otra retribución pública, las que se perciban por pertenecer a la dirección de un partido político o por el desempeño de "cargos directivos o de gestión en empresas privatizadas".
En lo que se refiere a los parlamentarios, IU-ICV recuerda que, según datos de la Comisión del Estatuto del Diputado, el 88 por ciento de sus señorías realizan actividades en el ámbito privado ajenas a la Cámara Baja, pese a que deberían dedicarse "en exclusiva" a la labor parlamentaria.
No cobrar fuera de las Cortes
Su intención es que la ley deje claro que tener un escaño es incompatible por el desempeño por sí o mediante sustitución de cualquier otro puesto, cargo o actividad pública o privada retribuida mediante sueldo, arancel o cualquier otra forma.
Incluso se busca declarar incompatibles con la tarea de parlamentario las funciones de dirección, representación, asesoría o prestación de servicios de cualquier tipo a entidades privadas que impliquen colisión con las funciones legislativas, independientemente de si se cobra o no por ellas.
También plantean que los parlamentarios y altos cargos no puedan tener participaciones superiores al 10 por ciento en actividades empresariales o profesionales que contraten con el sector público y que se prohíba a los altos cargos poseer más de un 10 por ciento de participación en empresas que tengan conciertos o contratos con compañías privatizadas hace menos de diez años.
Conflicto de intereses
Con esta modificación se pretende evitar que haya parlamentarios que legislen o altos cargos del Gobierno que decidan sobre determinadas materias a la vez que cobran, directa o indirectamente, de la empresa privada por labores de asesoría en las mismas materias.
Para velar por el cumplimiento de la nueva norma, se propone reforzar la Oficina de Conflictos de Intereses, el órgano encargado de vigilar el estricto cumplimiento del régimen de incompatibilidades e instruir los correspondientes expedientes sancionadores.
Las sanciones que en su caso afecten a miembros del Gobierno o secretarios de Estado corresponderán al Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Administraciones Públicas, si afectan a los parlamentarios, correrán a cargo de la Comisión del Estatuto del Diputado o de la de Incompatibilidades del Senado.
El texto de IU-ICV también busca someter a criterios de transparencia la relación que mantienen los poderes legislativo y ejecutivo con los grupos de presión o 'lobbies' y da seis meses al Gobierno para presentar un proyecto de ley sobre esta materia.
Aznar asesor de Endesa
